Alfonso Guerra: "Es ingrato mandar al Rey al basurero por cazar un elefante"

SEVILLA.- Cuando Alfonso Guerra (Sevilla, 1940), llegó a la vicepresidencia del Gobierno en 1982, España era, en su opinión, un país gris tras 40 años de dictadura que él se propuso cambiar para que no la reconociera ni la madre que la parió. "Y lo logramos", asegura este destacado protagonista de la Transición que fue también vicesecretario general del PSOE desde 1979 hasta 1997.

Culto, estoico y enamorado de su ciudad, Guerra acude a esta entrevista con Epipress acompañado de un par de amigos de toda la vida, compañeros con los que luchó contra el franquismo antes de tomar la alternativa en política junto a Felipe González, otro amigo de juventud que no le entendió cuando quiso mover al PSOE a "posiciones más tibias".

La bruma gris regresa ahora a la España del siglo XXI azotada por la crisis económica y sobre todo por los independentismos, advierte al comparar sin tapujos a Carles Puigdemont con el golpista Antonio Tejero y al ironizar con las proclamas éticas de Jordi Pujol cuando ya tenía en sus cuentas el dinero robado a los catalanes.

A Alfonso Guerra, un voraz lector que disfruta ahora de "Mil y una muertes" de Sergio Ramírez, no le ha llegado aún la brisa fresca de los nuevos partidos, aunque palpa más sentido común en el discurso de Ciudadanos que en el de Podemos. "Los españoles echarán de menos el bipartidismo", vaticina este lúcido "dinosaurio" que ve espantado como se ha querido enviar al basurero histórico al Rey Juan Carlos I por haber ido a cazar un elefante a Botsuana olvidando que en 1981 frenó un golpe de Estado "que pudo tener consecuencias terribles" para este país.

Pregunta: ¿A qué se dedica ahora, don Alfonso?

Respuesta: A preocuparme por los derechos de la gente y de las personas cercanas. Doy conferencias, estudio y escribo.
P:¿Cómo ve usted la España de hoy?

R: La situación es compleja. España fue durante dos siglos un polvorín de enfrentamientos internos por la decadencia que se originó a partir del siglo XVI. En 1978 se recuperó la democracia y todos nos pusimos de acuerdo para salir de esa decadencia y buscar la prosperidad del país. Se logró pero últimamente todo ese consenso se ha venido abajo.

P: ¿Por qué?

R: La crisis económica de 2007 ha rebajado la calidad de la democracia. Esa crisis ha sido utilizada para reducir los derechos conquistados. Al mismo tiempo se está produciendo un proceso de desintegración impulsado por fuerzas políticas que pretenden el secesionismo no solo en Cataluña sino también en el País Vasco y hasta en Baleares. Pero además hay otros dos problemas a largo plazo de los que no se ocupa nadie.
P:¿Cuáles son esos dos problemas?

R: Hay un grave problema demográfico porque no tenemos población y otro de desertización que ya se ve claramente en el sur y será gravísimo en el futuro. De todas formas, España es muy fuerte. Ya decía Bismarck que es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevan siglos intentando destruirlo y aún no lo han conseguido. En el siglo I un historiador de la Galia escribió sobre los españoles y dijo que era gente muy aguerrida que luchaba por todo y cuando no encontraba al enemigo fuera lo buscaba dentro.
P: ¿En qué ha quedado aquella pasada por la izquierda que usted decía que necesitaba este país cuando gobernaba UCD?

R: Dejó un legado muy importante. La España de 1992 no se parecía en nada a la de 1977. A otros países les costó hasta 100 años lograr el progreso que nosotros conseguimos en muy poco tiempo. Estoy muy orgulloso sobre todo de la equiparación que se hizo de la España rural y la urbana.

P:Así que ha visto satisfactoriamente cumplido su vaticinio de que con ustedes a España no la iba a conocer ni la madre que la parió.

R: Sí, las cosas empezaron a complicarse en 1996 con la llegada de la derecha al poder y ahora atravesamos una situación muy complicada.
P: ¿Por qué se ha convertido Cataluña en nuestro principal problema de hoy? ¿Qué se ha hecho tan mal?

