PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3
de Palma, José Castro, pondrá fin a la instrucción del caso Nóos pasada
la Semana Santa, previsiblemente a partir de finales de abril, y lo
hará a través de una resolución -conocida como auto de pase a
procedimiento abreviado- en la que decidirá si mantiene la imputación de
la Infanta Cristina como primer paso para que pueda sentarse en el
banquillo de los acusados, según han señalado fuentes jurídicas.
El magistrado encara de este modo la recta final de unas
investigaciones que dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en
el marco del caso Palma Arena, y que estallaron en noviembre de 2011 con
el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a
través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres
se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las
Administraciones públicas.
En concreto, el juez, quien desde hace semanas permanece
trabajando en la elaboración de un extenso auto con el que cerrará la
instrucción -siempre que no aparezcan nuevos elementos que alteren el
curso de las pesquisas-, se encuentra pendiente tan sólo de las
declaraciones de hasta quince testigos fijadas para este viernes y
sábado en Valencia, de la que resta por efectuar por escrito el
expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y de que la
Audiencia Provincial de Baleares decida si Urdangarin, Torres y la mujer
de éste son imputados por presunto blanqueo de capitales.
Respecto a esta última diligencia, el tribunal de la Sección
Segunda debe resolver el recurso de apelación interpuesto por el
sindicato Manos Limpias para pedir que los tres encausados sean citados
de nuevo a declarar ante Castro, en esta ocasión por la supuesta
comisión del anterior delito. Por el momento, el recurso de la acusación
popular aún no ha sido registrado en la Audiencia para su resolución.
Pese a que esta impugnación no tiene carácter suspensivo -el juez
podría concluir las investigaciones sin que la Audiencia haya decidido
sobre ella-, Castro esperará a que el tribunal falle en torno a la
solicitud de Manos Limpias, que sostiene cómo Urdangarin, Torres y Ana
María Tejeiro incurrieron en un delito de blanqueo por cuanto los tres
imputados se lucraron "en su propio beneficio" del dinero que de forma
ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del
Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su
entramado empresarial.
Una vez culminadas estas diligencias, el juez dictará finalmente
el auto de transformación a procedimiento abreviado, contra el que cabrá
tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación
-directamente ante la Audiencia-. En él determinará contra quiénes de la
treintena de imputados de la causa, entre los que se encuentra la hija
del Rey Don Juan Carlos, hay base suficiente para que puedan ser
acusados y finalmente se sienten en el banquillo.
Así, con esta resolución dará paso a la Fiscalía Anticorrupción y
al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad
Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los
concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su
escrito de calificación provisional en el que determinarán
definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos,
además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a
través de un auto que ya no será recurrible.
En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla
solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien
acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad
documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales. La pena
concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres,
los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las
Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio
oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su
caso le será atribuido un solo delito fiscal.
Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que
la Infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados,
responda civilmente -a título lucrativo- de los fondos supuestamente
defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos
son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del
entramado Nóos.
De hecho, el artículo 122 del Código Penal establece que "el que
por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o
falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del
daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido
considerado responsable criminal de los hechos investigados. El fiscal
se amparará en este precepto para solicitar a la Infanta la fianza de
responsabilidad civil.
Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo
lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares, puso la lupa
sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial
encabezado por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el
marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos
de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación
de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en
Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3
millones de euros públicos.
Sin embargo, ya a principios de 2006 el diputado socialista Antoni
Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el destino que dio Nóos
a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de Matas por el foro
sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes en Palma. Nada hacía
presagiar que de la supuesta defraudación investigada en el marco de
estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en
torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto
apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.
El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas,
entre otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear
dio realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre
quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron
de las arcas públicas.
Junto a los denominados Illes Balears Forum y Valencia Summit
adjudicados a Nóos por hasta 2,3 y 3,6 millones de euros,
respectivamente, en manos de Castro también se encuentran
investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en
el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al
arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción
del velódromo Palma Arena.
El magistrado, cuyo Juzgado aglutina varias de las principales
causas de corrupción política y económica que se instruyen en Baleares,
ha tenido ante sí, a lo largo de interrogatorios que se han prolongado
hasta durante tres días, al expresidente del Govern Jaume Matas, a
varios de sus exconsellers, a Santiago Calatrava, a la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, al asesor externo de la Casa Real y Conde de
Fontao, José Manuel Romero, al secretario personal de las Infantas,
Carlos García Revenga y, en dos ocasiones, a Iñaki Urdangarin. El pasado
8 de febrero fue el turno de la Infanta Cristina tras haber acordado
por segunda vez su imputación.