sábado, 16 de febrero de 2013

La Monarquía española vuelve a ser sacudida por los negocios del yerno del rey

MADRID.- Diego Torres es el nombre del quebradero de cabeza para la monarquía en España. Torres, es el ex socio del Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos y marido de la Infanta Cristina. En su declaración de este sabado 16 ante el juez que instruye el llamado caso "Instituto Noos", Torres ha involucrado a la hija del rey en este escándalo que lleva erosionando durante meses la imagen de la monarquía española ante la opinión pública.

El caso “Noos” es la investigación judicial impulsada por la Fiscalía anticorrupción sobre el desvío de más de 6 millones de euros públicos en favor de un entramado empresarial montado a la sombra del Instituto Nóos, la tapadera creada bajo la apariencia de una falsa entidad sin ánimo de lucro (como una ONG) por Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
La investigación intenta esclarecer cómo el dinero se entregó a cambio de trabajos inexistentes emitiendo facturas falsas para aparentar que el dinero era gastado. Además, los investigadores han descubierto movimientos de la trama en paraísos fiscales por grandes cantidades de dinero. Los principales delitos a los que se enfrentan Urdangarín, Torres y los principales políticos que entregaron los fondos son malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y tráfico de influencias.
La Infanta Cristina es la única de los cinco miembros de la Junta directiva de dicha organización que no está imputada por este caso, hecho criticado por buena parte de la opinión pública española al entender que existe trato de favor judicial hacia la hija del rey.
En su declaración de hoy ante el juez, Torres apunta a la Infanta señalando que “en Noos tomaban decisiones los 5 miembros de la Junta, incluída la Infanta” y apuntando que las órdenes que llegaban desde la Casa del rey eran las de “cubrir las apariencias”.
Torres también ha afirmado ante el juez que tanto la infanta Cristina como la casa real en general conocían que Urdangarin continuó con sus negocios, después de que en el año 2006 fuese instado a dejarlos por el monarca. La declaración de Torres se ha producido en medio de un gran dispositivo de agentes que han blindado los Juzgados de Palma de Mallorca, con casi un centenar de periodistas en las puertas, calles cortadas y seguridad hasta en las alcantarillas.
Varios sondeos elaborados a partir del estallido del caso coinciden en señalar que una buena parte de los españoles sería favorable a la abdicación del rey. Su sucesor, el príncipe Felipe, encuentra en todo este escándalo la mayor amenaza para la estabilidad de la institución en el futuro.

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