PALMA DE MALLORCA.- Inmóvil, abrumadoramente inexpresiva, hierática como una efigie de la institución que representa, Cristina Federica de Borbón y Grecia, hija y hermana de Reyes de España, se sentó el lunes durante 11 horas en un banquillo junto a otras 17 personas acusadas de corrupción, según la crónica de 'El Mundo'.
Desde allí, sin apenas pestañear, con la mirada ausente y el gesto inmóvil, la Infanta y esposa de Iñaki Urdangarin, acusado de liderar una trama para desviar 6,2 millones de euros públicos con una falsa ONG, asistió a un nuevo intento del Estado y de sus dos abogados defensores particulares, Miquel Roca y Jesús María Silva, por rescatarla y librarla de la acusación de dos delitos fiscales por la que Manos Limpiassolicita que se le castigue con ocho años de prisión.
Calzada con dos botines marrones, la hermana de Felipe VI quemó de la mano de su defensa su último cartucho para librarse del juicio por el caso Nóos apelando a la llamada doctrina Botín y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manteniendo que no se le puede juzgar por un delito contra la Hacienda Pública basándose únicamente en la acusación popular que encarna Manos Limpias. La Fiscalía Anticorrupción y, muy especialmente, la Abogacía del Estado, que sí mantienen su denuncia contra su esposo por ese delito y no contra ella, volvieron a secundar su tesis con vehemencia, defendiendo que, por contra de lo que sostiene el juez instructor José Castro, el lema de Hacienda somos todos que usó el magistrado que investigó el caso Nóos para justificar que sus actos perjudican al bien común «no puede pasar del ámbito publicitario».
Fue un debate profundo, de largo alcance jurídico y que sentará un hito en la historia y la literatura judicial españolas. Tres jueces de la Audiencia Provincial de Palma, encargadas de juzgar la causa, deberán ahora decidir si la Infanta puede ser exonerada refugiándose en esa doctrina o si, por el contrario, debe seguir siendo juzgada en un proceso que congregó a más de 500 periodistas.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, como la defensa de Cristina de Borbón, consideran que la Infanta debe beneficiarse de la doctrina Botín porque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito. Esa jurisprudencia, inaugurada en 2007 para el banquero, impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman la Fiscalía y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda insiste que sólo ella lo es en este caso), aunque la acción popular sostenga la acusación. Únicamente Manos Limpias pretende la condena de la ex duquesa de Palma a ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales que su marido habría cometido a través de la sociedad familiar Aizoon.
El fiscal Pedro Horrach tomó la palabra al borde de las 12.00 horas. Su primera frase, una cita textual del republicano Manuel Azaña: «Lo que importa es tener razón, y después de tener razón, importa casi tanto saber defenderla; porque sería triste cosa que, teniendo razón, pareciese como si la hubiésemos perdido». Tras ello, señaló que su función «es defender la legalidad». Por ello, sostuvo que la acusación popular de Manos Limpias no puede llevar por sí sola a juicio a la Infanta.
El fiscal, que aportó de forma sorpresiva un nuevo informe de Hacienda favorable a la Infanta, invocó en el juicio dos sentencias que desarrollaron la doctrina Botín. Una de ellas proviene de la Audiencia de Vizcaya. «No es normal que un ciudadano de Bilbao no se siente en el banquillo y otra aquí sí», señaló, en referencia a la misma. El fiscal aseguró que en la misma situación «ninguna persona se ha sentado en el banquillo».
Así, insistió Horrach en que juzgar a la Infanta «es quebrantar la igualdad y discriminar de forma injustificada a dos ciudadanas», dijo, aludiendo de manera muy expresiva en condiciones de igualdad a la Infanta y a la esposa de Diego Torres, Ana Tejeiro, para quien también pide el archivo respecto de los delitos fiscales, aunque no de los de blanqueo.
Si fue enérgico Horrach en su defensa de la Infanta, la gran sorpresa de la jornada la protagonizó la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares. No por el posicionamiento ya conocido, sino por el tono empleado por Dolores Ripoll, quien llegó a afirmar que la frase Hacienda somos todos es sólo «publicidad».
Ese lema, afirmó, debe circunscribirse «al ámbito para el que fue creado: el de la publicidad, exclusivamente como forma de concienciación al país». La representante de la Hacienda Pública en la causa se alineaba así en una intervención cargada de intensidad con la defensa de la hermana de Felipe VI, aludiendo al auto con el que el juez Castro decidió definitivamente sentarla en el banquillo.
Castro decía que ese eslogan «fuerza a plantearse la naturaleza del delito contra la Hacienda Pública como atentado a un bien jurídico colectivo de interés general y que, por tanto, no vulnera un bien jurídico individual, que pudiera ser propio y exclusivo de la Agencia Tributaria». Se refería el juez a que la doctrina Atutxa, según su interpretación, anula la doctrina Botín en el sentido de que, cuando lo que se protege con el delito es un bien colectivo, la acción popular sí está legitimada para sostener la acusación por sí sola, aunque no lo hagan el Ministerio Fiscal ni el perjudicado.
La abogada del Estado argumentó, en la línea planteada por los defensores de la Infanta, que lo que dice la doctrina Atutxa no es eso, sino que, en realidad, se refería a delitos que, por su «peculiar naturaleza», no cuentan con un perjudicado concreto que pueda personarse en el procedimiento. Ripoll aseguró que «no existe base legal para afirmar que el delito contra la Hacienda Pública es un delito de los que, por definición, carece de perjudicado». «Es el erario público, y la Hacienda Pública estatal puede ejercer las acciones que considere pertinentes en el ejercicio de sus derechos».
Uno y otra siguieron la línea que había marcado previamente el abogado de la Infanta Cristina, Jesús María Silva, que argumentó que «la pesadilla de los grandes juristas es llegar a juicio bajo la acusación sólo de la acción popular» para defender el sobreseimiento del caso respecto de la hermana de Felipe VI. «Está en juego el significado mismo del proceso penal», razonó. En que la ciudadana Cristina de Borbón debe librarse de esa «pesadilla» coincidieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
El ex jefe de prensa de Casa Real Javier Ayuso y la montañera Edurne Pasabán están entre la veintena de nuevos testigos admitidos por el tribunal que juzga el caso Nóos, a propuesta de la defensa de Diego Torres, que se suman a los 351 que ya estaban previstos.
La directora general de Air Europa, María José Hidalgo, y el que fuera vicepresidente de Melià, Sebastián Escarrer, también están entre las nuevas testificales aceptadas por el tribunal para que declaren durante el juicio, han informado fuentes jurídicas.
El rector de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Llorenç Huguet, también declarará en esa condición, al igual que el hácker argentino Matías Bevilacqua que dijo trabajar para el CNI y tenía copias de archivos informáticos relacionados con el Instituto Nóos.
Con los nuevos testigos admitidos, la lista de los que comparecerán en el juicio de Nóos a partir del 8 de marzo superará los 370.
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