MADRID.- El juez José Castro tiene previsto comunicar a partir de la próxima semana, tras la fiesta de Reyes, su decisión sobre si imputa o no a la Infanta Cristina en el "caso Nóos"
por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, una
decisión que de producirse vendría avalada únicamente por la acusación
popular, ejercida por Manos Limpias.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía
del Estado se oponen a este extremo al considerar que los indicios que
pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin
fundamento penal.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca
solicitó a todas las partes en la causa que se pronunciaran sobre la
posible citación de la Infanta en calidad de imputada y recibió los
informes correspondientes antes de tomar un descanso navideño, que ha
tomado entre el pasado 18 de diciembre y hasta fin de año. No obstante,
fuentes cercanas a su entorno apuntaron que su decisión sobre este
asunto no se dará a conocer hasta después de Reyes.
Cabe recordar
que el pasado mes de mayo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial
de Palma dejó sin efecto una primera decisión de Castro de imputar a
Cristina de Borbón, por lo que nunca llegó a recorrer la popular cuesta
de entrada a los juzgados de Palma como sí ha hecho su esposo, Iñaki
Urdangarín, y el resto de imputados en el "caso Nóos".
Únicamente
la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, solicita la
imputación de la Infanta. En su informe, el sindicato de funcionarios
asevera que la Duquesa de Palma sabía "perfectamente" de las posibles
ilegalidades que se cometieron a través del Instituto Nóos con los
fondos que éste percibió de las Administraciones valenciana y balear,
pese a lo cual, en lugar de "tomar precauciones, siguió disfrutando" del
dinero que, desde Nóos, acabó canalizándose a las cuentas de Aizoon, la
sociedad que comparte con Iñaki Urdangarin.
La citación de Cristina de Borbón
no es defendida por el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, que
presentó un extenso escrito ante el juez José Castro en el que recalca
que no pretende "ni por asomo" la imputación de la Infanta Cristina, si
bien aboga por que ésta pueda dar su versión de los hechos como ha
sucedido con otros encausados y pueda respetarse, de este modo, "el
principio de igualdad que proclama la Constitución Española en su
artículo 14".
Esta parte también señala en su escrito cómo alguno
de los documentos aportados a la causa "ponía de manifiesto que el
suegro de Urdangarin estaba al caso e intervenía", si bien considera
"una lástima que sea inviable preguntar" al Rey "sobre el particular",
debido a que "la vigente Carta Magna establece una excepción al
principio de igualdad" que alcanza al Monarca por cuanto, según el
artículo 56, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a
responsabilidad".
Pese a oponerse a la imputación, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach
deja las puertas abiertas a que la hija del Rey Don Juan Carlos pueda
ser condenada al pago de las responsabilidades civiles derivadas de
haberse lucrado presuntamente de los fondos ilícitos recibidos por
Aizoon, mercantil propiedad de los Duques que recibió ingentes
cantidades del entramado Nóos --abastecido a su vez con los fondos
públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana--.
El fiscal, que
presentó un primer escrito antes de ser emplazado por el juez y un
segundo documento tras la petición de Castro, defiende en ambos la
inexistencia absoluta de indicios de criminalidad por parte de la mujer
de Urdangarin, a pesar de que las pesquisas apuntan a que el dinero que
de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó
en la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del
matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible
conocimiento del origen delictivo de los fondos por parte de la Infanta.
Por
su parte, la defensa de la Infanta, que también fue emplazada a
presentar sus escrito, señaló que una hipotética imputación de la hija
del Rey tendría lugar "sólo por ser Doña Cristina quien es y no por la
existencia de indicios objetivos" de delitos contra la Hacienda Pública y
blanqueo de capitales.
Considera la defensa de Cristina de Borbón
que "no está ni mucho menos aclarado" que haya indicios de fraude en el
Impuesto de Sociedades por parte de Aizoon, y se remiten a un informe
de la Agencia Tributaria del 14 de noviembre que concluye que las
cantidades dejadas de ingresar por la mercantil en los ejercicios de
2007, 2008 y 2009 en concepto de este impuesto en ningún caso superarían
los 120.000 euros por ejercicio, requisito imprescindible para un
delito fiscal.
Sobre una eventual "cooperación omisiva" respecto a
Urdangarin, los abogados defienden que en ningún caso puede imputarse a
un socio responsabilidad penal por no vigilar al administrador de una
sociedad ni exigir informes o aclaraciones cuando no hay ningún tipo de
conflictividad.
Respecto del posible blanqueo de capitales
anterior a marzo de 2006, cuando la Infanta se desvinculó del Instituto
Nóos, sus abogados resaltan el absoluto desconocimiento de Cristina de
Borbón "acerca de las actividades supuestamente ilícitas que se
desarrollaban en Nóos" y, por tanto, de que el dinero que el instituto
transfirió a Aizoon pudieran tener un origen delictivo.
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