R:Lo han hecho mal los nacionalistas independentistas. Cuando alguien comete un crimen no se le puede echar la culpa al vecino. Otra cosa es que hayan faltado elementos para evitar este problema.
P:¿Qué elementos echa en falta?

R: La Constitución carece de una cláusula de intangibilidad que sí tienen otras cartas magnas. Con esta cláusula se hubiese evitado que un grupo político nacionalista de Cataluña decidiese dar un golpe de Estado contra la Constitución. No tenemos instrumentos políticos para frenar estos actos pero afortunadamente la Justicia está haciendo su labor. No es la primera vez que los nacionalistas catalanes hacen esto. Lo intentaron en 1873, en 1931, en 1934 y ahora.
P: Pero PP y PSOE no han dudado en pactar con ellos en cuanto los han necesitado.

R: Y deberíamos estar más que escarmentados y desconfiar de ellos. Lo curioso es que ahora pretenden separarse del resto de España para enterrar las fechorías que han cometido. Esos que clamaban que España les robaba eran precisamente los que robaban a los catalanes.
P: Parece que el PNV no quiere quedarse atrás y reclama su derecho a decidir en una clara deriva soberanista. ¿Existe el riesgo de que el País Vasco siga la senda del independentismo catalán después del fracaso de Ibarretxe?

R: El riesgo existe. Afortunadamente el plan Ibarretxe fue despachado como debió de haberse despachado el catalán: en el Congreso. Los vascos lo hacen con más prudencia pero ese virus independentista se extiende y lo vemos ahora en Baleares que impulsa un nacionalismo identitario.
P: El presidente Urkullu gobierna con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi. ¿No son el PSOE y el PP los que les vienen dando alas a los nacionalistas durante toda la Transición?

R: La responsabilidad, insisto, es de los independentistas. Eso sí, yo no soy partidario de que algunos nacionalismos cuenten con la aquiescencia del socialismo. Ciudadanos ha tenido una posición clara respecto al nacionalismo catalán y los ciudadanos no solo le están premiando en Cataluña sino en toda España.
P: ¿Por qué se ha roto el encanto de la Transición que parecía haber reconciliado por fin a los españoles después de la dictadura de Franco surgida de una brutal guerra civil?

R: Comenzó a romperse con la llegada de José María Aznar al Gobierno, sobre todo, durante su segunda legislatura. Él planteó de nuevo una situación de enfrentamiento basada en la falta de comunicación y en la negativa a negociar. Los parlamentarios no se hablaban entre ellos en el Congreso.
P: ¿A qué se debe la degradación política que estamos viviendo, fruto de la cual hasta el Rey Juan Carlos I ha tenido que abdicar?

R: El Rey salvó a España en 1981 de unas consecuencias que podrían haber sido terribles. La política es tan ingrata que después de eso se le ha querido mandar al basurero de la historia por ir a cazar un elefante en África. No lo entiendo. Vienen los agitadores estos, los llamados emergentes, que calientan a la gente y se cometen este tipo de injusticias.

P: El desprestigio de los dos grandes partidos, PP y PSOE, es enorme y el bipartidismo corre el riesgo de naufragar. ¿Por qué?

R: Ha habido una campaña reiterada por parte de los medios de comunicación y de algunos políticos contra el bipartidismo. Es una especie de suicidio colectivo. Cuanto más fragmentado está un Parlamento más difícil es gobernar. Los españoles acabarán echando de menos ese bipartidismo.
P:¿Traen realmente aire fresco Ciudadanos y Podemos?

R: A mí no me ha llegado aún esa brisa. Son dos partidos muy diferentes. Ciudadanos quiere ser de centro-derecha para arrebatar gran parte de la masa electoral del PP y lo está consiguiendo en cierta medida por su coherencia en Cataluña y porque creo que el ciclo político de Mariano Rajoy está ya terminado. Los otros pertenecen a esos grupos de gentes que quieren derribar todo lo que hay porque creen que debajo están los jardines del paraíso. La gente no debería dejarse engañar. Los grupos con una retórica de revolución tienen siempre una práctica de represión. La izquierda tiene que defender a las mayorías y proteger a las minorías, pero no privilegiarlas.
P: ¿Cómo explica usted que la corrupción entre con tanta facilidad en el PP y el PSOE en cuanto tocan poder?

