La Fiscalía ha puesto sus ojos en una fortuna que se relaciona con tres diligencias fiscales: la de las comisiones del AVE a La Meca, la de los presuntos pagos que le abonó el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro y la investigación de 10 millones depositados en la isla de Jersey.
La sucesión de informaciones sobre algunas de estas prácticas, aparentemente habituales, comenzó hace una semana. Siete días que han mostrado a la opinión pública que el Rey emérito parece haber seguido un ritmo de vida de mucho dinero, viajes ostentosos y hoteles de cinco estrellas. Incluso su nieta Victoria Federica participó en competiciones hípicas con una yegua valorada en 10.000 euros, un presunto regalo del magnate mexicano.
El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los hombres más ricos de México, sufragó presuntamente durante años decenas de gastos del rey Juan Carlos y otros miembros de la familia real. Ni los pagos ni el disfrute de los propios fondos fueron declarados a la Agencia Tributaria por el monarca ni el resto de los supuestos beneficiarios del dinero, según pudo confirmar El Confidencial el pasado 3 de noviembre.
Los movimientos permanecieron ocultos hasta 2019, cuando llegó una pista a la Fiscalía Anticorrupción y esta decidió abrir diligencias secretas al apreciar indicios de delito. Entre las facturas de la Casa Real que fueron financiadas por el industrial, hay tratamientos médicos, estancias en hoteles, restaurantes, clases y viajes. Para ello, el Rey emérito utilizó presuntamente a Nicolás Murga, un coronel del Ejército del Aire que trabajaba para Zarzuela, con el fin de ocultar su conexión económica con el empresario mexicano.
5 de noviembre
Dos días más tarde, aparecía sobre la mesa el nombre de la Fundación Zagatka, la mercantil de Liechtenstein que supuestamente utilizó el Rey emérito desde 2003 para canalizar el cobro de comisiones ilegales astronómicas. Las pesquisas de Anticorrupción se centraron en los gastos de Juan Carlos I y otros miembros de la familia real que fueron sufragados de forma irregular durante años por Sanginés-Krause.
Esta fundación, una entidad dirigida por uno de sus primos, Álvaro de Orleans-Borbón, recibió el 9 de junio de 2009 en una cuenta del banco Credit Suisse de Ginebra una comisión de 4.689.930 dólares (unos 3,3 millones de euros al cambio de la época) por una supuesta labor de asesoría en el desarrollo de un resort en Playa del Carmen, en plena Riviera Maya mexicana, según documentos sobre la fortuna opaca del monarca a los que tuvo acceso El Confidencial.
7 de noviembre
Esta investigación llegó a la conclusión de que el rey Juan Carlos habría utilizado a tantos testaferros que algunos de sus gastos fueron pagados por duplicado por falta de entendimiento entre ellos. Dos correos electrónicos de marzo de 2015 muestran la falta de entendimiento entre el primo del monarca y el empresario mexicano. El primero de ellos fue enviado a las 18:09 del 23 de marzo de 2015 por la jefa de recepción del hotel The Connaught, un establecimiento de gran lujo situado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Un segundo correo remitido al día siguiente, el 24 de marzo de 2015, a las 10:51, confirmaba que la secretaria de Álvaro de Orleans tramitó el reembolso.
Además, el pasado día 7, la Fiscalía anunció la apertura de unas nuevas diligencias sobre la existencia de 10 millones de euros en una estructura financiera opaca radicada en la isla de Jersey. Tal y como avanzó el diario 'El Mundo', una serie de movimientos recientes activó el radar del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
8 de noviembre
El escándalo continuaba en la Zarzuela, tras descubrir que la yegua con la que Victoria Federica de Marichalar Borbón, hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, consiguió debutar como amazona en 2016 había sido sufragada durante años por el industrial mexicano Allen Sanginés-Krause. El animal fue adquirido en 2015 a la cuadra española Maihorses, especializada en el comercio de caballos. La fecha es importante, porque los hechos se habrían producido tras la abdicación del monarca en 2014. A partir de ese momento, dejó de ser inviolable y podría ser acusado, por tanto, de posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Sin embargo, fue meses antes cuando comenzaron a hacerse públicos indicios del vasto patrimonio que, presuntamente de forma opaca, amasó el Rey emérito. Por un lado, la Fiscalía empezó a seguir el rastro de las comisiones derivadas de la adjudicación del proyecto del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. Por otro, la publicación de informaciones que revelaban un opulento estilo de vida, como las que se referían a varios terrenos en Marruecos y casas en Suiza, según revelaron a El Confidencial fuentes jurídicas. Además de las de Marruecos, unos terrenos en Marrakech supuestamente procedentes de una donación, se encuentran bajo sospecha viviendas en Suiza que podrían haberse adquirido con parte de esos 100 millones de dólares regalados en 2008 al Rey emérito por Arabia Saudí.
Igualmente, salió a la luz el documento que incriminaba directamente al rey Juan Carlos. Un acta secreta de marzo de 2011 que implicaba al emérito en la gestión de la sociedad instrumental que recibió los 64,8 millones de euros del rey de Arabia Saudí. Los estatutos de la sociedad panameña utilizada para controlar el dinero, Lucum Foundation, contienen la rúbrica del Rey emérito en sus tres páginas y lo sitúan como “primer beneficiario” de los fondos. También implican a Felipe VI, que aparece como “segundo beneficiario” de la fortuna, según recoge el documento, al que tuvo acceso este periódico.
Además, en otro documento de agosto de 2018, Juan Carlos I reiteraba que la donación de 76 millones de dólares entregada seis años antes a Corinna Larsen era "irrevocable" y que su amante no actuó nunca como su testaferro. La misiva, que también fue consultada por El Confidencial, fue remitida al abogado Dante Canonica coincidiendo con los inicios de esta investigación.
En la carta, remitida en francés y firmada a mano, el Rey emérito confirma al abogado que Larsen no manejó fondos en su nombre.
Tres breves párrafos que le sirven, de acuerdo con esta investigación,
para tratar de desactivar la existencia de indicios de blanqueo y de un
movimiento posterior de cantidades económicas por orden suya.
