jueves, 2 de mayo de 2013

¿Monarquía o República? / Torcuato Labella

De vez en cuando en cuando se reaviva en España el debate sobre si debemos seguir con una monarquía o nos convine más una república. Dentro de los partidarios de la república, concretamente, los socialistas, algunos lo son de una de corte federal. La polémica es especialmente vivaz en los artículos de opinión y en las tertulias radiofónicas y televisivas cuando se acerca el 14 de abril, como ha pasado estos días atrás.
 
Vamos a analizar ahora el régimen político español.

Está establecido en España un sistema político en el que el Estado está articulado sobre la base de una monarquía constitucional. El rey encarna la figura de jefe del Estado. El territorio está dividido en una serie de autonomías, cada una de ellas, con sus parlamento, gobierno y estatuto cuyo articulado puede diferir sustancialmente de uno a otro. Dentro de estas autonomías hay dos, Euskadi (como se llama en batúa) y Navarra, que tienen un régimen especial, cuya mayor diferencia con las otras es que recaudan los impuestos de sus ciudadanos y mediante un pacto con el Estado, que se renueva periódicamente, le entregan una parte de lo recaudado, quedándose con el resto del que disponen libremente.

Bueno, vamos a ver cómo es la cosa en la práctica. La realidad es que el rey como jefe del Estado, además de la representación del cargo, sólo tiene una función evidente y de la que sólo ha hecho uso en una marcada ocasión: la de jefe de las Fuerzas Armadas. El resto de las funciones que detentan las jefaturas del estado en otros países, las tiene aquí el presidente del Gobierno. Las autonomías, por otra parte, asumen competencias trascendentales, como son la sanidad y la educación y dos de ellas, también la de hacienda. Las competencias autonómicas vigentes en España ya la quisieran tener en algunos de los estados federales que existen en el mundo.

Por lo tanto en la práctica el régimen político que tenemos en España es el de una república coronada, cuyo jefe del estado lo es también del gobierno (exceptuando los cargos simbólicos de representación y de jefe de las Fuerzas Armadas, que lo asume el rey). Esta república es confederal, puesto que las autonomías tienen competencias propias de estados federados. Y digo confederal, porque no todas las autonomías, y por ende sus ciudadanos; tienen las mismas obligaciones y derechos con el Estado central.

Dicho esto, suponiendo que desde la monarquía actual pasáramos a una república confederal, ¿en qué cambiaría la cosa? Pues solamente en que cada tiempo (cuatro, seis años…) habría una elecciones para nombrar a un presidente de la república de entre los ciudadanos. Por ejemplo, en vez de tener a Juan Carlos, podríamos tener a D. Cayo Lara (por hablar de uno de izquierdas) o a Doña Celia Villalobos (por poner a una de derechas). ¡Ah!, las autonomías seguirían más o menos igual pero las llamaríamos estados. También posiblemente, cosa que no está clara, cambiaríamos el escudo y la bandera por la tricolor si nos decidíamos por recuperar la de la II República, puesto que hay que recordar que durante la I República siguió vigente la rojigualda.

Yo siempre he dicho que intelectualmente es difícil que uno sea monárquico, porque por poco que se piense parece cuando menos disparatado que secularmente provengan de una misma familia los jefes de Estado.

Ahora vamos a lo práctico. Analizadas las cosas desde un punto de vista particular, parece que Juan Carlos es un hombre que mantiene estrechos contactos personales con muchos de los personajes importantes del mundo, desde los financieros, hasta los monarcas musulmanes, lo que según se dice ha sido capital en muchas ocasiones para que las más importantes empresas españolas obtengan monumentales contratas en el extranjero. Es de suponer que su hijo Felipe conserve y aumente estas relaciones. Por otra parte, dicen los entendidos que la monarquía nos sale mucha más barata que una presidencia de la república que cambiara periódicamente.

Y desde el punto de vista general, analizada la historia de España, parece que en los dos casos en que nos hemos regido por una república la cosa no ha ido todo lo bien que se hubiera deseado.