R: La corrupción también salpica y mucho al nacionalismo y es lo que nos ha llevado a la situación actual. Hay que diferenciar entre la corrupción institucional que se ha dado en el PP y en lo que era CiU y la corrupción de ciertas personas de ciertos partidos que se hacen corruptas.

P: Oiga pero el PSOE también ha tenido sus casos de corrupción como el de Roldán, Filesa, Malesa, los ERES de Andalucía o José Ángel Fernández Villa en Asturias.

R: Esa no es corrupción institucional, se trata de personas que roban en una institución. La corrupción es muy difícil de combatir porque se ve cuando ya ha pasado. Habría además que combatir tanto al corrupto como al corruptor.
P: ¿Por qué el socialismo pierde músculo en Europa?

R: La caída del Muro de Berlín trajo muchas ventajas a la sociedad pero generó algunos problemas. El colapso de la Unión Soviética llevó a los Estados Unidos a pensar que ya no tenía que ejercer el liderazgo del mundo y fíjese que presidente tienen hoy los norteamericanos. Eso ha traído a Europa el freno a la integración europea, el auge de los nacionalismos identitarios, la inestabilidad política, el Brexit, la crisis económica y terrorismo. El pacto que se logró tras la II Guerra Mundial, el Estado del Bienestar, ya no es necesario según los poderosos. Todo eso ha generado que los partidos socialdemócratas tengan menos atractivo para la gente porque han pensado que los socialdemócratas tenían que aceptar las reglas del capitalismo no regulado.
P:¿Es ese el gran defecto de la socialdemocracia europea?

R: Sí porque los mercados han sido siempre respetados por todos los gobiernos pero cuando su poderío es tal que imponen condiciones a los estados yo creo que hay que intervenir y eso no se ha entendido. La crisis de 2007 se ha querido resolver con austeridad cuando lo que se tenía que haber hecho es lo contrario y ahí han perdido juego los socialdemócratas. Es un error estratégico histórico.

P:Parece que el populismo ha venido para quedarse. Más de la mitad de los votantes italianos acaban de dar su apoyo a partidos antisistema (La Liga y 5 Estrellas) que entre otras cosas coinciden en defender que las vacunaciones no sean obligatorias. ¿Por qué se han degradado tanto nuestras instituciones?

R: El populismo viene a través de esa falta de liderazgo social en el mundo. Aparece el egoísmo y el proteccionismo y los demagogos encuentran un perfecto caldo de cultivo para lanzar sus proclamas. Yo no creo que el populismo venga para quedarse, la gente verá que en esos movimientos solo hay destrucción. Siempre ha habido brotes de populismo y de nacionalismo que en el siglo pasado dieron lugar a dos guerras mundiales.
P: Iñigo Errejón acaba de proponer en el colegio parisino de Macron una corriente europea patriótica, popular, democrática, conservadora y de orden que aparque los clásicos manuales de la izquierda. ¿A qué le suena ese discurso en defensa de los de abajo para frenar los excesos de los de arriba?

R: No me suena a nada. En esa propuesta hay mucha lectura mal digerida.
P: ¿Han sido dignos sucesores de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez?

R: La historia dirá. Felipe González cambió al país, Rodríguez Zapatero se centró más en la extensión de los derechos civiles y Sánchez no ha sido presidente.
P: ¿Cómo lleva lo que está ocurriendo en el PSOE, un partido cuyo secretario general ha vuelto con el apoyo de la militancia para ajustar cuentas con la vieja guardia que le había echado?

R: Se dice que ahora el PSOE sí es un partido de militantes, pero, ¿qué pasa con los que sufrieron la cárcel, el exilio o hasta la muerte? ¿No eran militantes esas personas? Lo más glorioso del PSOE es su pasado y es peligroso cualquier tipo de discurso de disrupción con ese pasado porque no conduce a nada. Los dirigentes tienen la responsabilidad de convencer y tomar decisiones y no pueden dejar que las tomen otros.
P: ¿Cómo se puede entender lo que es el PSOE de hoy que se proclama constitucionalista pero a la vez se alía con partidos proindependentistas o populistas en Barcelona, el País Vasco, Baleares o Valencia?

