Ciertamente, el derecho español lo aguanta todo si de lo que se trata
es de proteger al Estado. Una vez más, la Mesa del Congreso de los
Diputados impedirá que se tramite la petición de la práctica totalidad
de partidos independentistas, nacionalistas y de Unidas Podemos para
crear una comisión de investigación parlamentaria sobre los turbios asuntos económicos de Juan Carlos I.
Aunque en esta ocasión la solicitud había sido cuidadosamente medida
para sortear las prerrogativas de inviolabilidad y la no sujeción de
responsabilidad contempladas en la Constitución y se había situado todo a
partir de su renuncia a la jefatura del Estado con la abdicación
de junio de 2014, los letrados del Congreso parecen haber dado con la
nueva piedra filosofal para esquivar cualquier investigación.
Los sabios letrados sostienen lo siguiente: "la presente solicitud
[de una comisión de investigación] se refiere a cuestiones que, aun
cuando hayan podido tener proyección en una etapa posterior, se
corresponden sin solución de continuidad, con el periodo de tiempo en que su Majestad Juan Carlos I era el Jefe del Estado
y traen causa del mismo hecho de la ocupación de dicha Jefatura por
aquel".
Dicho en lenguaje común, si ahora se abriera una investigación
no se sabría qué es anterior a 2014 y qué es posterior. Por lo cual, lo
mejor es olvidarse de cualquier investigación, en este caso,
parlamentaria.
Imagino que los letrados del Congreso son plenamente conscientes de
lo que sostienen y que, llevado a la práctica, la inviolabilidad acaba
siendo de por vida deje o no deje la jefatura del Estado. Es evidente
que el miedo del Estado a una comisión de investigación parlamentaria,
aunque esté todo atado y bien atado con la mayoría del PSOE, PP, Vox y
Ciudadanos, es alto y que cualquier trapicheo legal acaba dándole la
vuelta a la misma Constitución.
Lo que quizás no se dan cuenta los guardianes del Estado es que la
sobreprotección de Juan Carlos I con todo lo que ya se conoce, no hace
otra cosa que debilitar a la monarquía parlamentaria como forma de estado.
La protección de la corrupción debilita a los que están detrás y en
este caso de una manera muy especial a la familia real.
No hay
separación entre padre e hijo si el hijo continúa protegiendo al padre,
que es, en la práctica, lo que sucede en España. Y eso no se corregirá
con un tour por toda España como el que se nos anuncia ahora en plena crisis de la Corona.
(*) Periodista
