PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro, el fiscal
anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía del Estado formularon hasta
un total de 1.063 preguntas a la Infanta Cristina, a lo largo de las siete horas que duró su interrogatorio como imputada en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma.
Así consta en su declaración, durante la cual el magistrado le interpeló hasta en 806
ocasiones, mientras que la Abogacía del Estado, personada en
representación de la Agencia Tributaria, lo hizo en 136 y el Ministerio
Público en 121.
A todas estas preguntas, la Duquesa de Palma respondió con hasta 579
evasivas sobre su papel al frente de Aizoon, sociedad de la que es
copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y en torno a la gestión del Instituto Nóos, entidad a través de la que su esposo y el exsocio de éste, Diego Torres, se apoderaron de 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.
Entre las imprecisiones en que incurrió la imputada, 412 veces dijo
"no lo sé" o "no sé" a las preguntas que le formularon durante el
interrogatorio, mientras que en 82 ocasiones aseguró "no lo recuerdo".
El resto de evasivas las saldó con 58 "lo desconozco", siete "no me
consta", siete "no lo sabía" y un "no tenía conocimiento", entre algunas
otras.
La Infanta declaró ante el juez Castro más de dos años después de
que su nombre apareciese en el foco de las investigaciones del caso
Nóos, prácticamente desde el momento en que, a finales de 2011, la
Fiscalía Anticorrupción apuntase a Aizoon como una de las empresas
'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los
fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones
públicas.
Pese a que las pesquisas dieron sus primeros pasos a principios de
2010, fue en noviembre de 2011 cuando estallaron definitivamente con el
registro de Nóos y de varias de las sociedades a él vinculadas. El hecho
de que la hija del Rey figurase como vocal en el Consejo de
Administración del Instituto y como socia al 50 por ciento de Aizoon,
comenzó a suscitar las sospechas de los investigadores en torno a hasta
qué punto era conocedora de las actividades supuestamente irregulares
desplegadas por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres.
Durante su declaración, la Infanta manifestó su plena confianza en
su marido, desmarcándose de sus negocios y desvinculándose totalmente de
la gestión de la mercantil Aizoon, participada por ambos en un
cincuenta por ciento. Sólo durante cinco horas fue interrogada por el
juez Castro.
Antes de ser imputada por un presunto delito fiscal y de blanqueo de
capitales, a lo largo de ocho meses fue llevada a cabo una intensa
investigación que conllevó el rastreo de todas las cuentas corrientes de
la Infanta, todos sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión,
activos financieros y depósitos, tanto a nivel nacional como
internacional, con la solicitud de numerosos informes a la Agencia
Tributaria, al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y a
registros de la propiedad.
Entre los datos arrojados por Hacienda, se encuentran los 698.824
euros a los que elevó el importe total que los Duques destinaron desde
Aizoon a la reforma del palacete de Pedralbes y a otros gastos
particulares. Sin embargo, hasta el momento la AEAT ha desvinculado a la
Infanta de presuntos fraudes a nivel fiscal y de blanqueo, lo que no ha
evitado que el juez Castro quisiera llegar al fondo del asunto con la
nueva imputación de la hija del Rey.
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