PALMA DE MALLORCA.- La Policía Nacional ha remitido este martes
al juzgado de guardia las investigaciones llevadas a cabo hasta el
momento sobre el vídeo que fue filmado durante la declaración de la
Infanta Cristina, grabación que fue realizada en el interior de la sala
donde compareció la Duquesa de Palma a pesar de que el juez José Castro
había prohibido expresamente que se introdujeran dispositivos de
grabación dentro de la dependencia.
Así lo han informado fuentes judiciales, que han precisado que las
pesquisas de la Jefatura Superior de Baleares han recaído en el Juzgado
de Instrucción nº 11 de Palma, cuyo titular es el juez Manuel
Penalva, si bien deberán ir a turno de reparto para que otro juzgado de
instrucción de los doce que hay en la capital balear se encargue del
asunto.
De este modo, las indagaciones en torno a lo sucedido durante la
comparecencia de la hija del Rey don Juan Carlos ya se encuentran
judicializadas y, a partir de ahí, podrán adoptarse las medidas
oportunas sobre estos hechos.
En su escrito, la Policía solicita diversas diligencias de
investigación, entre ellas la averiguación de los pormenores de la
difusión del vídeo a través de la empresa de 'streaming' Wouzee, que
permite compartir y publicar este tipo de grabaciones, según han
señalado fuentes policiales.
Junto a estas pesquisas ha sido aportado el auto en el que el juez
Castro prohibía acceder a la sala con ordenadores, móviles u otros
aparatos que permitieran grabar, mientras que en él se recoge asimismo
la orden verbal que el magistrado dio este domingo al jefe superior de
la Policía a fin de que abriera una investigación inmediata para
averiguar el origen de la imagen publicada el sábado por el diario 'El
Mundo' que se tomó dentro de la sala de vistas.
Por su parte, el decano del partido judicial de Palma, Francisco
Martínez Espinosa, anunció este lunes la apertura de diligencias previas
contra la persona que filtrase la fotografía y el vídeo, y atribuyó lo
sucedido a un fallo del sistema por cuanto la persona en cuestión logró
acceder al edificio judicial con un dispositivo que permitiera la
grabación.
Según fuentes jurídicas, esta
conducta podría constituir un delito de desobediencia a una resolución
judicial, por cuanto el juez Castro había prohibido que ninguna persona,
durante la declaración de la Infanta, accediera al interior del
edificio judicial de Via Alemania con móviles, 'tablets', ordenadores
portátiles o cualquier otro dispositivo apto para la captación de
imágenes o sonidos. Una medida que también se aplicó él mismo así como
los fiscales anticorrupción.
Con esta medida, el magistrado buscaba asegurar que ninguna
grabación, ni de imagen ni sonido, se obtenga "fuera de los cauces
habilitados para ello". El desacato de esta advertencia podría conllevar
la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de
Abogados en el que esté inscrito el autor de los hechos, o su expulsión
del mismo, además, a nivel penal, de ser castigado con pena de multa e
inhabilitación.
El propio Castro manifestó este lunes tener "sospechas" de quien
ha podido ser el autor del vídeo grabado durante la declaración. "Tengo
una sospecha, pero no la puedo desvelar", destacó. Asimismo, el
magistrado consideró estos hechos como algo "incalificable".
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