De las informaciones periodísticas, y dicho con toda prudencia, se
desprende que el caso Nóos se complica, y alarga posibles
responsabilidades a personas que por el interés institucional no sería
grato que ocurrieran.
No es temerario afirmar lo anterior en razón a la nueva imputación
que se ha efectuado en el juzgado competente contra Iñaki Urdangarin por
dos delitos de fraude fiscal, ya que se da la circunstancia de que
dichos delitos se cometieron en un alarde de ingeniería financiera a
través de una sociedad denominada Nóos cuyo capital se reparten al 50%
entre el referido imputado y su esposa, la Infanta doña Cristina.
Examinando detenidamente todas las circunstancias que establece el
Código Penal para eximir de responsabilidad criminal a un autor, no se
aprecia ninguna que sea de aplicación a la actuación de la Infanta. Pues
por muy al margen que estuviera en la práctica de las andanzas de su
marido, no cabe la menor duda que tuvo que firmar escrituras,
transferencias y declaraciones a Hacienda. Si a esto añadimos la
actuación eficiente del asesor real de las infantas, nos encontramos
ante un inevitable aprieto procesal.
Resulta comprensible que si es doloroso para la Familia Real, como
para cualquier otra familia española a la que imputen a alguno de sus
componentes, mucho más penoso y grave es que esa imputación alcance y
perjudique a una institución constitucional como es la Corona, ya que
por esa causa podemos ser perjudicados moralmente todos los españoles.
Nos encontramos ante una situación de máxima incomodidad familiar y
pública ante el pueblo español. Pero precisamente por ello el Rey y la
Reina tienen que afrontar este serio problema, pues no en vano el Rey
afirmó la necesidad de que la ley sea igual para todos.
Por eso afirmo que la Infanta debe ser encausada de dichos delitos
fiscales e imputada. Y también digo que me gustaría que, después de un
juicio oral, público y contradictorio, fuera absuelta.
La presunción de inocencia juega y debe jugar a favor de todo
ciudadano, en cuya área está incluida la Infanta, pero ello no es óbice
para mantener todo lo dicho, ya que también existe la figura de
presunción de inocencia disminuida por la fuerza brutal de los hechos.
Es sabido que la justicia, con sus torpes vaivenes, no está bien
valorada por los españoles. Sin embargo, estimo que en el presente caso
una actuación justa, lógica y garantista haría subir el aprecio hacia
este poder del Estado, entendiendo el mismo no solo como tal, sino como
servicio público a favor de los ciudadanos.
(*) Periodista
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