PALMA DE MALLORCA.- El juez que instruye el caso Nóos, José Castro,
ha asegurado tras finalizar hoy las declaraciones de varios inspectores
de Hacienda, empresarios y un perito que "en principio" no prevé ningún
cambio respecto a la imputación de la infanta Cristina hasta que
comparezca a prestar declaración el próximo 8 de febrero.
Dos
inspectores de la Agencia Tributaria que han comparecido como peritos
han ratificado los informes que han elaborado durante la instrucción, en
los que apuntan indicios de delito fiscal por parte de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, pero no por parte de la infanta Cristina.
Han
explicado que no han apreciado delito fiscal en la actuación de la
duquesa de Palma en ningún momento, como tampoco respecto a la mujer de
Torres, Ana María Tejeiro, porque quien dirigía y gestionaba el
entramado empresarial era su marido.
Según fuentes jurídicas, los peritos han incidido en que no existe un delito fiscal en
el impuesto de sociedades de Aizoon, tanto si se tienen en cuenta como
deducibles tres facturas por importe de 69.990 euros, como si no se
aceptan como gastos.
Los inspectores consideran que Aizoon es una sociedad pantalla
que no existe como empresa autónoma, sino como parte del entramado
societario de Nóos, y que dichas facturas enmascaran el reparto de
ingresos al 50 % entre Urdangarin y Torres, llevado a cabo prácticamente
al céntimo entre ambos.
Han explicado que existe una equivalencia
precisa entre las facturas libradas entre las sociedades y los
incrementos patrimoniales de Urdangarin y Torres.
En caso de que Aizoon fuera considerada una entidad autónoma empresarial, debería tributar el alquiler de inmuebles, algo que sí llevó a cabo.
Los
peritos han señalado que no recibieron presiones durante la elaboración
de los informes sobre Aizoon y la infanta Cristina, han recordado que
trabajaban bajo las directrices del juez instructor y que de haber
recibido algún tipo de presión hubieran informado al magistrado porque
estaban bajo su tutela.
Sin embargo, el perito que elaboró un informe para el sindicato Manos Limpias,
que ejerce la acusación popular en esta causa, ha señalado que aprecia
indicios de un posible delito fiscal de la infanta como cooperadora
necesaria con su marido en el fraude en la tributación del IRPF.
Dicho
delito derivaría de que habría permitido a Urdangarin utilizar Aizoon
para cobrar ingresos personales como asesor de hasta siete empresas, que
debería haber declarado en su IRPF.
La letrada de Manos Limpias,
Virginia López Negrete ha denunciado a la salida de los juzgados el
"hostigamiento impresentable" al que, según su criterio, ha sido
sometido su perito, un técnico que ha ratificado el informe en el que se
atribuye a la infanta el papel de "administradora de hecho" de Aizoon.
"La infanta doña Cristina tenía una implicación en esa sociedad",
ha subrayado López Negrete, para quien "la posición de Castro es una
posición firme y no tiene por qué cambiar en absoluto, porque no han
cambiado las circunstancias, a pesar de lo que se pretenda por una
parte".
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