R: En teoría todos los partidos con los que está el PSOE dicen que son constitucionalistas aunque lo que defienden no coincida con las tesis constitucionalistas. En esos pactos están encerradas las ventajas y las contras de los pactos electorales.

P: ¿Es partidario de que la Constitución recoja que España es una nación de naciones o un Estado plurinacional como ha llegado a proponer Pedro Sánchez?

R: No. Eso solo lo recoge la Constitución de Bolivia con una definición terrible que no creo que sea el modelo a seguir. España en un sentido jurídicopolítico es una nación. Otra cosa es que tenga diferencias identitarias referidas a la cultura.
P: ¿Ya tiene claro por qué Felipe González llegó a perder la confianza y a cansarse de usted después de haberse comprometido mutuamente a un pacto de amistad de por vida que incluía cuidar de los hijos de ambos?

R: Hubo un proceso de gente de dentro y de fuera del partido para convencerle de que se quitase el obstáculo de los que, según ellos, impedíamos que el PSOE se moviera a posiciones más tibias. Y le convencieron. Yo le decía: "No vengas por mi camino pero tampoco por el de los otros".
P: ¿Ve posible recuperar la vieja amistad que les unió o cree que han emprendido vidas tan distintas que ya no tienen nada en común?

R: No hay nada roto, cada uno tiene su vida como todas las personas.
P: Volvamos a Cataluña. ¿Le parece acertada la aplicación que se está haciendo del artículo 155 de la Constitución?

R: Sí, pero creo que se hizo tarde, se convocaron las elecciones demasiado pronto y sin intervenir TV3, una televisión sectaria a todas luces.
P: ¿Cómo es el movimiento prefascista que según usted actúa en Cataluña?

R: Es la estrategia de unos grupos nacionalistas que llevan 35 años usando a los medios de comunicación, la educación y el dinero para un proyecto independentista y secesionista. Los medios de comunicación públicos y privados han lanzado mentira tras mentira para hipnotizar a un millón de personas a las que hay que deshipnotizar.
P: Se queja usted de las consecuencias de 35 años de los colegios bajo control nacionalista y de una TV3 sectaria. ¿Qué parte de responsabilidad tienen en ello los socialistas que incluso han llegado a gobernar la Generalitat y que tienen un grave problema interno con el prosoberanismo del PSC?

R: La actitud del PSC no ha sido firme y eso le ha costado electoralmente. La gente despechada por el nacionalismo es la mitad de los que viven en Cataluña y es la clase trabajadora a la que el PSC no ha sabido hablar con coherencia.
P: De hecho Nuria Parlón que aspiraba a liderar el PSC ya ha pedido la puesta en libertad de los presos independentistas, ¿Qué le parece esta petición?

R: Un error gravísimo. ¿Qué pediría Parlón para Alfonso Armada y compañía? Son todos golpistas y parece que si llevan la escarapela de derechas hay que condenarles pero si la que llevan es de izquierdas o nacionalista hay que absolverles. Va a ir mucha gente a la cárcel porque han dado un golpe de Estado y quien no quiera ver esto tiene un problema.
P: ¿Es entonces Puigdemont tan golpista como el exteniente coronel Tejero?

R: Exactamente igual.
P: ¿Qué reacción cabe ante el desplante y los consejos de la alcaldesa de Barcelona al Rey Felipe VI con motivo del Mobile World Congress de Barcelona?

R: Que la señora alcaldesa quiera dar recomendaciones al Rey me parece absurdo.
P: El PDeCAT y ERC han pactado una hoja de ruta con un reparto de cargos, recursos y control de la televisión pública para seguir adelante con el proceso independentista. ¿Qué no hace el Gobierno de Rajoy, y debería hacer, para frenarlos?

R: Yo no voy a decirle a Rajoy lo que tiene que hacer pero por lo menos debería de intentar parar esa hoja de ruta.

