PALMA DE MALLORCA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, ha culminado las investigaciones en torno a la Infanta Cristina nueve meses después de que la imputase por primera vez, en aquella ocasión al sostener que, sin su intervención, Iñaki Urdangarin
no habría podido lucrarse con los fondos que el Instituto Nóos percibió
de las Administraciones públicas.
Una tesis desechada posteriormente
por la Audiencia Provincial de Baleares, que en cambio dejó abierta la
vía para que la hija del Rey fuese investigada por supuestos delitos
fiscales y de blanqueo de capitales a través de la sociedad Aizoon.
Castro (Córdoba, 20 de diciembre de 1945), el juez que más tiempo
lleva al frente de un Juzgado de Instrucción en Baleares y situado en el
puesto 216 del escalafón de la carrera judicial, ha dado un nuevo paso
en el marco del caso Nóos al imputar por segunda vez a la hija menor de
Don Juan Carlos y Doña Sofía, dando respuesta de este modo a las
instrucciones del tribunal de la Sección Segunda, que el pasado 7 de
mayo instaba a poner término a las pesquisas relacionadas con la Infanta
"en aras de evitar mayores especulaciones", acordando el archivo de las
actuaciones judiciales o acordando su encausamiento por la supuesta
comisión de un delito contra Hacienda o de blanqueo.
La Audiencia daba entonces por cerradas las investigaciones sobre
una supuesta participación de la Infanta en la trama "criminal" que
tanto Urdangarin como su exsocio Diego Torres
habrían urdido al frente de Nóos tendente a apropiarse ilícitamente de
fondos públicos. El 3 de abril, el juez Castro la había imputado por
considerarla cooperadora necesaria de la actuación presuntamente
delictiva desplegada por su marido, si bien la decisión fue recurrida
por la Fiscalía Anticorrupción y el tribunal archivó el encausamiento
alegando que el hecho de que Doña Cristina figurase como miembro de la
junta directiva de Nóos carece de trascendencia penal.
Aún así, la Sala, integrada por los magistrados Diego Gómez-Reino
como presidente, Juan Jiménez y Mónica de la Serna -los mismos que
deberán pronunciarse en caso de que esta segunda imputación sea
nuevamente recurrida-, dejó en el aire la inculpación de la Infanta por
supuestamente haber defraudado al fisco y ante la posibilidad de que
hubiera participado en el lavado de los fondos que de forma ilícita
habría percibido Aizoon del Instituto Nóos, con el posible conocimiento
por parte de la Duquesa de Palma del origen delictivo del dinero.
Pero antes de que Castro viera indicios de delito en la actuación de
la Infanta tanto al frente de Nóos como de Aizoon, de la que es
copropietaria al 50 por ciento junto a Urdangarin, el juez ya había
puesto la lupa, tres años antes, sobre la actividad presuntamente
irregular de este entramado empresarial. Y es que fue a principios de
2010 cuando, en el marco del conocido como caso Palma Arena, comenzó a
interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas
(2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que
el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la
entidad percibió 2,3 millones de euros públicos.
El nombre de Nóos salió a relucir en unas pesquisas centradas, entre
otras numerosas cuestiones, en el destino que el Ejecutivo balear dio
realmente a millonarias partidas que bajo el mandato de Matas -sobre
quien pesan dos condenas por corrupción al frente del Govern- salieron
de las arcas públicas. Junto a los denominados Illes Balears Forum
adjudicados a Nóos, en manos de Castro también se encuentran pertinaces
investigaciones en torno al presunto desvío de 1,2 millones de euros en
el anteproyecto de un palacio de la ópera de Palma que fue encargado al
arquitecto Santiago Calatrava y de más de 50 millones en la construcción
del velódromo Palma Arena.
De hecho, el caso bautizado con el nombre de la considerada
infraestructura estrella del PP arrancó en agosto de 2009 con la
detención del exdirector general de Deportes del Govern y medallista
olímpico José Luis 'Pepote' Ballester, del exportavoz 'popular' en el
Ayuntamiento de Palma Rafael Duran y de tres empresarios que habrían
intervenido en las presuntas irregularidades que derivaron en el
sobrecoste del velódromo, inicialmente presupuestado en cincuenta
millones de euros, que al término de las obras se vieron incrementados
en unos 110 millones.
Precisamente, el juez Castro, que recaló en Mallorca en 1985 y más
en concreto en el Juzgado de lo Social número 2 de Palma, para ser
posteriormente nombrado, en 1990, titular del Juzgado de Instrucción nº 3, en el que permanece desde entonces, indaga la relación que
existiría entre la malversación de fondos producida durante la
construcción del velódromo, el enriquecimiento supuestamente ilícito de
Matas y el elevado tren de vida que llevó mientras era máximo mandatario
de la Comunidad Autónoma, y la financiación presuntamente irregular de
la que se habría beneficiado el PP balear.
Con todo, el magistrado, cuyo Juzgado aglutina las principales
causas de corrupción política y económica que se instruyen en Baleares,
ha tenido ante sí, a lo largo de interrogatorios que se han prolongado
hasta durante tres días y que en ocasiones han finalizado a altas horas
de la madrugada, al propio Matas, a varios de sus exconsellers, a
Santiago Calatrava, a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al asesor
externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero, al
secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga y, en dos
ocasiones, a Iñaki Urdangarin.
La próxima cita la tiene fijada el sábado 8 de marzo, a las 10.00
horas, jornada en la que ha señalado la declaración como imputada de la
Infanta Cristina. Un interrogatorio cuya celebración quedará a expensas
del recurso que previsiblemente interpondrán los abogados de la hija del
Rey y en consecuencia, nuevamente, del pronunciamiento de la Audiencia
Provincial.
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