El juez que imputó a la infanta confía en que prospere su auto

MADRID.- El juez que ha imputado a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capital, que podría llevar a la primera declaración judicial de un miembro de la familia real española, dijo el miércoles que confía en que su decisión se vea avalada en otras instancias judiciales en el caso de que se recurra.

"Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no ya no lo sé", dijo José Castro a periodistas al ser preguntado sobre si cree que la Audiencia Provincial validará la imputación y si cree que la infanta declarará finalmente.

La Audiencia Provincial de Palma revocó el año pasado la anterior imputación de la infanta -aquella vez por posible connivencia con los presuntos negocios ilícitos de su marido, Iñaki Urdangarin-, considerando que no existían suficientes indicios incriminatorios.

Por el momento sólo la defensa de la segunda hija del Rey ha manifestado su intención de apelar la decisión del juez, que se emitió el martes en un extenso y contundente auto.

Las partes tienen ahora hasta el próximo miércoles para recurrir la decisión del magistrado, que pretende que la infanta declare ante él el próximo 8 de marzo.

La nueva imputación, que pedía la acusación popular del grupo Manos Limpias y a la que se opusieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado en noviembre, se produjo después de conocerse que la infanta y su esposo pagaron gastos personales con cargo a Aizoon, una empresa mercantil sin actividad que compartían al 50 por ciento.

Aizoon es una de las vías que usó Iñaki Urdangarin para desviar presuntamente parte de los 5,8 millones de euros de fondos públicos recabados en Baleares y la Comunidad Valenciana a través del instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que organizaba eventos deportivos y que estuvo presidida por Urdangarin.

En otro auto divulgado el miércoles, el juez Castro ha vuelto a citar a declarar como testigo al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps para el 1 de febrero.

Camps ya fue llamado a declarar como testigo en noviembre, pero no pudo ser localizado por el juzgado y se tuvo que aplazar su declaración.

El juez había pedido al Tribunal Superior de Justicia valenciano que investigara a Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dos pesos pesados del Partido Popular en esta comunidad, aunque el tribunal rechazó imputarlos en el caso Nóos.