PALMA DE MALLORCA.- El juez José Castro ha ofrecido a la Infanta Cristina y al resto de acusados del caso Nóos la posibilidad, "que no obligación",
de que soliciten que les sea comunicada en persona la apertura de
juicio oral contra ellos. Un trámite que, no obstante, el magistrado
considera "absolutamente innecesario" y que generaría además "cuantiosos
gastos en el despliegue de medidas de seguridad" y un efecto
"dilatorio" de la causa.
Así lo pone de manifiesto en una
providencia dictada este lunes, después de que el exsecretario de
Turismo de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, acusado en el caso
Nóos, haya solicitado ser informado personalmente de las peticiones de pena formuladas por
las distintas acusaciones, del auto de apertura de juicio oral y de los
requerimientos de fianza a los que los inculpados deben hacer frente.
En
su resolución, Castro señala que se trata de un "debate" que "hubiera
deseado evitar", al apuntar que los acusados cuentan en la causa con
abogado y procurador a través de quienes ya les ha sido notificada la
anterior documentación, por lo que subraya que no es "imprescindible" que esa información "les tenga que llegar por un doble conducto".
De hecho, el juez considera "impensable" que los inculpados no estén informados
de las peticiones de condena a las que se enfrentan ante la
"trascendencia mediática" del caso, al tiempo que señala que la
notificación en persona "sometería a las personas afectadas a nuevos
seguimientos mediáticos y supondría un efecto dilatorio importante" en
el plazo para la presentación de sus escritos de defensa, que prevé
finalizar a finales de este mes.
En cualquier caso, ante la
hipótesis de que los acusados se vieran afectados por una situación de
indefensión y debido a ello se diera la posibilidad de que soliciten la
nulidad del caso, Castro les ofrece la opción de que requieran ser
informados en persona de las últimas notificaciones, al objeto además de
"conjurar hasta sus últimos extremos" esa posible indefensión.
Por
otro lado, Castro no prevé decidir hasta final de semana si admite o no
el recurso de apelación planteado por la defensa de la Infanta contra
el auto que dictó el pasado 22 de diciembre.
La
defensa de la infanta presentó el pasado viernes un recurso de
apelación de 24 páginas contra "determinados pronunciamientos" del auto
de apertura de juicio oral porque consideran que incurre en "excesos",
no se ciñe a lo estrictamente propio de este tipo de auto e incluye "una
materia que debe ser objeto de una resolución previa: la de la
legitimación procesal para solicitar la apertura de juicio oral".
El
equipo legal liderado por Miquel Roca y Jesus María Silva alegó falta
de legitimación de la acción popular ejercitada por Manos Limpias para
acusar por delitos contra la Hacienda Pública, en aplicación de la
llamada "doctrina Botín", y falta de fundamento y desproporción de la fianza acordada contra Cristina de Borbón (que el magistrado fijó en 2,7 millones de euros).
En el recurso pidieron al tribunal provincial que declare que la acción popular no es acusación particular y carece de legitimación para formular acusación por
los delitos contra la Hacienda Pública y que en consecuencia sobresea
las actuaciones respecto a Cristina de Borbón y, subsidiariamente,
indique que no cabe acordar la fianza impuesta.
Una
vez concluya el plazo para la presentación de los escritos de defensa,
Castro remitirá a la Audiencia Provincial de Baleares toda la causa, que
acumula más de 60 tomos, para su futuro enjuiciamiento, que
previsiblemente tendrá lugar a finales de este año. De este modo, el
caso entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad
--establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de
acusados--, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal
de la Sección Primera o de la Segunda.
Tras ello será fijada la
fecha para la celebración de la vista, cuyos interrogatorios estarán
centrados principalmente en cómo operaban las empresas que conformaban
el entramado de desvío de fondos públicos por el que Urdangarin y su
exsocio Diego Torres se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.
Entre
los testigos propuestos para el juicio se encuentran el
exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la
Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban
González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao,
José Manuel Romero.
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