MADRID.- Un mes y nueve días después de haber heredado el trono, Felipe VI
empieza a tomar decisiones que afectarán al funcionamiento de la Casa
Real. La Zarzuela ha anunciado su intención de someter las cuentas
de la institución a una auditoría externa de la Intervención General del
Estado (hasta ahora sólo había controles internos) y de hacerla pública
cada año a partir del próximo ejercicio.
Es sólo uno de los "gestos" que, según fuentes de la Casa del Rey, se
pondrán en marcha antes de que acabe el año. Además del régimen de
incompatibilidades que ya afecta a los altos cargos y a todo el personal
al servicio de las administraciones públicas, el Rey quiere aprobar un
Código de Buen Gobierno, similar al que tienen las entidades públicas,
pero adaptados a las singularidades de la institución monárquica.
Habrá también un régimen jurídico que establezca qué regalos pueden
recibir los miembros de la Familia Real, que, además, sólo podrán
dedicarse en exclusiva a actividades de naturaleza institucional.
En estos momentos, esa limitación tiene pocos efectos prácticos
porque la Familia Real se reduce ahora a los propios Reyes, don Felipe y
doña Letizia, a don Juan Carlos y doña Sofía, a la princesa de
Asturias, doña Leonor y a la infanta Sofía. Pero tiene su valor
simbólico al calor del escándalo del caso Nóos en el que están imputados
los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.
Cabe recordar que hasta que acabe el año, pues las cuentas se
aprueban anualmente, don Felipe seguirá cobrando lo que cobraba cuando
era Príncipe de Asturias, 146.376 euros brutos anuales; mientras que don
Juan Carlos recibirá hasta entonces 292.752 euros brutos al año.
Felipe VI ha tratado de dar respuesta, en todo caso, a muchas de esas
cuestiones que alimentan la desconfianza de los ciudadanos en las
instituciones y de la que tampoco escapó su padre, Juan Carlos de
Borbón. Es un intento de dotar, siquiera parcialmente, de contenido, las
palabras que pronunció en su discurso de proclamación ante las Cortes.
"Que la ejemplaridad presida la vida pública, con el Rey a la cabeza",
dijo entonces.
Don Felipe quiere también que antes del 31 de diciembre la Casa Real
firme un convenio con la Abogacía General del Estado para que sea esta
la que, a partir de ahora, le asesore jurídicamente de manera ordinaria.
La Abogacía ha asesorado hasta ahora a la Monarquía de manera
esporádica, en situaciones concretas, pero en múltiples ocasiones don
Juan Carlos recurrió a despachos de abogados privados.
Hay también intención de firmar un convenio con la secretaria de
Estado de Comercio para regular y "atender debidamente las funciones
representativas" en la promoción de los intereses económicos de España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario