Pablo Iglesias afirma que el Gobierno no puede ignorar el debate sobre la monarquía

MADRID.- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho este viernes que el Ejecutivo no puede ignorar el debate sobre la utilidad de la monarquía a raíz del caso del Rey Juan Carlos I, mientras que la oposición denuncia que, más que un debate, lo que se está produciendo es un ataque a la Corona.

Iglesias ha elogiado "la valentía y el sentido de Estado" del presidente, Pedro Sánchez, al calificar de "inquietantes y perturbadoras" las noticias sobre los presuntos negocios ocultos del rey emérito, y plantear la propuesta de limitar la inviolabilidad del jefe del Estado al ejercicio del cargo.

Existe "un antes y un después" en esas declaraciones del presidente, ha dicho Iglesias en la localidad vizcaína de Durango, donde ha precisado que decir eso es "constatar una realidad".

Ha calificado de "sensato y prudente" que Felipe VI renunciara a la herencia de su padre, pero ha recordado que la "monarquía se sustenta en la filiación" lo que supone una "situación que genera alarma e injusticia en muchos ciudadanos, que el Gobierno no puede ignorar".

El vicepresidente reconoce al mismo tiempo, en un mensaje en sus redes sociales, que la actual correlación de fuerzas en el Parlamento y los procedimientos que establece la Constitución hacen que un debate sobre la monarquía "difícilmente pueda traducirse en cambios a corto plazo".

"Pero eso no significa que un Gobierno democrático pueda ser ajeno a los debates que preocupan a su pueblo, un pueblo que ya no está dispuesto a tolerar ni ciertos privilegios, ni la corrupción ni la impunidad", añade.

La oposición no cree que exista un debate

Para la oposición, sin embargo, no existe ningún debate en torno a la monarquía. Eso es, al menos, lo que piensa el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha pedido a Sánchez que defienda a Felipe VI de los "ataques intolerables" del vicepresidente Iglesias.

En su opinión, "lo inquietante y perturbador en España no es la Monarquía, sino este gobierno radical".

Casado hacía estas declaraciones en Vitoria, donde ha destacado que "esto no va contra el rey, sino contra la monarquía constitucional, contra la unidad nacional, el Estado de Derecho".

El líder del PP ha aprovechado para mostrar el apoyo expreso de su partido a Felipe VI y ha criticado que el presidente no le defienda.

Cuando Iglesias "llama a un referéndum y pide la abdicación del rey, no se puede tolerar que el presidente no defienda al jefe del Estado. No puede callar y otorgar", ha añadido.

Otro dirigente de su partido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado "el papel esencial y determinante" del rey Juan Carlos y ha asegurado que cuando se ataca al rey emérito no es por "presuntas irregularidades" sino que es un ataque a la monarquía "como forma de desestabilización".

También desde Vox, su presidente, Santiago Abascal, se pronunciaba este jueves en contra del debate suscitado por el Gobierno y por Sánchez, al que ha acusado de querer derribar la monarquía para convertirse en el jefe del Estado.

Además de Sánchez e Iglesias, otros miembros del Gobierno se han referido este viernes a la investigación sobre el rey emérito, como la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha declarado que lo que se va sabiendo sobre las finanzas de Juan Carlos I produce "desazón".

"Es desazonador", ha dicho en una entrevista en la Ser, en la que ha valorado la figura de Felipe VI que, según ella, "está haciendo una labor muy importante por este país".

Por su parte, el titular de Transportes, José Luis Ábalos, ha subrayado en Pontevedra que "somos todos iguales ante la ley, seamos quienes seamos" y el de Consumo, Alberto Garzón, ha abogado por "esclarecer todo lo posible" las actividades de Juan Carlos I y "dejar que funcione la Justicia".

Este asunto va más allá del ámbito político, ya que la Fiscalía General del Estado ha reforzado el equipo de fiscales que se encargan de la investigación sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, en las que podría estar involucrado el rey emérito.

