PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, pondrá fin a la instrucción del caso Nóos
a partir del próximo lunes, 28 de abril, una vez concluido el plazo
otorgado a las partes para que se pronuncien sobre un recurso
interpuesto por el sindicato Manos Limpias. Esta es la
única diligencia que le resta por practicar al juez para poder cerrar
las investigaciones, que dieron sus primeros pasos a principios de 2010
en el marco del caso Palma Arena.
Así lo han informado hoy fuentes
jurídicas, que han precisado que el magistrado tan sólo
se encuentra pendiente de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de
partes emitan sus alegaciones en torno al recurso de apelación que
Manos
Limpias ha presentado para pedir que tanto esta entidad como
Frente
Cívico Somos Mayoría, ambas acusaciones populares en el
caso Nóos, litiguen bajo el mismo abogado y el mismo procurador en el marco de estas pesquisas.
En concreto, Castro ha dado cinco días a las partes
-a contar desde este martes- y, transcurrido el plazo, elevará a la
Audiencia Provincial de Baleares la petición de Manos Limpias para su
resolución. Asimismo, el magistrado debe incorporar al sumario en
próximos días la transcripción de los interrogatorios efectuados los
pasados días 11 y 12 en la Ciudad de la Justicia de Valencia así como de
la declaración realizada por escrito por parte del expresidente de la
Generalitat Valenciana Francisco Camps.
De este modo, a partir de
la próxima semana, siempre que ninguna de las partes solicite ninguna
diligencia nueva dentro de este procedimiento, el juez dictará el
conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el
que decidirá si mantiene la imputación de la
Infanta Cristina como primer paso para que pueda sentarse en el banquillo de los acusados.
Una
resolución contra la que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio
Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-, y en la que
Castro determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la
causa, entre los que se encuentra la hija del Rey don Juan Carlos, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.
Así,
con esta resolución dará paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto
de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad
Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los
concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su
escrito de calificación provisional en el que determinarán
definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos,
además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a
través de un auto que ya no será recurrible.
En el caso de la
Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de
cárcel para el duque de Palma, a quien acusará de un delito de
malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la
administración y dos delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si
Iñaki Urdangarin abona antes, junto a Diego Torres,
los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las
Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio
oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su
caso le será atribuido un solo delito fiscal.
Del mismo modo, el
Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la Infanta, se siente o
no finalmente en el banquillo de los acusados, responda civilmente -a
título lucrativo- de los fondos supuestamente defraudados por su marido a
través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
De
hecho, el artículo 122 del Código Penal establece que "el que por
título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o
falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del
daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido
considerado responsable criminal de los hechos investigados. El fiscal
se amparará en este precepto para solicitar a la Infanta la fianza de
responsabilidad civil.
Sin embargo,
Castro (Córdoba,
20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo lleva al frente de un
Juzgado de Instrucción en Baleares, ya había puesto la lupa sobre la
actividad presuntamente irregular del entramado empresarial encabezado
por Urdangarin y Torres en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso
Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última
legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros
sobre turismo y deporte que el Instituto
Nóos organizó en Palma en 2005 y
2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de
euros públicos.
Es más, ya a principios de 2006 el diputado
socialista Antoni Diéguez preguntaba en el Parlament balear sobre el
destino que dio Nóos a los 1,2 millones de euros que cobró del Govern de
Matas por el foro sobre turismo y deporte celebrado pocos meses antes
en Palma. Nada hacía presagiar que de la supuesta defraudación
investigada en el marco de estas jornadas afloraría un rosario de presuntas irregularidades en torno a la gestión del Instituto y que culminarían con el presunto apoderamiento de hasta 5,9 millones de euros públicos.