P:¿Cómo ve la disputa del presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, con el Tribunal Supremo en la investidura del nuevo presidente de la Generalitat?
R: Esta gente es muy peligrosa pero no es tonta jurídicamente. Alguien le habrá soplado que eso no se puede hacer sin agotar el ciclo jurídico español. Lo único que quieren es perpetuarse en el poder para tapar sus vergüenzas y fechorías, que han sido muchas. Recuerdo a Jordi Pujol hablando de ética cuando ya tenía el dinero que había robado a los catalanes en sus cuentas.
P:¿Qué le sugiere el plan de los independentistas catalanes de vaciar las instituciones legítimas y crear en Bruselas un Consejo de la República y una Asamblea para la República?
R: Maduro. Están copiando a Maduro y a su régimen autoritario
P: ¿Qué le parecen a usted Pablo Iglesias e Iñigo Errejón y sus diferencias estratégicas o ideológicas?

R: Desinteresantes.
P: ¿Cómo recomendaría usted enfocar el pacto educativo para una reforma eficaz de la Educación en España?

R: El pacto por la Educación se intentó con Gabilondo de ministro y estuvo a punto de firmarse pero el PP hizo un servicio muy feo a la sociedad y se desmarcó. Ahora parece que ocurre a la inversa y no me tranquiliza nada. No podemos cambiar de plan de Educación cada vez que se cambia de ministro. Lo que hay que hacer es mejorar el plan vigente y dejar de copiar el modelo norteamericano porque no estamos en las mismas condiciones.
P: Felipe González ya ha dicho que no se siente representado por el actual proyecto del PSOE. ¿Y usted?

R: Mi modelo de partido es diferente. No comparto el nuevo reglamento del partido que quita el poder a los órganos intermedios para darlo a las bases. Yo creo en la democracia representativa y no en modelos que eligen al César que se queda sin contrapoder.
P: ¿Le parece grave que la dirección del PSOE no haya apoyado a Elena Valenciano para presidir el Grupo Socialista del Parlamento Europeo?

R: Este es un caso escandaloso de sectarismo. Primero dijeron que no a De Guindos porque había que apoyar a una mujer y cuando aparece la señora Valenciano es su propio partido el que le dice que no.

P: Señor Guerra. ¿Por qué el presidente de Asturias, Javier Fernández, cuya imagen se agrandó al frente de la gestora que destituyó a Sánchez está teniendo un final tan amargo en su tierra, donde el Soma-UGT y los sanchistas no se paran en barras para desautorizarle en cuento tienen la menor ocasión?

R: Javier Fernández es uno de los grandes socialistas europeos que quedan en el mundo. Es cabal, íntegro, inteligente y con una capacidad extraordinaria para entender lo que pasa. Que no le sepan apreciar en sus filas me llena de tristeza. Le aprecio y le admiro y que haya gente que le ponga palos en las ruedas es incomprensible y se pagará a la larga.
P: ¿Qué le sugiere la decisión del sanchismo que ahora controla la Federación Socialista Asturiana de oficializar el bable?

R: Insisto en que me parece bien proteger a las minorías pero no privilegiarlas. Una cosa es proteger el bable y otra darle el rango de lengua oficial. Así comienzan los nacionalismos identitarios.

P: ¿Ha pensado que quizá las nuevas generaciones le ven como veían ustedes a aquellos dinosaurios del franquismo cuando eran jóvenes?

R: Es que yo soy un dinosaurio porque empecé en política muy joven hace ya 60 años. Pero tengo más lucidez que muchos jóvenes de 30. El que es idiota a los 70 años ya lo era a los 17. La generación actual está mejor formada que la mía pero fíjese que pocos quieren entrar en política. Por ejemplo, en 1978 los mejores de la sociedad fueron a la política.
P: Entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿con cuál se queda?

R: Conmigo mismo.
P: ¿Le han ofrecido volver al ruedo político?

R: Alguna vez pero la verdad es que no tengo ninguna melancolía de aquella época. Mi vocación no era la política a la que llegué combatiendo la dictadura de Franco. A mí me gusta el teatro, la lectura, la poesía, la música y vivir en Sevilla.

