viernes, 26 de octubre de 2018

El Ayuntamiento de Barcelona reprueba al Rey y pide abolir la monarquía


BARCELONA.- El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una resolución en la que "condena el posicionamiento del Rey Felipe VI" en relación con el "conflicto catalán" y la actuación de los cuerpos de seguridad el 1 de octubre de 2017 y apuesta por la "abolición" de la monarquía.

El pleno ha dado el visto bueno a una declaración institucional presentada por la CUP, que ha contado con la firma del equipo de gobierno de Barcelona en Comú, del PDeCAT y de ERC, así como de los dos concejales no adscritos, Gerard Ardanuy y Juanjo Puigcorbé.
Los concejales de Cs han abandonado el pleno durante este trámite y, al igual que los del PP y del PSC, no han suscrito esta declaración.
En el citado texto se acuerda "reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales".
"Rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI -prosigue el texto-, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017".
El texto concluye con la reafirmación del "compromiso con los valores republicanos y apostar por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".
La presidenta del grupo de Cs, Carina Mejías, ha calificado de "inaceptables" esta y otras declaraciones aprobadas hoy, como otra en favor de la "libertad inmediata" de los políticos soberanistas en prisión y para exigir "garantías jurídicas" para los independentistas que han huido, presentada por el PDeCAT, y una última en apoyo del cuerpo consular "ante las medidas" adoptadas por el Ministerio de Exteriores, de ERC.
El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández, ha explicado que no han abandonado la sesión para dar voz a todos los catalanes "que defienden las instituciones del Estado y la monarquía", "frente a quienes quieren desprestigiar las instituciones con voluntad de destruir lo que es y representa España".
La portavoz socialista, Carmen Andrés, ha dejado constancia de que el PSC no ha suscrito ninguna de estas declaraciones y ha reiterado su respeto y defensa de todas las instituciones.
Tal y como ocurre con estas declaraciones, no ha habido intervenciones en el pleno a favor de estas iniciativas, sino que se ha dado lectura a las mismas.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha aceptado en el pleno la petición del grupo republicano de proponer a la Ponencia del Nomenclator dar el nombre de 1 de Octubre a un espacio público de la ciudad.
Colau ha argumentado que el 1 de Octubre se ha consolidado como "una fecha histórica, más allá de la opinión política que tenga cada uno".
Por otro lado, los votos en contra de los concejales independentistas y la abstención de BComú han impedido aprobar una proposición del grupo Popular para rechazar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017, que han apoyado Cs, PSC, PP.

El Gobierno lleva al Constitucional la reprobación al Rey en el Parlament de Cataluña


SEVILLA.- El Consejo de Ministros ha decidido impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña contra el Rey y la monarquía, al ver en este texto "un nuevo intento" de iniciar otro proceso unilateral "que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana, ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa.

La impugnación se presentará pese al criterio contrario expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Gobierno expone que la moción del Parlament no constituye "objeto idóneo para su impugnación", pero el Gobierno no comparte esta argumentación y acudirá al Constitucional.
La resolución aprobada el 11 de octubre en el Parlamento catalán fue propuesta por En Comú; reivindica los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía". También rechaza y condena "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.
Isabel Celaá ha explicado que el Consejo de Estado "entiende" que la resolución del Parlament constituye un "grave atentado al principio de lealtad institucional", además de una declaración política "que manifiestamente degrada la forma política del Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra", así como una "falta de respeto" al jefe del Estado.
Pero aunque el Consejo de Estado entiende que la resolución tiene una naturaleza "netamente política", pues "no produce efectos jurídicos de ningún tipo", el Gobierno cree que es "inconstitucional" por dos argumentos fundamentales. De un lado, constituye "un nuevo intento" del Parlament de iniciar un "proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república" catalana, lo que "contraviene" la Constitución y el Estatut.
Por otro lado, el Gobierno ve inadmisible "desde el punto de vista político y jurídico el intento de abolición de la monarquía y el ataque injustificado" al Rey por parte de una Cámara parlamentaria, que al ser autonómica se extralimita además en sus funciones. De esta manera, el Gobierno interpondrá el recurso "por sentido de Estado.
Celaá ha sido preguntada por el primero de los argumentos, en qué aspectos de la resolución aprobada por el Parlament observa el Gobierno un primer paso hacia una declaración de la república catalana. También, si se abre un conflicto con Podemos puesto que la moción en cuestión es iniciativa de En Comú, la confluencia catalana del partido morado, de su socio presupuestario.
La portavoz ha respondido que eso es entrar en la "especulación", que "no es buen territorio político", y se ha limitado a reiterar los dos argumentos principales del Gobierno contra la resolución aprobada: es inconstitucional porque supone "un nuevo intento, como otros anteriores del Parlament", de iniciar un proceso unilateral hacia una república catalana, y porque la cámara autonómica además excede sus competencias al apostar por la abolición de la monarquía como forma de Estado, algo para el Gobierno "inadmisible política y jurídicamente".
El Gobierno, ha subrayado la portavoz, "no imagina nada que no esté encima de la mesa: la figura del Jefe del Estado no debe ser objeto de disputa partidaria dentro de una cámara autonómica".