Como principio democrático hay que admitir la crítica a la Monarquía y al Rey; lo contrario, atentaría contra la libertad de expresión y contra la debida “higiene democrática” del país. Pero también hay que preguntar a quienes critican la institución monárquica cuál es su solución. Y aunque para muchos puede que hoy en día la respuesta sea fácil: otro régimen igualmente democrático, la Republica; quiero decirles no hay argumentos coherentes que lo sostengan.
Dando por sentado que la República es la alternativa habitual a la Monarquía (España, desde hace 150 años, cuando no ha sido una monarquía ha sido una República: del 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874 y del 14 de abril de 1931 al 1 de abril de 1939; pues para Franco, desde su llegada al poder, España fue un Reino), debemos preguntarnos qué ganamos los españoles con el cambio.
La respuesta es obvia: nada (salvo para los fanáticos); muy al contrario, probablemente perderíamos mucho.
A la hora de enumerar las diferencias entre la figura de un Presidente de República y un Rey al frente de una Monarquía Parlamentaria, me voy a centrar en las que considero fundamentales:
El carácter neutral y apartidista del monarca
Esto elimina, entre otras cosas, las tensiones entre la Jefatura del Estado y la del Gobierno derivadas de la posibilidad de “cohabitación”; que se da cuando el partido político del Primer Ministro (nuestro Presidente del Gobierno, al cambio) es de distinto signo que el partido que apoya al Jefe del Estado, sin olvidar que, incluso perteneciendo al mismo partido político se pueden tener visiones distintas de cuestiones de Estado o de otra índole. Además, si, como es más que probable, un Presidente de la República difícilmente se conformaría con tener solo las simbólicas competencias que tiene nuestro monarca, la situación podría complicarse. De hecho, así ha sucedido en países como Francia, Polonia o Portugal.
La estabilidad
La proporciona que el monarca tenga por oficio ser Jefe del Estado y qué a ello, y solo a ello, deba dedicar sus energías. Un Presidente de la República tiene que aprender el oficio y, posiblemente en un plazo de 12 años (suponiendo mandatos de 6 años y una reelección por término medio) le tendrá que suceder otra persona, que tiene que seguir el mismo proceso de aprendizaje. La continuidad en el cargo otorga, además, una experiencia en el orden interno y externo de la mayor importancia. Nuestro Rey conoce y es conocido por todos los líderes mundiales. Sin olvidar que su falta de adscripción política le permite hablar con menos recelo por parte de su interlocutor, del que seguramente éste tendría ante un Jefe del Estado de afiliación política de distinto signo.
El “oficio”
La Monarquía tiene una ventaja exclusiva: como ya se sabe quién puede suceder al monarca, los ciudadanos pueden exigir que esta persona, desde su infancia, se prepare para el cargo (como ha hecho nuestro rey, Felipe VI y está haciendo su heredera, la Princesa Leonor).
La imparcialidad
¿Un Presidente de la República representaría a todos los españoles por igual o se sentiría más proclive a apoyar a los que le dieron su voto y, más aún, a los que pueden volver a dárselo en caso de una posibilidad de reelección?
Lo humano es decantarse por lo segundo, tentación que nunca tendrá el monarca.
Pero aún hay más ventajas de la Monarquía española.
Una es la económica
Hay quienes piensan que no tener un monarca nos ahorraría todo lo que cuesta el mantenimiento de la Casa Real. Pero la realidad es otra. De una forma intuitiva y presuponiendo que la hipotética Presidencia de la República tuviese unas dimensiones administrativas semejantes a la de la Casa Real (poco creíble si tenemos en cuenta la tendencia a contratar “asesores” que tiene nuestros políticos), la diferencia esencial podría venir de los gastos de la familia Real, ajenos a los del monarca en sí. Pero como contrapartida, habría que mantener a varios ex-Presidentes (sueldos, gastos de representación, asistentes, escoltas, etc.)
