PALMA DE MALLORCA.- Tras cinco días de plazo otorgados por el
juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki
Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza
de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les
impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta
esta medianoche para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada
la pasada semana.
De esta forma, si bien en la mañana de mañana jueves se efectuará
una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de
guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción nº 3 de
Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de
ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la
caución fijada por el magistrado.
Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes
concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su
patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la
suma reclamada.
Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas
las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las
empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy
Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for
Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e
Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin
comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.
En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado
que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no
impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el
proceso de embargo de los bienes.
Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que
fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto
vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha
puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho supuestamente
quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal
oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante
el Tribunal Constitucional.
Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso
de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se
vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un
"enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior
cantidad.
En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los
únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al
reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las
Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en
concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar
que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por
exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía
Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene
imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no
intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su
gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma
aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana,
de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente
defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en
tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa
en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido
confiados".
Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones
llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los
convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que
la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con
un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al
más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que
percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005);
los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada
una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y
los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el
Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen
Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración
de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el
Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista
Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la
creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los
116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes
Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global
solicitada).
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