Felipe VI, el rey más protegido de Europa

MADRID.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido contundente. Los reyes y jefes de Estado no merecen mayor protección frente a las críticas e insultos que cualquier otro ciudadano. Es más, la lógica democrática dicta que debe ser más bien al contrario: los ciudadanos (sean reyes o no) que ocupan las instituciones de todos deben estar más expuestos a la crítica, según recoge Público. 

Y la crítica política, afortunada o desafortunadamente, no siempre es correcta. A veces es agresiva. Zafia. Maleducada. Hiriente. En otras ocasiones, incluso, la crítica se manifiesta en forma de hoguera. Pero, sea como sea, es crítica política y, por tanto, se debe permitir.  A España, concretamente, el TEDH se lo ha dicho en dos ocasiones con sendas sentencias condenatorias contra el Estado. La primera en el caso de Otegi, que fue condenado por decir que el rey Juan Carlos era "el jefe de los torturadores". 

La segunda, en el caso de los dos jóvenes de Girona que quemaron una foto de los reyes Juan Carlos y Sofía durante una protesta. En las dos ocasiones la justicia europea explicó a España que la crítica política no se puede censurar con este delito. 

La misma lógica se aplica con el resto de instituciones del Estado y símbolos, tales como el himno o la bandera. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros muchos, han señalado que los estados no deberían prohibir la crítica a las instituciones, como el Ejército o la Policía, y que deplora la existencia del delito de "difamación del Estado" o el ultraje a sus símbolos.

Todos estos delitos, sin embargo, siguen presentes en el Código Penal español. Tanto el de injurias a la Corona (con las recientes condenas a los raperos Hasel y Valtonyc) como el de injurias a las instituciones del Estado (por el que también fue condenado Hasel) o ultraje a España, por el que Santiago Espot fue sentenciado a pagar 7.200 euros euros por haber impulsado la pitada al himno de España en la final de la Copa del rey. 

La lista es aún más larga. A estas sentencias habría que añadir la condena contra El Jueves por su ya célebre portada con los entonces príncipes Felipe y Letizia, o las condenas contra el que fuera alcalde de Puerto Real por decir que al rey es “hijo de crápula” o contra el coronel Martínez-Inglés. También en los años 80 se produjeron condenas contra dos ciudadanos vascos que publicaron un artículo dudando del papel del monarca Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F.

¿Pero somos los únicos países europeos que ignoramos las recomendaciones del TEDH y de las organizaciones supranacionales especializadas en Derechos Humanos? ¿Es España una excepción dentro de los principales países de la Unión Europea con los que nos gusta compararnos? ¿Es España el único país que sobreprotege al jefe del Estado?

La respuesta a estas preguntas es complicada y tiene dos vertientes. Por un lado, hay que analizar los diferentes códigos penales de los países de la Unión Europea y comprobar si el delito de injurias a la Corona o a la jefatura del Estado todavía existe o si ha sido eliminado, como en el caso de Francia. 

Por otro lado, hay que analizar la parte práctica: cómo se interpreta y se aplica este delito en el resto de países.  Es decir, si es un delito activo o en desuso y si se usa para perseguir la crítica política o, por contra, solo para perseguir los ataques a la vida íntima de los jefes de Estado, sean reyes o no.

Por partes. El estudio Leyes de difamación e insultos en la región OSCE, elaborado por el Comisionado de la OSCE para la libertad de prensa y facilitado a Público por la PDLI, refleja cómo los reinos de Bélgica, Dinamarca, Suecia y Holanda, junto con el de España, mantienen en sus legislaciones el delito de lesa majestad. Sin embargo, ninguno de estos reinos tiene un nivel de condenas por delitos de lesa majestad, en los últimos años, al nivel del de España. 

