miércoles, 2 de julio de 2014

Ratifican el archivo de una querella contra Juan Carlos I

MADRID.- La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación contra el archivo de una querella contra Juan Carlos I basada en el contenido del libro de la periodista Pilar Urbano "La gran desmemoria" sobre el intento de golpe de Estado del 23F.

La sección segunda de la Sala de lo Penal ha tomado esta decisión al entender que no puede acoger ninguno de los motivos en que se justifica el recurso que aludía al carácter de investigables de los hechos, aunque hayan prescrito, y a la pérdida de la inviolabilidad de Juan Carlos I ligada al cargo como consecuencia de su abdicación.

En el auto, la sala considera que no existen "elementos mínimamente fiables y verosímiles que permitan entablar una investigación criminal".

Añade que el relato de Urbano "de ninguna manera" puede ser tenido "como material indiciario suficiente, ya que ni en sí mismo es fuente de información ni contiene un acopio de indicios válidos y suficientes para los fines procesales pretendidos".

Respecto a la apertura de una investigación, la sala considera la prescripción del delito, admitida por el recurrente, como un "avatar sustantivo absolutamente impeditivo no solo de una pena sino también de la instauración de un proceso penal".

La querella fue presentada por el abogado José Luis Mazón, representante del partido político Soberanía, que recurrió ante la Sala la decisión que adoptó el pasado 8 de mayo el juez Santiago Pedraz de no admitir a trámite la querella contra el entonces Rey Juan Carlos y el expresidente Felipe González, basada en el contenido del libro de Urbano.

Posteriormente, y tras hacerse pública la abdicación del Rey, Mazón pidió a Pedraz ampliar la querella para que se tuviera en cuenta la nueva situación en la que quedaba Juan Carlos I.

Pedraz respondió el pasado 5 de junio que "hasta que las Cortes Generales no aprueben la Ley Orgánica que regule la abdicación del rey Juan Carlos I, su situación institucional y procesal no se ha modificado", por lo que Mazón también recurrió ante la Sala esta decisión.

Soberanía también solicitaba dicha ampliación respecto al exdiputado socialista y exdefensor del pueblo Enrique Múgica, así como el exdiputado de IU Ramón Tamames, que el juez Pedraz también rechazó.

En la querella se acusaba al Rey y a Felipe González de un delito de rebelión por formar parte de "una trama civil" que se encontraba detrás del 23F, y se denunciaba que el juicio por el intento de golpe de Estado "se cerró en falso".

Según sostenía en su querella Mazón, del libro de Urbano se desprende que existió una trama civil en el 23F que "pasó desapercibida y resultó impune porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey".

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