El rey Felipe VI ha reconocido a través de un comunicado de la Casa Real que
tenía conocimiento desde hace tiempo, al menos más de un año, de las
cuentas offshore de su padre en el extranjero, amasadas con total
impunidad y que iba a ser el receptor de la fortuna corrupta.
El
envoltorio que se le ha dado al comunicado poniendo el acento en que
renunciará a la herencia -debería explicar como ya que el Código Civil
prohíbe la renuncia a la herencia futura (artículos 816 y 991)- y que
su padre, Juan Carlos I,
dejaba de percibir su asignación de los Presupuestos Generales del
Estado es la parte, digámoslo así, amable, de una noticia que deja
ante los ojos de todos los españoles la corrupción en la jefatura del
Estado durante décadas.
Si los españoles no estuvieran en el lógico estado de shock por el imparable avance del coronavirus y el confinamiento de la población, la
degradación moral en que ha entrado la monarquía española la haría
saltar por los aires. También, si los pusilánimes representantes de los
partidos del régimen -PSOE, PP, Cs y ahora Vox- hicieran simplemente su
trabajo en el Congreso de los Diputados en vez de oponerse a la creación
de comisiones de investigación como le habían instado los partidos
indeendentistas catalanes y vascos y, en este caso, también Podemos.
Felipe
VI intenta soltar lastre una vez la prensa internacional - la
de Suiza y la del Reino Unido, fundamentalmente- había dado muestras
suficientes de que no iba a dejar correr el asunto y pensaba proseguir
con nuevos escándalos en los próximos días. El escandaloso silencio de
la prensa oficialista española, tanto de Madrid como de Barcelona, ha
servido de bastante poco, ya que la prensa digital ha cubierto con
creces los compromisos del establishment mediático para camuflar la noticia en sus páginas de papel.
La opacidad no ha resistido más y la monarquía española ha despeñado
buena parte del poco crédito que tenía ante la sociedad española con un
comunicado que pone los pelos de punta. No estamos hablando de los elefantes en Botswana,
ni de los continuados devaneos en la vida privada de Juan Carlos I. De
algo que se pueda tapar con una disculpa pública.
Estamos hablando de
cómo se ha amasado una fortuna con presuntas comisiones ilegales, lo que
exige la intervención de la justicia y abrir en canal lo que ha sido
vox populi desde hace muchos años y no se ha querido abordar para
salvaguardar la institución.
En 2014 se forzó su abdicación; ahora, la
situación afecta a toda la familia, incluido el actual rey, Felipe VI,
que solo ha reaccionado cuando se ha conocido la información y no cuando
el tuvo conocimiento de ella. Un matiz más que signifcativo.
(*) Periodista y director de El Nacional
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