"El problema en España no es la existencia del delito de injurias a la Corona en sí mismo. El problema es que se está utilizando, tal y como nos ha dicho el TEDH, para perseguir la crítica política. El delito puede existir sin contradecir las sentencias europeas si solo se utilizara para perseguir los insultos o ataques dirigidos contra la vida íntima del rey. Es decir, los reyes o jefes de Estado deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos a defender su honor, pero no más", explica a Público el exletrado del Constitucional Joaquín Urías

El análisis del informe de la OSCE permite concluir que España, a pesar de tener una de las penas más bajas por el delito de injurias a la Corona, es de los países de la Unión Europea, si no el que más, que más persigue y castiga por los ataques contra la jefatura del Estado. Para alcanzar esta conclusión es necesario realizar un repaso, país por país, tanto de las legislaciones vigentes como de la aplicación e interpretación del delito de lesa majestad. Este análisis se realizará en primer lugar de las monarquías y, posteriormente, de las diferentes repúblicas. 

Los reinos de Suecia y Dinamarca recogen su Código Penal penas más altas que las de España. En Suecia, este delito tiene un castigo potencial de hasta seis años de prisión. En Dinamarca, cuatro. Sin embargo, como es apreciable en el informe de la OSCE, no se ha registrado en los últimos años ningún procedimiento judicial por este delito. En el caso de Gran Bretaña, por su parte, no hay ninguna ley que proteja el honor de la Corona de manera especial y tampoco se ha registrado ningún procedimiento judicial por este delito.

Por último, quedaría por analizar el caso de los reinos de Holanda y Bélgica. Los dos recogen en su Código Penal artículos que prohíben las ofensas a la Monarquía. En el caso de Bélgica, la ofensa hacia el monarca y la familia real y el insulto público al rey está castigo con penas de seis meses a tres años de y una multa. Si el insulto se dirige a cualquier otra persona de la familia real la pena desciende de tres meses a dos años de prisión, más la correspondiente multa. 

No obstante, no se ha registrado ninguna condena en el país por este delito. Eso sí, tal y como informa Alexandre Mato en CTXT, la Casa Real belga sí acudió al Consejo de deontología periodística del país para protestar por un libro que versaba sobre presuntas infidelidades en el matrimonio real y la supuesta homosexualidad del entonces Príncipe Felipe. El Consejo resolvió que el periodista había recurrido a insinuaciones y abusado de la práctica del off the record. No hubo multa ni proceso judicial.

El caso de Holanda es diferente. Tras España, posiblemente sea el país de las democracias occidentales que más uso ha hecho de este delito, aunque la cuantía de las multas y castigos no es comparable. En 2007 un hombre sin hogar fue multado con 400 euros por decir que la reina era "una puta". Una semana después, un periodista acudió a una rueda de prensa con una camiseta que rezaba 'La reina Beatriz es una puta'. El periodista fue arrestado, aunque finalmente no fue acusado de ningún delito.

El editor de la revista Spunk, a la que pertenecía el periodista, explicó que la intención era denunciar la condena que se había producido una semana antes. El último caso de este tipo que se vivió en el reino holandés fue cuando el activista Abulkasim al-Jaberi dijo en una manifestación de 2014 lo siguiente: “¡Que se joda el Rey! ¡Que se joda la Casa Real”, tal y como recoge el informe de la OSCE. No obstante, la causa fue archivada poco tiempo después.

El análisis comparado de las legislaciones y condenas por delitos contra el honor de los monarcas, por tanto, tumba el argumento habitual de que España no se sale de la normalidad europea dictando condenas por el delito de injurias a la Corona. España, tal y como se refleja, es el país que más está condenado por este delito en las monarquías de la Unión Europea. 

"La reciente sentencia del TEDH pone en evidencia que la existencia de este tipo penal en España no es el único problema en España. También lo es cómo se está aplicando: por su uso desproporcionado (fuera de los parámetros de las Naciones Unidas) por parte de la Fiscalía y por una posterior interpretación de los tribunales ajena a los estándares internacionales de Derechos Humanos. 

Así lo entendió también el magistrado del Constitucional que emitió un voto particular en el caso de la quema de la foto de los reyes", explica a Público Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI, que considera que el tipo penal de las injurias a la Corona es una "amenaza" tanto "real como latente" contra un derecho fundamental como es "la libertad de expresión". "Por ello pedimos que este delito sea eliminado del Código Penal esta misma legislatura", sentencia. 