El Ministerio Público ha emitido un comunicado donde informa de la composición del equipo que trabaja en la investigación.

Esta semana, la Fiscalía ha recibido parte de los datos que reclamó a Suiza sobre la investigación que ha desvelado que el padre del rey presuntamente recibió, a través de una fundación panameña, una supuesta donación de cien millones de dólares del rey Abdalá de Arabia Saudí, fallecido en 2015.

Lo que trata de averiguar la justicia de España es si el rey emérito habría incurrido en fraude fiscal -al no declarar el ingreso de la donación en España-, ya que por su condición de anterior jefe del Estado solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación.

Monarquía y opinión pública: la necesidad de un referéndum / Javier Pérez Royo *

La institución monárquica choca frontalmente con los dos principios en los que descansa el Estado Constitucional democrático: el principio de igualdad y el carácter representativo del poder político. Si hay algo que el Estado democrático no puede tolerar es que jurídicamente se configuren distintas categorías de individuos jerárquicamente ordenados. Para evitarlo fue, precisamente, para lo que se inventó el concepto de ciudadanía, que supone la equiparación jurídica de todos los individuos independientemente de sus diferencias personales. Esta regla no admite excepción. 

Pero, además, el Estado democrático exige que la manifestación de voluntad del mismo se reconduzca permanentemente a lo que dichos ciudadanos, bien directamente o a través de sus representantes, decidan. Por eso el Estado democrático es ante todo una forma de organización política formalmente igualitaria y representativa. Ésta es la razón por la que la Monarquía como forma política es, desde la imposición efectiva del Estado Constitucional, una especie bajo amenaza permanente de extinción. 

En última instancia, el Estado Constitucional no es más que un proyecto de ordenación racional del poder, tanto en su origen como en su ejercicio, y en el mismo no tiene cabida una magistratura de tipo hereditario. La herencia es una institución coherente con la propiedad privada, pero no con el ejercicio del poder del Estado, que se caracteriza precisamente por la separación del poder político de la propiedad. El poder no puede ser de nadie por muy rico que sea. 

La Monarquía, en consecuencia, no tiene ni puede tener una justificación de tipo racional en el interior del Estado democrático, sino que tiene, allí donde todavía existe, una justificación exclusivamente histórica. Es una consecuencia del peso de la institución monárquica en el proceso de formación del Estado nacional en el continente europeo. Por eso, a pesar de que la Revolución Francesa y los procesos subsiguientes a través de los cuales se puso fin al Antiguo Régimen en Europa fueron fundamentalmente antimonárquicos "en los principios", no fueron capaces de serlo "institucionalmente". 

En la Europa de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en la mayor parte de los países una forma política no monárquica resaltaba difícilmente imaginable. Los siglos de la monarquía absoluta pesaban demasiado todavía. 

Esta contradicción "principial/institucional" ha marcado desde entonces la evolución de todas las monarquías europeas sin excepción, resolviéndose siempre la misma a favor del primer término de la contradicción, es decir, del principio democrático, y en contra del segundo, es decir, de la institución monárquica.  

Desde una doble perspectiva:

En primer lugar, aquellas monarquías que no supieron adaptarse institucionalmente a los nuevos principios del Estado constitucional, es decir, aquellas monarquías que no supieron convertirse a lo largo del siglo XIX en monarquías parlamentarias y en las que el rey continuó siendo un poder real y efectivos del Estado, resultaron incompatibles con la propia existencia del Estado Constitucional en el tránsito del liberalismo a la democracia en los primeros decenios del siglo XX. Serían barridas por la historia. 

Es el caso de las monarquías autoritarias centroeuropeas, alemana y austrohúngara, rusa, portuguesa, italiana y española, aunque esta última, a diferencia de todas las demás, ha tenido la oportunidad de mantenerse como "forma política del Estado español" tras su restauración por el general Franco. 

