MADRID.- El Convenio del Consejo de Europa sobre el
Acceso a los Documentos Públicos no obliga a España a excluir a la
Corona de la Ley de Transparencia que se está tramitando en las Cortes
Generales. El texto se limita a indicar que los países "pueden" no
incluir a sus Casas Reales entre las instituciones sometidas a este
control público.
"Los Estados interesados (...) pueden declarar que las
comunicaciones oficiales con la Familia Real y su Casa Real o jefe del
Estado también están incluidas entre las posibles limitaciones", versa
el texto de la declaración, tras desglosar
las posibles excepciones al acceso a los documentos públicos.
El Gobierno presentó en marzo del pasado año el anteproyecto de
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública, ya
que es uno de los pocos países europeos que no tienen en vigor una Ley
de Transparencia. Sin embargo, desde el principio excluyó de este marco a
la Casa Real argumentando que la monarquía "no forma parte del conjunto
de administraciones públicas".
Este viernes, la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya
Sáenz de Santamaría, confirmó que el Gobierno no tiene intención de
incluir a la Corona en la Ley de Transparencia y se remitió al Convenio
del Consejo de Europa, que "establece la no obligatoriedad de las casas
reales de estar sujetas a esta norma". Además, subrayó que no están
sometidas a este control "algunas de las más importantes de la Unión
Europea".
La inclusión de la Casa Real en la Ley de Transparencia ha sido
reclamada tanto por partidos políticos como por los ciudadanos en la
fase de consulta pública, así como por las asociaciones y fundaciones
expertas en la materia. La Ley de Transparencia se encuentra en
tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso, en la que
durante la última semana han intervenido diversos expertos para
trasladar sus recomendaciones a los diputados.
Los dos primeros invitados a estas ponencias, el presidente de
Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el miembro del
Comité Ejecutivo de esta misma ONG, Antonio Garrigues Walker, abogaron
por que la Casa del Rey, los partidos políticos y los sindicatos estén
sometidos a la Ley de Transparencia.
Aunque la vicepresidenta dejó cerrada la posibilidad de incluir a
la Casa Real, sí que abrió la puerta a la posibilidad de incluir durante
su tramitación parlamentaria a los partidos políticos siempre que haya
un acuerdo previo entre ellos.
El tratado europeo sobre el derecho a la información fue redactado
en noviembre de 2008 para su ratificación por parte de los países
miembros y establece unos criterios mínimos que los Estados deben
adoptar para garantizar el acceso a los documentos públicos.
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