MADRID.- El PP garantiza que las partidas
administrativas de la Casa del Rey estarán sometidas a la futura Ley de
Transparencia, es decir, que se podrán conocer, por ejemplo, los
contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que dependen
de distintos departamentos ministeriales.
Así lo asegura el secretario general del Grupo Popular en el
Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, quien adelanta que lo que sí quedará fuera la
futura norma será el reparto que hace el monarca de la asignación
presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su familia
y de la institución, que está blindada en la Constitución.
"Todos aquellos servicios que los diferentes departamentos
administrativos prestan a la Casa Real van a estar sometidos a la ley.
Podían no haberlo estado, pero nuestra intención es que estén", explica
el dirigente 'popular'.
Así, se verán afectados por la Ley de Transparencia las cuestiones
relativas al personal de la Casa del Rey, que está adscrito al
Ministerio de la Presidencia; los edificios que utiliza la Familia Real,
que dependen de Patrimonio Nacional; aquellos relacionados con la
seguridad y la vigilancia, dependientes del Ministerio del Interior y
los demás servicios que puedan prestar a la Jefatura del Estado otros
departamentos ministeriales.
"Otra cosa es la asignación constitucional que se da al Rey y que
él distribuye libremente", puntualiza Bermúdez de Castro. A su juicio,
controlar el uso que hace el Monarca de ese 'sueldo' mediante la Ley de
Transparencia podría supone una conculcación del artículo 65 de la
Constitución.
También recuerda que tanto en Reino Unido como Noruega las Casas
Reales están "expresamente excluidas" de las normas sobre transparencia.
"Nuestro proyecto de ley ni la incluye ni la excluye, pero nos da
soporte para que una parte sí que esté", apunta. Bermúdez de Castro quien
asume que a lo mejor en ese punto no se llega a un acuerdo con el resto
de grupos. "Pero el hecho de que en una parte estemos dispuestos a
incorporarlo es un paso importante", añade.
Preguntado sobre si a raíz de asuntos como el 'caso Nóos' o la
polémica generada en torno a la princesa Corinna, la propia Casa del Rey
no debería haberse mostrado más "transparente", el secretario general
del Grupo Popular, aboga por no "mezclar" la transparencia a la que
"debe estar sometida la Casa Real con hechos que se pueden imputar a una
persona muy concreta".
"Yo creo que la Casa Real es transparente", agrega, recordando que
hace unos meses la institución ya hizo "avances significativos"
informando, por ejemplo de la retribución que recibía cada miembro de la
Familia Real.
Aunque inicialmente el proyecto del Gobierno se refería sólo a la
transparencia de las administraciones públicas, esa previsión se ha
visto desbordada. La propuesta de resolución sobre transparencia y lucha
contra la corrupción aprobada en el Debate sobre el estado de la
Nación, emplaza a "buscar la mejor fórmula para incorporar a la ley a
los partidos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas
entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de
dinero público".
Ese mandato, además de abrir la puerta a la inclusión de la Casa
del Rey, obliga a los grupos a determinar en qué medida la ley afectará a
ese conjunto de entidades que reciben subvenciones. A este respecto,
Bermúdez de Castro indica que tendrán que decidir si se aplica "con
carácter general cualquiera que sea la ayuda que perciban" o si se fija
en función de un porcentaje y pone como ejemplo "el 40, el 50 o el 60
por ciento".
"Los partidos se van a incluir, pero no sé si con carácter
singular o en todos sus términos", señala, recordando los grupos aún no
han decidido si se incluyen las obligaciones de transparencia que se van
a imponer a las formaciones políticas en la propia ley o si se limitan
remitir a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos en
una disposición.
De esto dependerá también si a alguna parte de la futura se le dé
carácter orgánico. Formaciones como UPyD e IU son partidarias de que la
Ley de Transparencia sea orgánica, porque defienden que el derecho de
acceso a la información ha de entenderse como fundamental. Sin embargo,
desde el PP remarcan que la jurisprudencia dice lo contrario.
"El Tribunal Constitucional ha establecido que el acceso a la
información publica no es un derecho fundamental, por tanto, es difícil
que tenga carácter orgánico. Otra cosa es que, como consecuencia de que
incorporemos partidos o sindicatos, pueda conllevar que si no la
totalidad, una parte sí pueda tener rango orgánico", detalla.
En cualquier caso, los grupos no entrarán a negociar estos
aspectos hasta que no finalicen las comparecencias de expertos ante la
Comisión Constitucional. Están previstas dos nuevas sesiones los días 10
y 17 de abril y aún podría convocarse otra más el día 24 de ese mes en
la que se podría dar audiencia a representantes sindicales y
empresariales.
Una vez que concluya el desfile de expertos, los grupos volverán a
reunirse con el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y
Parlamentarios, José Luis Ayllón, para exponer sus posiciones y explorar
las posibilidades de acuerdos. Después presentarán sus enmiendas
parciales para estudiarlas primero en ponencia y luego en comisión.
Bermúdez de Castro insiste en que el PP quiere que se apruebe con
el máximo consenso "si no entre todos, si entre la mayor parte" de los
grupos. "Nosotros le tendimos la mano al PSOE desde el primer momento y
creo que vamos por buen camino. La disposición de PP y PSOE para
intentar llegar a un acuerdo existe", enfatiza.
Sin embargo, rehúsa anticipar una fecha de aprobación: "Es una ley
tan importante que yo no voy a marcar un plazo".
"Hay leyes que merecen
que no se tenga una única ponencia, tendremos las que sean necesarias
porque merece la pena hacer una buena ley. Si se puede hacer con
aportaciones y consenso de todos, por nuestra parte no va a quedar",
asegura.
