jueves, 14 de febrero de 2013

El juez decano de Palma niega haber recibido sugerencias de la Casa Real

PALMA DE MALLORCA.- El Decano del Partido Judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha asegurado no haber recibido “sugerencias” procedentes de la Casa Real en cuanto a las medidas de seguridad que se pondrán en marcha con motivo de la declaración, el sábado 23, del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, aseverando que éstas serán “prácticamente” las mismas que las desplegadas en febrero del año pasado, cuando también fue citado en el marco del caso Nóos.

Así lo ha informado en declaraciones a los medios tras ser reelegido por unanimidad en su cargo (con 46 votos a favor), en las que ha incidido en que no se ha producido “ningún contacto” con la Casa Real en este sentido. Así, ha apuntado que “el planteamiento será el mismo” tanto para la comparecencia del marido de la Infanta Cristina como para la de su exsocio Diego Torres, prevista para este sábado.
Al respecto, el Decano de los jueces de Palma ha precisado que se establecerá el suficiente perímetro de seguridad para “evitar actuaciones inadecuadas”, mientras que también se desarrollará de forma similar el funcionamiento del edificio judicial, donde sólo podrán acceder personas del exterior en caso de que tengan que acudir al juzgado de guardia a interponer alguna denuncia.
En concreto, tanto Urdangarin como Torres han sido nuevamente citados a declarar por el juez José Castro después de que así lo solicitase la Fiscalía Anticorrupción ante el presunto fraude fiscal por valor de unos 470.000 euros en el que habrían incurrido en 2007 y 2008.
En un escrito de denuncia, el Ministerio Público apuntaba a la supuesta comisión de dos delitos fiscales por el impago del IRPF en 2007 y 2008 por parte del Duque y de un delito contra la Hacienda Pública en el Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de Nóos
Y es que, según la Agencia Tributaria de Cataluña, ambos habrían defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, mientras que Hacienda eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría defraudado el yerno del Rey Don Juan Carlos.

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