SAN SALVADOR.- El juez que lleva el caso de corrupción en el que está imputado Iñaki
Urdangarin, yerno del rey de España, podría embargar a la empresa
Aizoon, propiedad de este y de su esposa, la infanta Cristina, si
finalmente fija una fianza de casi 8.2 millones de euros ($10.4
millones).
Así lo informaron fuentes jurídicas, después de que el fiscal anticorrupción pidió una fianza civil por esa cantidad para Urdangarin y su exsocio Diego Torres, con el fin de cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por el llamado “caso Nóos”.
La fiscalía anticorrupción considera que ambos llevaron a cabo, mediante ese instituto supuestamente sin ánimo de lucro, una “actividad delictiva premeditada” para apropiarse de fondos públicos de los gobiernos regionales de Islas Baleares y Valencia.
Por ello, cree que procede decretar la responsabilidad civil directa del Instituto Nóos y de 10 empresas, porque se beneficiaron del fraude que se investiga.
Entre dichas empresas figura Aizoon S. L., la inmobiliaria que poseen a medias el duque de Palma y la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, y con la que gestionaban su patrimonio personal, según se recoge en el escrito presentado por la fiscalía anticorrupción al juez.
Aunque la fianza pedida asciende a 8.2 millones de euros, el fiscal calcula que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropiaron de alrededor de 6 millones de euros y desviaron el dinero al instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.
Así lo informaron fuentes jurídicas, después de que el fiscal anticorrupción pidió una fianza civil por esa cantidad para Urdangarin y su exsocio Diego Torres, con el fin de cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que les podrían imponer por el llamado “caso Nóos”.
La fiscalía anticorrupción considera que ambos llevaron a cabo, mediante ese instituto supuestamente sin ánimo de lucro, una “actividad delictiva premeditada” para apropiarse de fondos públicos de los gobiernos regionales de Islas Baleares y Valencia.
Por ello, cree que procede decretar la responsabilidad civil directa del Instituto Nóos y de 10 empresas, porque se beneficiaron del fraude que se investiga.
Entre dichas empresas figura Aizoon S. L., la inmobiliaria que poseen a medias el duque de Palma y la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, y con la que gestionaban su patrimonio personal, según se recoge en el escrito presentado por la fiscalía anticorrupción al juez.
Aunque la fianza pedida asciende a 8.2 millones de euros, el fiscal calcula que el duque de Palma, junto a su exsocio, se apropiaron de alrededor de 6 millones de euros y desviaron el dinero al instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.
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