Así que siendo pragmáticos, y aunque no se sea monárquico desde el punto de vista intelectual o cardiaco, parece que lo más adecuado, al menos en los tiempos que corren, es seguir con nuestra particular república confederal coronada, llamada oficialmente monarquía constitucional del Estado de las autonomías.

El declive de la Monarquía / Bonifacio de la Cuadra

La Monarquía parlamentaria que la Constitución de 1978 estableció como “forma política del Estado español” ha entrado, 35 años después, en un indisimulable declive. El mero transcurso del tiempo opera contra una institución carente de justificación democrática originaria, más aún si durante ese periodo va perdiendo fuerza la explicación de que se implantó para salvar la coyuntura histórica del posfranquismo. A la vez, las miserias de la Corona -como estructura de poder asentada en torno a una familia y a las conductas personales de sus miembros, nunca elegibles- afloran ante el pueblo español, en el que se residencia la soberanía nacional, según la misma Constitución.

La participación esencial de don Juan Carlos en el establecimiento de una democracia parangonable con las de otros países de nuestro entorno permite entender el precio político pagado al monarca al situarle en la cúpula simbólica del Estado, tras haber renunciado a los poderes absolutos que Franco depositó en su persona. La izquierda prorrepublicana entendió entonces —más explícitamente el PCE, con mayores subterfugios el PSOE— que la dialéctica política inmediata no era Monarquía / República, sino dictadura / democracia.
Durante el proceso constituyente hubo un intento de la Casa Real, según reveló años después quien fue jefe de la misma, Sabino Fernández Campo, para que el Rey asumiera algunas atribuciones de las que disponían otros monarcas. En concreto, se pretendió que el Rey pudiera devolver al Parlamento una ley presentada para su sanción, si no estaba conforme con ella; que pudiera convocar por sí mismo un referéndum, y que constituyera y dispusiera de un Consejo Privado. Por su parte, la derecha franquista intentó configurar una “dictadura coronada”, mediante propuestas, como la del exministro Laureano López Rodó, de atribuir al Rey poderes especiales para casos de “emergencia”, o la del almirante Marcial Gamboa, de otorgar al monarca la facultad de disolver las Cortes “en circunstancias excepcionales o por motivos de excepcional gravedad para los intereses nacionales”.

Tales propuestas fracasaron, pero también el empeño del republicano catalán Heribert Barrera de alejar la Corona “lo más posible”, dijo, “del poder personal”, y de ese “tufillo anacrónico” ligado “a una concepción aristocrática de la sociedad y del Estado”. Tampoco prosperó su enmienda para que las Cortes Generales, una vez extinguidas las líneas llamadas a la sucesión en el Trono, propusieran “una fórmula para proveer a la jefatura del Estado, la cual deberá ser sometida a referéndum popular”. Se aprobó, en cambio, que en ese supuesto, “las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España”.

La Monarquía quedó así configurada de manera que cumplía los requisitos mínimos de sometimiento a la soberanía popular y al Parlamento, si bien en el Título II, De la Corona, prevaleció el criterio de la Zarzuela de mantener la tradicional y anacrónica preferencia del varón en la sucesión y la exclusión del heredero que contrajera matrimonio contra la prohibición del Rey. Se aprobó también que corresponde al Rey “el mando supremo de las fuerzas armadas” y que recibe de los Presupuestos del Estado “una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”. Ahora que se habla de someter a la Casa Real a normas de transparencia acordes con su financiación pública, conviene recordar que en el inicial borrador de la Constitución se establecía que la cantidad recibida de los Presupuestos estaría “libre de gravamen”.

El declive actual de la Monarquía guarda relación con que el papel desempeñado por don Juan Carlos durante la Transición, en aras del cual se incrustó una institución como la Corona, ajena a la democracia, en la Constitución que enterraba a la dictadura, no tiene ahora aquella justificación que permitió la incorporación de la izquierda al consenso político e impidió que prosperara el 23-F. A los constituyentes no se les ocurrió calcular un periodo aproximado de utilidad de la Monarquía para la causa democrática y, por el contrario, incluyeron el Título II, De la Corona, entre los de más difícil reforma. La realidad es que la Monarquía, concluida aquella etapa, continua por inercia en la Constitución, y que las generaciones que no vivieron ni entienden ni necesitan ya la Transición están legítimamente empeñadas en sustituirla por la República.

