PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José
Castro, ha citado en calidad de testigos para el próximo 18 de marzo en
Madrid al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban
González Pons, y al asesor jurídico externo de la Casa Real y conde de
Fontao, José Manuel Romero. En concreto, el dirigente 'popular' ha sido
citado a las 18.00 horas, mientras que una hora después está prevista la
comparecencia de Romero.
Así lo ha acordado el magistrado
mediante un auto que acaba de ser notificado a las partes y mediante el
cual ha fijado para los días 18, 19, 20 y 21 la declaración de un total
de 35 testigos en Madrid y Barcelona. Mientras tanto, ha vuelto a
emplazar a declarar como imputado al presunto testaferro del Duque de
Palma, Iñaki Urdangarin, Mario Sorribas, por la presunta comisión de
delitos de prevaricación y malversación en relación a la preparación de
la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016.
En
concreto, Castro se desplazará los dias 18 y 19 a Madrid mientras que
el 20 y 21 viajará a Barcelona para interrogar al resto de testigos y a
Sorribas. Fue este jueves cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó un
escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma
para solicitar las anteriores comparecencias.
En el caso de
González Pons, el magistrado le ofrece la posibilidad en su resolución
de acogerse al artículo 412.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
(LeCrim), que permite a los diputados, así como a otros numerosos altos
cargos y autoridades, quedar exentos de acudir a las dependencias
judiciales -no de declarar-, pudiendo ser interrogados en su despacho
oficial.
Junto a González Pons y el Conde de Fontao, el día 18
también han sido citados, desde las 10.00 horas, otros de los supuestos
hombres de paja del Duque, José María Teviño y Robert Cockx; el
encargado de las relaciones entre la empresa Madrid 16 y la considerada
fundación sucesora del Instituto Nóos, Oscar de Lama; el director
general de la sociedad madrileña Antonio Fernández; también en
representación de esta empresa Beatriz Valencia.
Ya el día 19, a
partir de las 10.30 horas serán interrogados los representantes legales
de distintas empresas de las que Urdangarin fue asesor -Lagardère,
Havas, Pernod, Altadis y Seelinger y Conde-; Olga Cuquerella, presunta
empleada 'fantasma' de Aizoon y hermana de la secretaria personal del
Duque; el empresario Domingo Díaz de Mera; el exdirector del equipo
ciclista Illes Balears José Miguel Echavarri; Miguel Angel Fontán,
director comercial de Sofres; el presidente de Aguas de Valencia,
Eugenio Calabuig; y el responsable del Consorcio Valencia 2007, Jaume
Mata.
Ya el día 20, en Barcelona, están citados varios
exempleados de Aizoon, mercantil cuya titularidad Urdangarin comparte al
50 por ciento con la Infanta Cristina, así como el propio Sorribas,
mientras que el 21 comparecerán, entre otros testigos, representantes de
las empresas Mixta África y Aceros Bergara.
En el caso de
Romero, el magistrado justifica su citación en las declaraciones de
Urdangarin, su exsocio Diego Torres y del empresario Raimon Bergós, de
las que se derivaría que realizó trabajos de "mediación y asesoramiento"
-según la resolución- al Duque en relación a su posición en Nóos y la
Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), impulsada
presuntamente por ambos exsocios meses después de que, en 2006, el Rey
Don Juan Carlos ordenase a Urdangarin abandonar sus negocios.
Mientras tanto, de acuerdo a la numerosa documentación aportada por
Torres a la causa, el asesor externo de la Casa Real habría recomendado
al marido de la Infanta Cristina guardar las apariencias si seguía con
los negocios tras abandonar el Instituto Nóos.
No obstante, el abogado negó, en un comunicado,
haber prestado "asesoramiento jurídico" en los trámites de constitución
de la FDCIS más allá de haber aconsejado a Urdangarin que si quería
estar vinculado a ella se limitara a ser miembro de su consejo asesor,
nunca de su órgano de gobierno.
Romero sostenía así que su
intervención en relación a los negocios del Duque se limitó básicamente a
aconsejarle que hiciera una separación "entre las actividades
mercantiles y las relativas al fomento social del deporte", disolviera
la Fundación Areté que creó con Torres en 2006 al ser una "reproducción"
del esquema de Nóos y se limitara a figurar como miembro del consejo
asesor en la FDCIS.
En el caso de González Pons, el dirigente
'popular' ya fue citado a declarar por el juez en mayo del pasado año,
si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y quedó pendiente de
nueva fecha. En concreto, los investigadores quieren interrogarle en
torno al convenio rubricado el 23 de diciembre de 2005 con el Instituto
Nóos, en virtud del cual esta entidad se comprometía a colaborar en la
preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma como sede de la I
edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.
En concreto, en el convenio aparecen
plasmadas las firmas de González Pons en calidad de consejero delegado
de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la
Comunidad Valenciana, del exvicepresidente de la Generalitat Víctor
Campos y de Torres. El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de
euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin, si bien
finalmente acabó percibiendo, a través de la Presidencia de la
Generalitat, 382.203 euros.
Sin embargo, nada de lo que
contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de
asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países,
confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del
proyecto en foros internacionales-.
Recientemente, el juez
instructor del caso Nóos admitió la personación de la Generalitat
Valenciana en calidad de actora civil, de forma que, si bien no ejercerá
acciones penales contra los imputados de la causa, sí podrá reclamar
las cantidades que supuestamente fueron malversadas por el Instituto
Nóos en virtud del convenio rubricado.
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