Aunque las comparaciones no son fáciles, voy a intentar poner unos ejemplos esclarecedores, tomados, eso sí, con las debidas reservas.
En el año 2011 se presupuestaron para la Casa Real unos gastos totales de 8,4 millones de euros, a los que hay que sumar otros 5,9 millones para el euros; apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado; lo que supusieron 14,3 millones de euros (hay que tener en cuenta que en los últimos Presupuestos Generales de Estado estas cantidades son, incluso, ligeramente menores).
Además es una de las monarquías más baratas (en ese mismo años la británica costó a sus ciudadanos 42 millones de euros al año y la sueca unos 20).
Por otro lado, la República italiana, en el mismo periodo costó a los italianos 228 millones de euros y la Republica francesa 103 millones de euros.
En términos relativos, respecto al PIB, tomando como referencia el de 2018, los gastos de la Casa Real española rondan el 0,061%, mientras que los de la Presidencia de la República francesa están alrededor del 0,29% 1 .
Finalmente resaltar dentro del valor de la Monarquía española: la derivada de que el monarca esté fuera de la pugna política.
Si ya en España tenemos muchas elecciones, imagínense otro costoso proceso adicional, probablemente, cada 6 años, como ya se ha citado. No obstante, los partidarios de la República esgrimen como argumento principal a favor de sus tesis, que el hecho de que el Jefe del Estado no sea elegido periódicamente, le hace carecer de legitimidad. Pero esto no es más que un argumento endeble para justificar su postura.
En España, la figura del Rey tiene una clara legitimidad otorgada por las urnas.
Legitimidad que procede de la misma Constitución; la que millones de españoles votamos en 1978. En ese momento se decidió, entre otros aspectos, que se quería que España fuese un Reino (figura nada original en Europa, en la que existen otras siete monarquías parlamentarias: Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo y en todos estos países la Jefatura del Estado recae en un monarca, que es un cargo hereditario). En el fondo, la figura del Rey tiene tanta legitimidad democrática como la misma Constitución de 1978, en sí.
Además, el Rey no es inamovible.
En caso extremo, las Cortes Generales pueden, de conformidad con lo establecido en el art. 59.2 de La Constitución, proceder a reconocer su inhabilitación para el ejercicio de su autoridad; en cuyo entraría a ejercer inmediatamente la Regencia. Es decir, la figura del Rey y el ejercicio de sus funciones no escapan al control por el Poder Legislativo (donde reside la soberanía nacional, no se nos olvide), aunque rija el principio consagrado en el art. 56. 3 de nuestra norma suprema, según el cual “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, que tiene su “contrapeso” en la exigencia constitucional de que “sus actos estarán siempre refrendados (…), careciendo de validez sin dicho refrendo…”.
Respecto a la forma de organización que en su momento nos dimos como Estado al aprobar la vigente Constitución, es decir un Reino, también se prevé su posibilidad de cambio. La más radical, dotarnos de una nueva Norma Fundamental, se contempla en el artículo 168 de la Constitución (por cierto, que el artículo 169 establece que “no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116”, regulador de los estados de alarma, excepción y sitio).
Por todo ello, no podemos consentir que alguien con solo un puñado de votos, con unas ideas obsoletas y caducas, que sirven para sostener sistemas políticos corruptos, allí donde aún permanecen, quiera lanzar una idea de cambio "porque si"; porque él lo dice en nombre… ¿de quién? y, ¿con qué procedimiento?
En España tenemos un monarca preparado, con una sólida formación política, económica… con una gran conciencia social y con un innegable prestigio internacional que, si en principio heredó de su padre, tras casi 6 años lo ha consolidado por méritos propios. Tenemos un Jefe del Estado al que todos los mandatarios internacionales reciben (o atienden a sus llamadas telefónicas). ¿Alguien más en España puede decir lo mismo?
Se puede concluir que, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, todo son ventajas en mantener la Monarquía Parlamentaria como forma del Estado, más allá de ideologías políticas.
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