MADRID.- Iñaki Urdangarin quizás nunca llegue a estar acompañado de
su mujer en el banquillo de los acusados, pero desde luego que no va a
estar solo. Anticorrupción ultima ya el escrito de acusación del ‘caso
Nóos’ en el que, si no hay cambios de última hora o pactos
extraprocesales, pedirá el procesamiento de un total de 16 de los 41
imputados en este sumario, con el duque, Diego Torres y el expresidente
de Baleares Jaume Matas a la cabeza.
Según han desvelado fuentes del caso, en total el fiscal
Pedro Horrach pedirá entre 75 y 132 años para todos los encausados,
quienes finalmente se enfrentarán a acusaciones de malversación de
fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, fraude a la
administración, delito fiscal y blanqueo.
Las acusaciones más graves y las peticiones más altas de
cárcel serán para los dos cabecillas del Instituto Nóos. La Fiscalía,
tal y como adelantó este periódico el pasado mayo, mantiene intacta su
intención de reclamar hasta 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarin por
malversación, prevaricación, falsedad documental y tres delitos
fiscales. Diego Torres se enfrentará a una reclamación de 15 años por
los mismos cargos que el duque, aunque un delito fiscal menos. Horrach,
no obstante, valora aún si imputarle también uno más de blanqueo.
Matas, siempre según el borrador que maneja Anticorrupción,
se movería en una horquilla de cárcel de entre cinco y once años por
prevaricación, malversación y fraude a la administración. Entre las
peticiones más altas de cárcel se encontrarán también los cuñados de
Torres y contables de la trama Marco y Miguel Tejeiro. El primero con
una petición de hasta once años y el segundo hasta 17 años. La mujer del
exsocio de Urdangarin, imputada en la causa, muy probablemente jamás se
siente en el banquillo, porque la Fiscalía al final sopesa seriamente
no acusarle delito alguno.
Tres de los imputados, el exdeportista y amigo de los
duques de Palma Pepote Ballester y los exresponsables de la
administración balear Juan Alia Pino y Miguel Bonet, no pisarán la
cárcel con toda seguridad porque sus acusaciones van a ser suavizadas
considerablemente al haber colaborado activamente en la investigación.
Tampoco se enfrentará a la prisión, aunque Anticorrupción sí quiere
sentarla en el banquillo, la exdeportista Mercedes Coghen, exconsejera
de Madrid 2016, la sociedad que entregó 120.000 euros a Urdangarin por
no realizar trabajo alguno. Horrach valora acusarle exclusivamente de
prevaricación, un delito castigado con la inhabilitación, pero no con
cárcel.
El listado de futuros procesados del caso Nóos, siempre
según el borrador de Anticorrupción, incluye también por la parte de los
negocios de la fundación en Baleares al exgerente público Gonzalo
Bernal. Y por las adjudicaciones a Urdangarin en Valencia a los
exdirectivos de las administraciones de esa comunidad Jorge Velas, Elisa
Maldonado, José Manuel Aguilar, Luis Lobón y Ángeles Mallent, además
del empresario Miguel Zorío.
En el listado de procesados que prepara la Fiscalía el
nombre de Iñaki Urdangarin está ligado a las penas más altas y, según
Anticorrupción, cada día que pasa se convierte en más difícil llegar a
un acuerdo con su defensa para intentar aplicarle algún tipo de
atenuante que rebaje la pena. Una petición de cárcel, no obstante, que
Horrach en modo alguno está dispuesto a reducir a menos de 5 años, lo
que implicaría el ingreso en prisión del yerno del Rey si es condenado.
El último contacto entre los abogados del duque y la
Fiscalía en busca de un acuerdo tuvo lugar a finales del año pasado. El
entorno de Iñaki Urdangarin ofreció entregar los 6 millones de euros que
los dos socios del Instituto Nóos se llevaron en adjudicaciones de los
gobiernos valenciano y balear. El marido de la infanta, incluso, se
mostró dispuesto a pagar la parte de su exsocio. Pero la defensa del
duque propuso dar ese dinero a cambio de considerar a su cliente
totalmente inocente de cualquier delito y solo responsable a “título
lucrativo” de esas irregularidades. O sea, la misma figura jurídica que
la Fiscalía quiere para la infanta en este sumario y para la que va a
reclamar una fianza civil cercana a los 600.000 euros.
El Ministerio Público rechazó de plano la oferta de
Urdangarin e insistió en que, sea como fuere, un pacto debe pasar,
además de por devolver el dinero, por aceptar una pena de cárcel,
aceptar los delitos y mostrar arrepentimiento.
En la situación actual de la causa, a punto de concluir la
instrucción, Anticorrupción considera ya muy difícil, por no decir
imposible, aplicar “atenuantes cualificadas” que disminuyan de manera
importante las peticiones. Desde luego, pasados dos años de instrucción
judicial, las atenuantes por arrepentimiento espontáneo o colaboración
con la justicia son casi impensables, explicaron fuentes de la acusación
pública. Solo cabría ahora intentar una rebaja por reparación del daño
causado, que en cualquier caso nunca rebajaría demasiado la petición.
Y, además, las últimas sentencias de casos de corrupción de
la Audiencia Provincial han venido dando la razón a las reclamaciones
de la Fiscalía. Ese fue el caso del sumario conocido como ‘Cola Cao’, en
el que los imputados que colaboraron terminaron condenados a penas
cercanas a los cinco años, pero a los responsables autonómicos que se
negaron a acuerdos se les impusieron penas de 17.
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