PALMA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro,
ha acordado examinar si en el tracto registral y escrituras de las
fincas cuya venta por 1,4 millones de euros Hacienda atribuyó
inicialmente a la infanta Cristina, figura la hija del Rey Don Juan
Carlos como adquirente o transmitente de las mismas, tras haber recibido
la documentación que este lunes solicitó a cuatro Registros de la
Propiedad.
Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado da cuenta
así de los escritos recibidos por parte de los Registros de Alicante,
Pilar de la Horadada (Alicante) y Arenys de Mar (Barcelona) y acusa
recibo del de Almagro (Ciudad Real), mientras que también le ha sido
aportada información por parte del Consejo General del Notariado.
Más en concreto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de
Palma quiere conocer si entre las sucesivas titularidades de los solares
la Infanta aparece con tal identidad, con parte de ella, con sólo su
tratamiento o bien únicamente con su DNI.
En un informe notificado el pasado viernes a las partes, la Agencia
Tributaria señalaba que la mujer de Iñaki Urdangarin había vendido los
terrenos por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y
2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros
de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la Barcelona. Un extremo
que la hija del Rey Don Juan Carlos ha negado a través de un portavoz
autorizado.
Es más, el Ministerio de Hacienda ha hecho público este martes un
comunicado en el que apunta a un "error en la imputación de
transmisiones de inmuebles a la Infanta Cristina", que achaca al hecho
de que la información recibida por Hacienda "figura atribuida a un DNI
que coincide con el suyo".
De hecho, precisa que la Agencia no comprobó ni verificó los datos
que remitió al juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud
de información. Además, subraya que "la información corresponde a
ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal
de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa".
El informe de Hacienda señalaba que de la información aportada por
notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el
periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012, sino que las ventas se
concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con
su marido el denominado Palacio de Pedralbes en Barcelona, en octubre de
2004.
Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en la zona de la Playa de
San Juan, de Alicante. Una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000
euros. A finales de ese año, en el mes de noviembre, se registraron
hasta cinco ventas de diferentes fincas ubicadas en Valenzuela de
Calatrava (Ciudad Real). Concretamente vendió propiedades por 910 euros
(finca denominada Lavaderos), 5.725 euros (Los Pocillos), 2.636 euros
(Lomillas), 46.500 euros (finca en la Calle Los Carros) y 843 euros
(Cerro de la Cruz).
El año siguiente, en 2006, el informe reflejaba que Doña Cristina
vendió en marzo de 2006 una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000
euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes,
unos días más tarde.
Estas últimas son las que más ingresos le habrían reportado. Vendió
concretamente por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara
y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas.
Las tres restantes fueron más baratas, aparecen reseñadas con un precio
de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por
50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una última por
149.000 euros una última reseñada igualmente en Los Villenas.
Declaración de Montoro
El ministerio de Hacienda ha hecho público hoy un comunicado en el que asegura que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la Infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo".
Asimismo, explica que la Agencia no comprobó ni verificó los datos que remitió al Juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información. Además, subraya que "la información corresponde a ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa".
Hacienda afirma que la Agencia Tributaria tiene el máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse por lo que, a estos efectos, va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información.
En todo caso, resalta que la información que se utiliza para la asistencia a los contribuyentes (por ejemplo, borradores de Renta) tiene el máximo nivel de calidad puesto que es objeto de sucesivos contrastes y depuraciones.
El ministerio que dirige Cristobal Montoro explica que los datos que la Agencia Tributaria remitió al Juez Castro son los que figuran en sus bases de datos, que son proporcionados por terceros, y se enviaron en respuesta a la petición recibida el 31 de mayo.
Añade que estas peticiones de información de Juzgados y Tribunales son habituales y la Agencia Tributaria tiene obligación de cumplimentarlas en virtud del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo su objeto poner a disposición de la Justicia los datos que le constan para su ulterior comprobación y valoración.
Insiste que en respuesta a estas peticiones se remite un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años y que es solicitada para ser remitida en plazos muy breves. Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaria, recuerda que "anualmente se reciben y procesan más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes".
Por último, dice que la Agencia Tributaria sigue prestando al Juez el auxilio judicial para el que tiene designados a dos funcionarios, y en él se podrán clarificar todos los extremos que el Juez considere necesario aclarar, además de que en fechas próximas remitirá los informes solicitados y aún pendientes de remisión.
Declaración de Montoro
El ministerio de Hacienda ha hecho público hoy un comunicado en el que asegura que "el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a la Infanta Cristina es consecuencia de que la información recibida por la Agencia Tributaria figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo".
Asimismo, explica que la Agencia no comprobó ni verificó los datos que remitió al Juez porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información. Además, subraya que "la información corresponde a ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa".
Hacienda afirma que la Agencia Tributaria tiene el máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse por lo que, a estos efectos, va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información.
En todo caso, resalta que la información que se utiliza para la asistencia a los contribuyentes (por ejemplo, borradores de Renta) tiene el máximo nivel de calidad puesto que es objeto de sucesivos contrastes y depuraciones.
El ministerio que dirige Cristobal Montoro explica que los datos que la Agencia Tributaria remitió al Juez Castro son los que figuran en sus bases de datos, que son proporcionados por terceros, y se enviaron en respuesta a la petición recibida el 31 de mayo.
Añade que estas peticiones de información de Juzgados y Tribunales son habituales y la Agencia Tributaria tiene obligación de cumplimentarlas en virtud del deber de colaboración establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo su objeto poner a disposición de la Justicia los datos que le constan para su ulterior comprobación y valoración.
Insiste que en respuesta a estas peticiones se remite un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años y que es solicitada para ser remitida en plazos muy breves. Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaria, recuerda que "anualmente se reciben y procesan más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes".
Por último, dice que la Agencia Tributaria sigue prestando al Juez el auxilio judicial para el que tiene designados a dos funcionarios, y en él se podrán clarificar todos los extremos que el Juez considere necesario aclarar, además de que en fechas próximas remitirá los informes solicitados y aún pendientes de remisión.
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