PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro,
esperará a tener en sus manos los dos últimos informes que espera
recibir de la Agencia Tributaria, otro de la Policía Nacional y diversos
datos bancarios relativos a la Infanta Cristina antes de pronunciarse
en torno a la imputación de la hija del Rey, por lo que, aunque la
Fiscalía Anticorrupción se haya adelantado a todas estas pruebas
oponiéndose al encausamiento, el magistrado quiere tener reunidos todos
estos datos antes de adoptar su decisión, según han confirmado fuentes
judiciales.
Así, una vez el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de
Palma analice toda la documentación, relacionada principalmente con las
salidas de fondos de la empresa Aizoon -mercantil propiedad de los
Duques de Palma que se nutrió con los fondos que de forma presuntamente
ilícita obtuvo el Instituto Nóos- decidirá si acuerda la imputación de
la Infanta por presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales, no sin
antes consultar a las acusaciones del caso Nóos.
El hecho de que el fiscal Pedro Horrach presentase este jueves un
escrito en el que apunta a la "inexistencia absoluta de indicios de
criminalidad", no varía de este modo las pretensiones del magistrado de
esperar a aunar todos los datos pertinentes a la mujer de Iñaki
Urdangarin, lo que se espera en breve, y dar traslado de los mismos a
las partes acusadoras del proceso.
En concreto, Castro está pendiente de que la AEAT le informe
acerca de si las salidas de fondos de varias cuentas de Aizoon corrían a
cargo de la hija del Rey para sus gastos personales, diligencia que
permitirá determinar el destino exacto que se dio a los fondos de la
empresa, y más en concreto si éstos fueron a parar a las obras de
rehabilitación del conocido como palacete de Pedralbes o a otras
atenciones personales y familiares de la hija del Rey.
Asimismo, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía
Nacional debe entregar sus últimos análisis en torno a las numerosas
facturas expedidas por Aizoon por encargos que se hicieron a distintos
proveedores que llevaron a cabo la reforma y el mantenimiento de la
vivienda barcelonesa de los Duques. Del mismo modo, el magistrado ha
solicitado a una entidad bancaria que remita información en torno a los
movimientos producidos en diciembre de 2006 y enero de 2007 en una
cuenta de ahorro titularidad de Iñaki Urdangarin y en la que tenía firma
autorizada la Infanta Cristina.
Y ello en relación a los 150.000 euros que, según información
bancaria incorporada a la causa, fueron traspasados, el 27 de diciembre
de 2006, desde Aizoon a la cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarin y
autorizada su mujer. Y es que, según los investigadores, el dinero que
de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó
en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos
particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar,
con el posible conocimiento del origen ilícito y delictivo de estos
fondos.
Entre estos gastos se encuentran los relativos a la adquisición y
montaje de hasta 72 muebles y elementos del hogar como estanterías,
butacas, sofás, mesas y cortinas de lujo para su uso personal, compras
que fueron cargadas a Aizoon por unos 139.000 euros. De la misma manera,
los Duques utilizaron esta empresa para alquilar tres estufas de
jardín, cuya instalación en su vivienda de Pedralbes coincidió con la
celebración del 40 aniversario del yerno del Rey y generó un gasto de
242 euros.
Las pesquisas van asimismo encaminadas a averiguar si la Duquesa
de Palma defraudó a la Agencia Tributaria, al facturar a Aizoon
servicios personales que nada tenían que ver con la actividad de la
empresa con el objetivo de reducir su tributación en la declaración del
IRPF. De hecho, la Audiencia Provincial sostiene que si Aizoon estaba
participada al 50 por ciento por la Infanta, no era más que una pantalla
y se constituyó con una finalidad defraudatoria, no se entiende que
sólo se atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).
Al respecto, la Audiencia, en el auto por el que dejaba las
puertas abiertas a que la Infanta fuese investigada por presunto delito
fiscal o de blanqueo, señalaba que ésta "debería saber o conocer que
Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para
defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se
refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos
ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
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