miércoles, 6 de febrero de 2013

Los jueces decanos y el CGPJ también piden más medios para luchar contra la corrupción

MADRID.-   Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social". 

   En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían resolver "de manera inmediata".

   "Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos especializados.

   En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.

   Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
   A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales".

El CGPJ pide información los TSJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

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