Primero fue apartada del desfile militar del día de la Hispanidad
y luego de las fotos de verano en el Palacio de Marivent de Palma de
Mallorca, pero eso puede quedar en anécdota si se confirman las
informaciones de los principales cronistas reales. Una cita en la Zarzuela sirvió para que el Rey Juan Carlos le planteara un ultimátum a su hija la infanta Cristina. O Iñaki o nosotros. Así de claro.
Un extremo que ha sido negado por la Casa Real en boca de un portavoz, que ha señalado que ni don Juan Carlos ni nadie de la institución ha trasladado a la infanta ninguna indicación en este sentido.
Un extremo que ha sido negado por la Casa Real en boca de un portavoz, que ha señalado que ni don Juan Carlos ni nadie de la institución ha trasladado a la infanta ninguna indicación en este sentido.
Las informaciones aparecidas en los medios en los
últimos días aseguraban que el monarca le ha pedido a Cristina que elija
entre renunciar a sus derechos dinásticos o pedir el divorcio a su marido e imputado por el caso Nóos, Iñaki Urdangarín, antes del 16 de febrero. El día en el que Diego Torres, ex socio del duque de Palma, declarará de nuevo ante el juez.
En Zarzuela se teme que la declaración de este –que guarda importante y valiosa información- pueda comprometer y acorralar aún más a la infanta Cristina. Así que para ese día ella habrá tenido que elegir.
En caso de renunciar la infanta Cristina,
que es séptima en el orden de sucesión de la corona (detrás del
príncipe de Asturias y sus dos hijas, y de la infanta Elena y sus dos
hijos), quedará apartada de la lista.
Además de ella, sus hijos perderían sus derechos sucesorios, y dejaría de percibir la parte que le corresponde de los 375.000 euros que la Casa Real asigna cada año a las infantas, la Reina y la princesa Letizia.
¿Y cómo se tramita eso? Pues como quiera la Casa Real. Es decir, a día de hoy la falta de una Ley de la Corona conlleva que no esté regulado un procedimiento ni para la renuncia voluntaria ni para la exclusión. Eso obligaría a un análisis del artículo 57.5
de la Constitución Española, en el que se especifica que "las
abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que
ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley
orgánica".
En este último punto del artículo 57, se especifica claramente que
tanto la abdicación como la renuncia son "dos supuestos de pérdida de
los derechos regios", además de "actos voluntarios, personalísimos,
unilaterales, recepticios e irrevocables".
Así que el rey Juan Carlos podría pedir que se dictara una ley orgánica al efecto, muy corta, que se llevaría a votación por el Congreso de los Diputados mediante un trámite de urgencia.
Semejante situación es extraña en la realeza europea, aunque no es el único caso. El 16 de noviembre de 1936, Eduardo VIII convocó
al primer ministro Stanley Baldwin al palacio de Buckingham y le
expresó su deseo de casarse con Wallis Simpson, cuando esta obtuviera el
divorcio.
Un matrimonio moralmente inaceptable y opuesto a los principios de la
iglesia de Inglaterra, de la que él era Gobernador Supremo. Con ello se
propuso la solución alternativa de un matrimonio morganático, según el
cual podría mantenerse como rey, pero Wallis no se convertiría en reina.
Pero eso no gustó a Eduardo VIII quien abdicó un mes más tarde
alegando: " [...] me ha resultado imposible soportar la pesada carga de
responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey, en la forma en que
desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo". Si el amor de Cristina por Iñaki lo puede todo, la infanta podría aceptar ser una mujer plebeya para el resto de su vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario