PARÍS.- La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos, declara
el sábado como imputada por fraude fiscal ante un juez de Baleares, que
con su sorprendente convocatoria hizo temblar a la monarquía española.
En el despacho del juez José Castro, sentada frente al retrato de su
padre Juan Carlos, colgado en la pared, la menor de las hijas del rey de
España deberá explicar si pudo cooperar en los hechos que se imputan a
su marido, Iñaki Urdangarin, antiguo medallista olímpico de balonmano, de 46 años, sospechoso de haber desviado fondos públicos.
El magistrado, tras meses de trabajo, emitió el 7 de enero un auto de
227 páginas en el que convocó a Cristina a declarar. Su imputación cayó
como una bomba: muy protegida durante mucho tiempo, ahora cercada por
los escándalos, la monarquía española está descubriendo que ya no es
intocable.
A sus 76 años, tras 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un
rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones
de cadera. El catastrófico deterioro de su imagen se inició hace dos
años con el 'caso Urdangarin' y se agravó con una costosa escapada real a
Bosuana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió en una España
golpeada por la crisis.
Las disculpas presentadas entonces al país y el alejamiento de
Cristina y su esposo de las actividades oficiales de la Familia Real han
conseguido encauzar el problema y ya no es tabú hablar de una eventual
abdicación en favor del príncipe Felipe, que encarna a sus 46 años la
esperanza de la monarquía.
A lo largo de los meses, la investigación ha ido cerrando el círculo en torno a Cristina, mientras la Casa Real,
empantanada en el escándalo, admite querer acabar cuanto antes con lo
que su jefe, Rafael Spottorno, calificaba públicamente de "martirio".
El 'caso Noos', la empresa que presidía Urdangarin, "ha sido un
problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es
que al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", por
ser la primera vez que un miembro de la familia real "tiene que dar
cuentas ante la justicia", explica Ana Romero, corresponsal del diario
El Mundo en la Casa Real.
"El hecho de que fuera desimputada o que la
(primera) imputación no siguiera su curso porque fue parada por el
fiscal provocó en los españoles un rechazo generalizado", añade.
En efecto, en la primavera de 2013 una primera imputación había sido
anulada a petición de la fiscalía. El juez se orientó entonces hacia
unas sospechas de fraude fiscal y blanqueo, que la infanta habría
cometido a través de Aizoon, una sociedad en la que tiene el 50% de
participaciones con su esposo.
Un detallado inventario de gastos
Aizoon podría haber sido una de las empresas pantalla usadas para el
desvío de 6,1 millones de euros, del que es sospechoso Urdangarin, junto
con un socio, vía la fundación Noos, una empresa sin ánimo de lucro que
presidió entre 2004 y 2006. Cristina formaba parte de su dirección.
"Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente
se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la
aquiescencia de su esposa", escribió el juez Castro, pero para la
fiscalía "es imposible, dada la cuantía de los gastos personales, que la
cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros", a partir del
cual se considera delito en España.
Examinada en profundidad por el magistrado, la contabilidad de Aizoon
deja a la vista desde 2004 gastos dedicados a la renovación de la
residencia familiar por 436.703,87 euros, o de orden privado por
262.120,87 euros, que no habrían sido declaradas.
El juez hace un detallado inventario de los gastos personales
facturados a Aizoon, algunos anecdóticos, como una "factura de julio de
2009 por la compra de una vajilla (...) por importe de 1.741,55 euros,
(...) y de cuya conexión con las actividades de Aizoon SL que fue quien
la abonó y recepcionó (...) no resultará fácil convencer". O también "un
curso de baile de salsa y merengue prestado en el domicilio familiar" y
la "contratación de un 'cocktail' para 81 personas (...) al parecer
para celebrar el nacimiento de una de las hijas del matrimonio"... Estas
fiestas tuvieron lugar en el Palacete de Pedralbes, comprado por
Cristina y su esposo en 2004 en el mejor barrio de Barcelona y puesto a
la venta por 9,8 millones de euros.
La declaración de la infanta debería constituir el último episodio de
la instrucción abierta en 2010: el juez Castro podrá decidir entonces
si el 'caso Noos' desemboca en juicio oral o no.
No hay comentarios:
Publicar un comentario