PALMA DE MALLORCA.- El juez José Castro sigue
convencido de que no hay argumentos para sacar de esta causa a la
Infanta Cristina y, por tanto, continúa dispuesto a sentar en el
banquillo de los acusados a la hija menor del Rey por mucho que la
Fiscalía y Hacienda se nieguen a acusarla.
Todas las fuentes consultadas
apuntan a que el titular del Juzgado nº3 de Palma de Mallorca está a
punto de poner punto y final la instrucción que comenzó en noviembre de
2011 y ya trabaja en la redacción de un auto de transformación en
procedimiento abreviado en el que seguirá figurando el nombre de
Cristina Federica de Borbón y Grecia.
La declaración de la duquesa de Palma el pasado 8
de febrero, en la que se parapetó en decenas de evasivas para no
responder a las preguntas más espinosas del magistrado, no ha hecho más
que reafirmar la intención de Castro de mantenerla como imputada. La
mujer de Iñaki Urdangarin aparentemente fue una roca en la mayoría de
sus contestaciones.
Cristina de Borbón, y ahí va a ser estar la clave
para mantener su imputación, admitió, al menos en dos ocasiones, saber
que Aizoon, la inmobiliaria fantasma del matrimonio que no tenía
actividad alguna y sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un
millón de euros de dinero público, en realidad fue una sociedad que se
creó para camuflar y tributar a un tipo menor el impuesto de sociedades
el sueldo que su esposo recibía por el asesoramiento a firmas
multinacionales, remuneración que tenía que haber declarado en su IRPF.
La hija menor de Don Juan Carlos y Doña Sofía, a preguntas del juez,
dijo que su marido creó «Aizoon para canalizar sus ingresos
profesionales». O sea, para facturar a la compañía «los trabajos
profesionales que él realizaba en esa época de asesoramiento,
consultoría, eventos deportivos y actos de alto nivel científico
deportivo, siempre de carácter deportivo».
Con estos mimbres, el magistrado está convencido
de poder sostener una acusación contra Cristina de Borbón como cómplice o
colaboradora necesaria en dos de los tres delitos fiscales que
Anticorrupción y la Agencia Tributaria imputan a Urdangarin, los que
cometió por su IRPF en 2007 y 2008. O lo que es lo mismo, considerar a
la Infanta elemento imprescindible en el engranaje que construyó su
marido para defraudar a través de Aizoon.
Según Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453
euros y en 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de
la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del
alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000
euros. El dinero que entraba en la empresa, siempre de acuerdo a la
Agencia Tributaria, era en realidad el sueldo que Urdangarin recibía
como consejero de las empresas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta
África, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde. Y, sin
embargo, Urdangarin, pero también su socia de Aizoon, según la tesis de
Castro, endosaron esos ingresos a la inmobiliaria para pagar menos
impuestos. Todo ello a sabiendas de que en realidad eran «servicios» que
prestaba Urdangarin a empresa con «carácter personalísimo».
La idea de Castro de acusar a Cristina de Borbón
como cómplice de los dos delitos fiscales de su esposo está «muy
reflexionada», explican fuentes cercanas a la investigación. Imputarle
como «cooperación necesaria» en los otros ilícitos a los que se enfrenta
Urdangarin, malversación, prevaricación o fraude a la Administración,
era una posibilidad que ya descartó la Audiencia Provincial de Palma en
la primavera de 2013, cuando suspendió la primera declaración de
Cristina de Borbón.
Entonces, la Audiencia señaló a Castro la
posibilidad de seguir investigando a la hija de los Reyes por delito
fiscal o blanqueo. Sin embargo, el instructor es consciente de que en
España es casi imposible imputar un ilícito fiscal sin que la Agencia
Tributaria -en última instancia, la víctima de ese delito- o la Fiscalía
acusen. Castro está dispuesto a que Anticorrupción o Hacienda le digan,
basándose en sus criterios técnicos, dónde o no hay delito, pero lo que
no está por aceptar es que le digan en su propio sumario quién o
quiénes han coadyuvado en ese ilícito.
Aún así el camino hasta el banquillo es largo. A
Castro, una vez terminados los interrogatorios de los testigos de
Valencia y a expensas del nuevo interrogatorio de Francisco Camps, solo
le falta que la Audiencia Provincial resuelva el recurso sobre la
posible imputación por blanqueo de Urdangarin y Diego Torres.
Luego,
probablemente después de Semana Santa, dictará el auto de transformación
en procedimiento abreviado, contra el que cabrá tanto recurso de
reforma ante el propio instructor o de apelación ante la Audiencia. En
ese documento, el juez determinará quiénes de la treintena de imputados
de la causa, entre los que quiere incluir a la Infanta, deben sentarse
en el banquillo.
El auto de transformación va a ser recurrido, casi
sin género de dudas, por varias partes personadas, empezando por la
propia defensa de la Infanta y siguiendo por la Fiscalía Anticorrupción,
Así que, con toda probabilidad, será la Audiencia Provincial de Palma
la que decida si Cristina de Borbón termina convirtiéndose en el primer
miembro de la familia real en el banquillo.
