PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José
Castro, ha incorporado a la causa las diez últimas declaraciones de la
renta del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, que la Agencia Tributaria
(AEAT) ha entregado al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, si bien
por el momento no ha unido al caso las de la Infanta Cristina a la
espera de resolver los recursos interpuestos contra esta diligencia.
Mediante una providencia, el
magistrado da cuenta de este modo a las partes de la documentación
entregada por Hacienda, tras solicitar a la AEAT las declaraciones de
los últimos diez años a petición del sindicato Manos Limpias, personado
como acusación popular. Una medida a la que se han opuesto tanto el
Duque como su mujer a través de sendos recursos de reforma.
En la resolución por la que cursó la solicitud a Hacienda, el juez
justificaba que el auto por el que imputó a la hija del Rey Don Juan
Carlos tenía "plena vigencia" de cara a acordar nuevas diligencias de
investigación en torno a la Infanta, por lo que nada impedía "que se
puedan llevar a cabo las que "se estimen oportunas".
No obstante, después de que la Audiencia Provincial de Baleares
haya estimado parcialmente los recursos de apelación presentados contra
el encausamiento de la Infanta, por lo que ha sido dejada sin efecto su
citación como imputada en el marco del caso Nóos, el juez no tiene
previsto adoptar por el momento ninguna resolución sobre la Duquesa de
Palma hasta no tener notificado el reciente auto del tribunal de la
Sección Segunda de la Audiencia.
Precisamente, en su última providencia, el juez reclama testimonio
de la decisión adoptada por el tribunal, que a su vez dejaba las
puertas abiertas a que la Infanta pueda ser investigada por presuntos
delitos fiscales y de blanqueo de capitales.
En su auto, el tribunal advertía de que "no resulta posible ni
aceptable investigarla indefinidamente", por lo que insta a Castro a
poner término a las pesquisas relacionadas con la hija del Rey Don Juan
Carlos "en aras de evitar mayores especulaciones".
En una extensa resolución, la Sala recalca incluso que ese cierre
de la investigación constituye "no sólo una exigencia para los derechos
que afectan a la Infanta como persona investigada", dado que "no es
admisible mantener una investigación permanentemente abierta, sino que
al mismo tiempo esta medida dotaría de "transparencia y posibilidad de
control a la actuación judicial".
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