En segundo lugar, las monarquías que supieron adaptarse al Estado constitucional a lo largo del siglo XIX y consiguieron de esta manera sobrevivir a la marea democrática posterior a la I Guerra Mundial, han experimentado un proceso de "democratización sui generis", que las hace depender cada vez menos de su carácter hereditario y, por tanto, de su legitimidad histórica, y cada vez más de su aceptación por la opinión pública. 

La monarquía es, pues, una anomalía histórica que ha tenido que ser "corregida" por el Estado constitucional, bien mediante su supresión pura y simple, bien mediante el sometimiento de la misma, de una manera peculiar por supuesto, a ese axioma del constitucionalismo democrático según el cual "todo poder procede del pueblo". 

La monarquía, o ha dejado de existir, o allí donde todavía se mantiene se ha convertido en una institución sumamente dependiente de la opinión pública del país. Su legitimidad de origen histórico no basta para continuar justificando su existencia en nuestro días, sino que necesita una suerte de legitimidad de ejercicio, que solo puede obtener de su sintonía con la opinión pública.  

Cuando esta legitimidad de ejercicio deja de ser visible, la institución monárquica entra en crisis con riesgo para su propia supervivencia. Le ocurrió a la monarquía belga tras la II Guerra Mundial y también de alguna manera a la inglesa tras la muerte de Diana de Gales. 

Desde hace varios decenios la justificación de la monarquía en el constitucionalismo europeo ha pasado a ser distinta de lo que fue en el pasado. Una institución cuya "utilidad" residía en el hecho de que, al estar garantizada la Jefatura del Estado por un orden de sucesión perfectamente definido, la primera magistratura del país quedaba a cubierto de los vaivenes de la opinión pública, convirtiéndose de esta manera en una suerte de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, ha pasado a tener una justificación completamente distinta. 

Distinta, que no opuesta, siempre que la legitimidad histórica se subordine a la legitimidad democrática. Si esto no ocurre, la distinción se convierte en contraposición y la institución monárquica no puede sobrevivir.  

Dicho de otra manera: justamente porque la monarquía es una magistratura hereditaria, porque el monarca no puede ser desalojado de la Jefatura del Estado cada cuatro años, es por lo que la exigencia de su aceptación cotidiana por la opinión pública se hace todavía más necesaria que respecto de las magistraturas elegidas. 

El elemento personal, el factor humano, que es del que se pretendía hacer abstracción al instaurar la monarquía como forma de Estado y del que de hecho se ha venido haciendo abstracción hasta hace bien poco en los Estados monárquicos europeos, se ha convertido en un elemento de importancia capital en estos últimos años.  

Aquellas monarquías en las que los miembros de la dinastía reinante no saben estar a la altura de lo que la opinión pública espera de ellos, van a tener enormes dificultades para subsistir. La monarquía, como la nación en la famosa definición de Renan, se está convirtiendo en el Estado democrático de nuestros días, en un plebiscito permanente. 

Este es el problema con el que tiene que enfrentarse la monarquía española, a pesar del enorme esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno, la mayoría parlamentaria con la colaboración de los servicios jurídicos de las Cortes Generales, el Tribunal Supremo y ya veremos si también el Ministerio Fiscal, para evitar que tenga que hacerlo.  

Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII (Primo de Rivera y Francisco Franco), Juan Carlos I. ¿Justifica la conducta de todos ellos que la monarquía siga siendo la forma política del Estado español? ¿Puede descansar en dicha conducta la justificación de que Felipe VI ocupe la Jefatura del Estado? ¿Es posible encontrar otra justificación? 

Se mire la cuestión por el lado que se la mire, la conclusión es la misma: únicamente mediante la celebración de un referéndum se puede decidir la forma política del Estado.  

(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla  

https://www.eldiario.es/contracorriente/monarquia-opinion-publica-necesidad-referendum_132_6094208.amp.html