MADRID.- La asociación de jueces Francisco de Vitoria, la segunda
mayor de la carrera judicial, considera "lógico" que la infanta Cristina
tenga el 8 de febrero "un trato diferente" en su llegada al juzgado de
Palma para declarar en el 'caso Nóos', tanto por razones de seguridad
como por ser miembro de la Familia Real.
"El famoso paseíllo de la
infanta en los juzgados es un tema accesorio porque la igualdad de trato
de los ciudadanos ante la justicia es de puertas hacia dentro de un
tribunal, nunca de puertas hacia fuera", ha dicho el juez Marcelino
Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria.
Para Sexmero, "de puertas hacia fuera" del tribunal es la
propia sociedad y la opinión pública "la que trata de forma diferente a
los ciudadanos, no el juez o el tribunal, que trata siempre por igual a
todo el mundo".
"Lo que debe interesar -ha opinado- es si la infanta o
cualquier político que entra por la puerta de un juzgado es tratado
dentro con la misma igualdad que cualquier ciudadano, no por cómo entra o
accede desde la calle, que en virtud de sus circunstancias políticas o
personales es diferente a cualquier ciudadano".
En todo caso, según Sexmero, no hay que olvidar que la
infanta como miembro de la Casa Real no pierde esta condición "por el
hecho de que sea llamada como imputada", y por lo tanto, está sometida,
como siempre, a una seguridad especial. "Esa cualidad de miembro
protegido no la pierde por ser llamada como imputada. Es lógico que por
razones de seguridad se le pueda dar un trato diferente al de cualquier
ciudadano. Lógicamente ese trato es antes de entrar en el juzgado, en la
calle", ha afirmado.
Además, según Sexmero, cualquier ciudadano tiene derecho a
que el juez le proteja en su imagen para evitar el escarnio público o el
linchamiento, "y eso no solo porque sea la infanta o un político, sino a
cualquier ciudadano".
En opinión del portavoz de Francisco de Vitoria,
ese trato diferente en virtud de los hechos o la persona implicada en
una investigación judicial "ya existe", pues de hecho en algunos casos
el juez tiene que proteger a algunos imputados "por razones de seguridad
y para evitar el escarnio y el linchamiento".
Francisco de Vitoria, la primera asociación que salió
recientemente en defensa del juez Castro ante los ataques que recibió
por imputar de nuevo a la infanta, ha denunciado que las presiones
vengan desde la Fiscalía, cuando su misión es la defensa de la
legalidad.
"Da la sensación -ha sostenido Sexmero- de que en algunos
casos mediáticos como este, el ministerio fiscal está actuando con
criterios políticos. Lo rechazable es el tono del fiscal, que use
expresiones en los escritos que sean desconsideradas contra el juez,
acusando poco menos de prevaricación, o incluso acusándole de estar
medio loco, con teorías conspiratorias".
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