MADRID.- La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial", después de que la Audiencia de Palma haya decidido mantener la imputación de la Infanta Cristina por delito fiscal en el marco de la instrucción del Caso Nóos, en el que está implicado su esposo, Iñaki Urdangarin.
Esta
ha sido la única reacción de Zarzuela, facilitada esta tarde a través
de un portavoz, a la imputación de la hermana del Rey, que desde la
abdicación de su padre, Juan Carlos I, y la proclamación de Felipe VI,
ya no forma parte de la Familia Real.
Sobre la posibilidad de que la hija menor de don Juan Carlos deba o no renunciar a sus derechos dinásticos,
la Casa Real se limita a recordar, en consonancia con la posición
expuesta hoy por el Gobierno, que se trata de una "decisión personal" de
doña Cristina.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría trasladó esta mañana el respeto del Ejecutivo a las
decisiones y procedimientos judiciales, y añadió: "Tampoco nos
corresponde a nosotros valorar las decisiones personales que se puedan
adoptar", en relación a la posible renuncia de los derechos dinásticos.
La
infanta Cristina, que desde el verano de 2013 reside en Ginebra junto a
su familia, al no formar parte de la Familia Real, no participa en
ninguno de los actos oficiales programados desde Zarzuela ni percibe
asignación alguna de la Casa del Rey.
La posición manifestada por la Casa Real
respecto al mantenimiento de su imputación no difiere mucho de los
últimos pronunciamientos hechos desde la institución en varios momentos
del procedimiento judicial abierto por el juez José Castro por el
llamado Caso Nóos, tanto con Juan Carlos I como con Felipe VI en la
Jefatura del Estado.
Sí fue diferente el del 3 de abril de 2013,
cuando la infanta fue imputada y citada a declarar al apreciar el
instructor indicios sobre un hipotético consentimiento para que su
parentesco con el Rey fuera usado por su esposo y su socio, Diego
Torres, en presuntas actividades ilegales del instituto Nóos.
Tras conocer "por los medios de comunicación" el auto de imputación y "con el máximo respeto por las decisiones judiciales",
la Casa del Rey manifestó mediante un portavoz "su sorpresa por el
cambio de posición" del titular del juzgado de instrucción nº 3 de
Palma de Mallorca.
Al mismo tiempo, expresó "su absoluta
conformidad con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de
recurrir este auto, en su posición procesal de imparcialidad y defensa
de la legalidad".
Sin embargo, cuando un mes después, el 7 de mayo
de 2013, la Audiencia de Palma levantó la imputación, la Casa del Rey
expresó su "máximo respeto" ante la decisión de dejar sin efecto la
citación.
En aquella ocasión, el portavoz de Zarzuela hizo llegar a
la opinión pública el "máximo respeto" de la institución "por las
decisiones judiciales".
Ese mismo "respeto a las decisiones
judiciales" fue la escueta fórmula que se repitió meses más tarde, el 7
de enero de 2014, cuando la hija del Rey Juan Carlos fue imputada nuevamente por el juez Castro.
El
instructor la citó a declarar como imputada por presuntos delitos de
fraude fiscal y blanqueo de capitales, según argumentó en un auto de 227
páginas en el marco del proceso sobre las presuntas actividades
ilícitas del Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarin.
La
infanta Cristina decidió no recurrir la citación judicial, y el 11 de
enero la Casa Real se pronunció nuevamente para valorar "muy
positivamente" que así lo hiciera.
Finalmente, el 8 de febrero declaró como imputada en el juzgado de instrucción número 3 de Palma, sin que hubiera comentario alguno desde el Palacio de la Zarzuela al respecto.
El
pasado 25 de junio, pocos días después de la proclamación de Felipe VI,
el instructor dio por concluida la fase de investigación del Caso Nóos
con un auto de 167 páginas en el que mantenía la imputación de doña
Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de dinero.
Al igual que ha ocurrido hoy, la Casa del Rey mostró entonces su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
La
infanta Cristina vive en Ginebra junto a su esposo, Iñaki Urdangarin, y
sus cuatro hijos, y allí trabaja como coordinadora de los programas de
la Fundación "La Caixa" con agencias de la ONU.
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