Las repúblicas de nuestro entorno

La protección de los jefes de Estado no es una particularidad de las monarquías. También sucede en las repúblicas. De hecho, en nuestro entorno, los estados de Alemania, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Eslovenia mantienen una ley especial que castiga las injurias y las difamaciones contra los jefes de Estado.

La gran excepción, en este caso, sería la República de Francia, que eliminó en 2013 el artículo de la Ley sobre libertad de prensa, de 1881, que penaba las ofensas al presidente de la República con una multa máxima de 45.000 euros. 

Antes, en el año 2000, el país galo había eliminado las penas de prisión por delitos relacionados con las injurias y la difamación. Sin embargo, la eliminación de la sobreprotección del jefe del Estado no es total, ya que el presidente de la República se encuentra entre la lista de funcionarios públicos que goza de una mayor protección contra las injurias y la difamación que el resto de ciudadanos (artículo 30 y 31 de la Ley sobre Libertad de prensa de 1881).  

La última vez que el país galo vivió un caso de este tipo fue en el año 2008, tal y como muestra el informe de la OSCE facilitado por la PDLI. El militante socialista Hervé Eon fue condenado a pagar 30 euros por sostener una pancarta en la que podía leerse “Cállate, pobre cabrón”. El TEDH condenó a Francia por vulnerar la libertad de expresión de este militante socialista y la Asamblea francesa actuó rápido para eliminar de la Ley de libertad de prensa este delito. 

En Alemania, por su parte, la difamación del presidente de la República está castigado con penas de tres meses a cinco años de prisión, pero el delito está prácticamente en desuso. El informe de la OSCE recoge que los enjuiciamientos por difamación del presidente son "raros" aunque no "desconocidos". Así, también cabe destacar que para poder iniciar un procedimiento judicial por este delito es necesaria la aprobación del presidente.

La última vez que ocurrió un caso similar fue en 2011 cuando el presidente Christian Wulff otorgó permiso para que se juzgara a un bloguero que había realizado un montaje en el que la esposa del ahora expresidente aparecía realizando el saludo nazi. Finalmente, Wulff retiró el permiso y el caso fue archivado. "Entre 1990 y 2004, por ejemplo, el permiso para juzgar se otorgó en dos ocasiones", recoge el informe.

Un caso más llamativo en Alemania, aunque se sale de los márgenes de este texto, es la petición que presentó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en 2016 para que Alemania iniciara un procedimiento judicial contra el presentador de televisión y humorista Jan Böhmermann por el delito de injurias contra un jefe de Estado extranjero, un delito inexistente en España. 

Un mes después de la solicitud, Merkel anunció que autorizaba el procedimiento, aunque también anunció el procedimiento para retirar ese artículo del Código Penal. Poco tiempo después, la Fiscalía alemana anunció que archivaba la causa contra Böhmermann ya que el poema denunciado estaba protegido por "la libertad artística".

Condenas aisladas

En el caso de Italia, el artículo 278 del Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión por "ofender el honor o prestigio del presidente de Italia". Sin embargo, las condenas por este delito son más bien raras de encontrar. 

El informe de la OSCE no recoge ninguna, mientras que el periodista Pierluigi Morena, en CTXT, se hace eco de una condena a 18 meses de prisión al político de la Liga Norte Umberto Bossi por decir que Giorgio Napolitano, hoy ya expresidente de la república italiana, era un "terùn", es decir, un garrulo del sur, mientras hacía el gesto de los cuernos con la mano.

Portugal castiga el insulto o la difamación contra el presidente con la pena de tres meses de prisión o una multa, aunque si el delito se ha cometido con publicidad el castigo asciende a entre seis meses y tres años de prisión. El informe de la OSCE no recoge ninguna condena por este tipo penal, aunque sí llama poderosamente la atención el alto número de condenas por difamación de funcionarios públicos o políticos. 

Por último, cabe destacar el caso de Grecia. La república helena castiga los insultos al jefe del Estado con hasta tres meses de prisión y autoriza la incautación de publicaciones que contienen insultos al presidente de Grecia. Mientras que la difamación, el insulto y la injuria está penada en Eslovenia con un máximo de un año de prisión. El informe de la OSCE no recoge ningún caso específico de personas condenas por insultar al jefe del Estado en estos países.