Don Juan Carlos se aferra a aquel papel histórico que protagonizó y que no protege a don Felipe, con una gran preparación, pero ajeno generacionalmente a aquel servicio de su padre a la democracia. Si el príncipe Felipe llega a reinar, tendrá que demostrar su utilidad actual frente a la República, sin que ni siquiera una conducta ejemplar garantice su continuidad en el Trono.

El Rey parece dispuesto a aceptar los retoques que los grandes partidos consideren necesarios para lavar la cara de una institución bien evaluada por la mayoría de los españoles durante las últimas décadas, pero que ahora hace agua por los cuatro costados y registra un nivel de aceptación popular minoritario. Incluso en el caso de que los escándalos cesaran y la Casa Real tratara de adaptarse a los usos democráticos, el declive de la Monarquía parece imparable.

http://elpais.com/elpais/2013/04/22/opinion/1366658154_197695.html

El juez ve "innecesario" retirar el pasaporte del Duque por sus vínculos familiares en España

PALMA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro, considera "innecesaria" la retirada del pasaporte del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al aseverar que el imputado cuenta con vínculos familiares "muy próximos" en España, de los que se infiere la ausencia de un riesgo de fuga en el hipotético caso de que finalmente se trasladase a Qatar como segundo entrenador de la Selección nacional de balonmano.

   Mediante un auto dictado este jueves el magistrado asevera en cualquier caso que el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, del que es titular, no tiene constancia alguna a nivel oficial de que efectivamente ésa sea la pretensión de Urdangarin, si bien incide en que, de ser así, lo sería con fines "estrictamente laborales".
   Desestimando de este modo la petición cursada por el sindicato Manos Limpias de que le fuera impuesta al Duque la anterior medida cautelar con el objetivo de evitar que eluda la acción de la justicia, el juez recalca que, desde que ésta fue solicitada, "sobrado tiempo ha tenido [Urdangarin] para trasladarse a dicho país al no pesar sobre aquél ninguna limitación a su libre deambular, que bien pudo hacer efectiva con la sola exigencia legal de participar a este Juzgado su cambio de domicilio".
   Es más, el instructor destaca cómo el marido de la Infanta Cristina, conocedor de la existencia de un procedimiento judicial en el que previsiblemente sería citado a declarar en calidad de imputado, "lejos de situarse fuera del alcance de la Justicia, lo que quizá no le hubiera resultado muy difícil dada su economía y contactos en muy diversos lugares del mundo, compareció ante este Juzgado en las dos ocasiones en las que se le citó".
   Cabe señalar que la Fiscalía Anticorrupción ya se opuso a la solicitud de la acusación popular a través de un escrito en el que aseveraba cómo en estos casi tres años de instrucción no se ha apreciado un riesgo de sustracción de la justicia al tiempo que el Duque ha acudido a los llamamientos judiciales en los que ha sido requerido.
   En su escrito, el fiscal Pedro Horrach alegaba asimismo que el arraigo personal, familiar y social de Urdangarin es "notorio", al tiempo que recalcaba que no ha presentado ante el Juzgado notificación alguna de cambio de domicilio por parte del marido de la Infanta Cristina. 
Finalmente, Horrach aseveraba que Urdangarin tiene asignada de forma permanente escolta policial, lo que supone "un plus de garantía" ante la probabilidad de que eluda la actuación judicial.
   En su petición de retirada de pasaporte, Manos Limpias auguraba que el Duque podría "ocultar" sus verdaderos domicilios para "imposibilitar su localización" en caso de que finalmente se trasladase a Qatar como segundo entrenador de la Selección nacional de balonmano. Un hecho que para la entidad no supone "un riesgo de fuga, sino una fuga en sí misma".
   La acusación popular solicitaba como medida cautelar la retirada del pasaporte del marido de Urdangarin o, de forma alternativa, la comparecencia semanal del Duque ante el Consulado de Qatar en Doha.