La fruta está madura y ya se ha generalizado un
sentimiento social de necesidad de cambio, mejor hablar de
"regeneración". El problema es que el tiempo está en contra. Hace
demasiado calor en el ambiente, y en la Casa Real pueden pasar de
tiempos de madurez a podredumbre.
¿Podredumbre en la Casa Real? Pobres... Tendrán
sus pecados pero es que son una buena cortina de humo para que otros se
escondan. Ahora pondrán el ventilador para manchar a toda la sociedad
empezando por la Jefatura del Estado. Así tratarán de justificar el
estado inmoral de toda la sociedad. Claro "ellos", como los demás.
A cada hora las cosas pintan peor por La Zarzuela... No están los tiempos para musicales.
El Príncipe debe sugerirle al Rey la abdicación. O
el mismo Rey debe preparar esa abdicación para un plazo breve. Mientras
tanto, Felipe debe identificar a aquellas personas, líderes, y sectores
sociales que deben protagonizar el cambio. Felipe debe impulsar la
"regeneración" del sistema. En ello le va la continuidad de la
monarquía.
El clima social está alcanzando temperaturas muy
altas, por el hartazgo sobre una clase política y empresarial depredadora
que ha llevado el país a la ruina.
El Rey Juan Carlos supo identifcar en los años
setenta a aquella generación del cambio, la que facilitó el final de la
dictadura y la llegada de la democracia y la Constitución. Esta, ya en
situación de reforma. El Príncipe debe repetir la misma maniobra en un
escenario distinto.
La pervivencia de la monarquía depende de su
alineación con el pueblo. Alfonso XIII ya cometió el error de equivocar
su posición y ya conocemos el resultado.
Es necesario abordar la reforma de la Constitución
para ajustar la Carta Magna a las necesidades actuales de la sociedad.
Hay que eliminar ciertos privilegios y simplificar el aspecto
autonómico.
Debe eliminarse la preferencia del hombre a la mujer
en la línea sucesoria a la Jefatura del Estado, y quizá sea el único
aspecto a figurar.
La Iglesia debe perder la preeminencia que tiene
para que no encuentre amparo para considerarse exenta de fiscalidad, y
poder escriturarse a sí misma. La consideración no confesional del
Estado español debe ser clara y efectiva. El Estado no debe ser el
pagador de las nóminas de los curas, ni su recaudador, ni quien les
subvenciona por delante y por detrás las reformas de sus instalaciones.
Un tratamiento excepcional a los Bienes de Interés Cultural (Catedrales,
etc...).
La financiación de los Partidos Políticos...
La desaparición de las Diputaciones Provinciales y del Senado.
El Tribunal de Cuentas: dotado de medios suficientes para inspeccionar y fiscalizar y denunciar los incumplimientos legales.
La reforma de la Justicia. Desaparición del indulto.
Reducción del tiempo en los procedimientos (el criterio "garantista" de
la justicia española no es sino la técnica procesal para dilatar los
procedimientos "ad eternam", utilizada en la mayoría de los casos para
escaparse de la acción de la justicia, y casi siempre va ligada a
delitos económicos y relacionados con la política.) La justicia lenta no
es justicia, pero si al final escapa el delincuente es ... "un
cachondeo".
Democratización de la Justicia. Es el único
estamento que aún tiene raíces en el franquismo. La politización de sus
órganos de gobierno deviene en un acuerdo entre los dos grandes partidos
que pactan su inmunidad (hoy por tí, mañana por mí). Al final se alejan
del sentimiento de la ciudadanía que no se ve protegida por quien en
última instancia debe impartir Justicia.
Código Penal. Tipificaciòn más clara y contundente sobre delitos de corrupción.
La Administraciones Públicas deben ejercer de
garantes y responsables de las haciendas públicas. Hay que encontrar una
vía penal para aquellos administradores, funcionarios, políticos, etc.
que en función de su actividad "pública" derrochan (roban). El ejercicio
público es inherente al cuidado de lo que es de todos. La justicia debe
ser especialmente dura, ejemplarizante, con aquellos que, incumpliendo
las normas (contratos a dedo, falta de concursos, o concursos amañados,
etc.) dilapidan o se benefician de los recursos públicos.
Este aspecto debe ligarse con elementos básicos para
el país: la educación y la sanidad. ¿Construir colegios y hospitales
para privatizar su gestión?, ¿contratos blindados donde se garantiza la
socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios?
Sobre las autonomías habría que dibujar un nuevo
marco. No tiene sentido que se mantengan vigentes dos formas de acceso a
la creación de una Comunidad Autónoma. Uno de los errores pasados fue
duplicar la puerta de acceso. En este ámbito debe garantizarse la
igualdad de los derechos de todos los españoles, en especial en la
sanidad y la educaciòn.
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