PALMA DE MALLORCA.- La defensa de la infanta Cristina considera en un escrito
remitido al juez del Caso Nóos que una hipotética imputación de la hija
del Rey tendría lugar "sólo por ser Doña Cristina quien es y no por la
existencia de indicios objetivos" de delitos contra la Hacienda Pública y
blanqueo de capitales.
En un escrito de 30 páginas, los abogados de la
infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, argumentan que "no existen
motivos para proceder a dicha hipotética citación".
El documento dice que la infanta, desde la constitución de
la compañía en 2003, estuvo completamente al margen de la administración
de la misma, no tuvo ninguna intervención activa y "confió
absolutamente en la gestión de su esposo".
Los abogados lo han presentado ante el titular del Juzgado
de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, después de que este acordase en
una providencia del 9 de diciembre interpelar a la Fiscalía y a las
partes personadas para que se pronunciasen sobre la posible citación
como imputada de la esposa de Iñaki Urdangarin.
Ven prematuro el traslado a las partes ya que la
instrucción "parece tener pendiente de dilucidar cuál es el supuesto
hecho principal respecto del que se habría producido tal hipotética
participación", y recuerdan que la Audiencia de Palma supeditó la
imputación de la Infanta a la aclaración de las dudas sobre presuntas
irregularidades fiscales que creen que no han sido concretadas.
"Al menos eso es lo que muestra la inconcreción de los
hechos principales" de los que dependería la imputación, añaden los
letrados. Estructuran los argumentos de defensa en dos alegaciones: los
motivos por los que consideran que no existe indicio alguno de la
posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública, y una segunda
alegación donde dicen que tampoco puede sostenerse una imputación por
posible blanqueo de capitales.
Sobre el primer supuesto delito, sostienen que en ningún
momento de la instrucción ni en los "exhaustivos informes periciales" de
la Agencia Tributaria se encontraron indicios de fraude fiscal, ni como
tributaria directa, ni en cuanto a su responsabilidad respecto a la
mercantil Aizoon, cuya propiedad compartía con su marido al 50 por
ciento.
Creen que "no está ni mucho menos aclarado" que haya
indicios de fraude en el Impuesto de Sociedades por parte de Aizoon, y
se remiten a un informe de la Agencia Tributaria del 14 de noviembre que
concluye que las cantidades dejadas de ingresar por la mercantil en los
ejercicios de 2007, 2008 y 2009 en concepto de este impuesto en ningún
caso superarían los 120.000 euros por ejercicio, requisito
imprescindible para un delito fiscal.
En el caso de que se descartase un fraude en el Impuesto de
Sociedades y se entendiese que podría haberlo en cuanto al IRPF por
parte de Urdangarin, alegan que la mera condición de la Infanta como
socia de Aizoon "en absoluto cabe inferir la existencia de indicios de
una posible participación activa".
Sobre una eventual "cooperación omisiva" respecto a
Urdangarin, los abogados defienden que en ningún caso puede imputarse a
un socio responsabilidad penal por no vigilar al administrador de una
sociedad ni exigir informes o aclaraciones cuando no hay ningún tipo de
conflictividad. "Resulta absolutamente común que los socios que se
mantienen al margen de la gestión cotidiana de una compañía no tengan un
conocimiento detallado de los pormenores de la gestión social", alegan;
más aún -añaden- cuando la Infanta no tiene formación específica en
materia técnico-tributaria.
Sobre un posible blanqueo de capitales anterior a marzo de
2006, cuando la Infanta se desvinculó del Instituto Nóos, los abogados
resaltan el absoluto desconocimiento de la Infanta "acerca de las
actividades supuestamente ilícitas que se desarrollaban en Nóos" y, por
tanto, de que el dinero que el instituto transfirió a Aizoon pudieran
tener un origen delictivo.
En cuanto a los hechos posteriores a esta fecha, aseguran
que "todos los ingresos de Aizoon en dichos ejercicios provinieron de
empresas privadas distintas de Nóos", por lo que tampoco ven posible la
imputación por blanqueo de capitales después de marzo de 2006. Los
abogados Roca y Silva, además de insistir en que no ven motivos para la
imputación, piden al juez que en el caso de algunas de las partes la
solicite, antes de resolver al respecto, les traslade la demanda para
que tengan "la posibilidad de manifestar y fundamentar" su oposición.
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