MADRID.- La Fiscalía no ve ningún indicio contra la Casa Real ni la infanta
Cristina en el 'caso Nóos', ya que las últimas declaraciones,
investigaciones y correos entregados por el ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, no han aportado prueba alguna que avale una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma.
Así lo han asegurado fuentes de la Fiscalía, que han afirmado también
que en el actual estado de la instrucción judicial tampoco el círculo próximo a las infantas parece estar implicado en los hechos que investiga el juez del caso Nóos, Jose Castro, sobre supuesta corrupción en las actividades del instituto sin ánimo de lucro que dirigieron Urdangarin y Torres.
Aunque la Fiscalía ve muy claro que este caso acabará en juicio, en el que se sentarán en el banquillo la mayoría de los imputados,
entre ellos Urdangarin, también considera de la misma forma que el caso
no afectará a ningún miembro más de la Familia Real, con arreglo a las
pruebas existentes en la actualidad y teniendo en cuenta que ya se
llevan dos años de investigación judicial.
En su segunda declaración judicial
el pasado sábado, Urdangarin afirmó ante el juez que la Casa del Rey no
opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba en el
Instituto Noós, sino que le recomendó que dejara de realizarlas porque
no las consideraba adecuadas para su estatus institucional y él así lo
hizo. Además, desvinculó a su mujer, la infanta Cristina, de los
negocios de esta entidad.
El caso continuará su curso normal con las diligencias que se precisen y con la declaración de algunos testigos.
También está pendiente de si finalmente es llamado a declarar como testigo el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero,
quien recientemente reiteró a través de un comunicado que no prestó
asesoramiento jurídico alguno para la constitución de la Fundación
Cultura, Deporte e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto
Noós, y precisó que sólo indicó que Iñaki Urdangarin debía limitarse a
formar parte de su consejo asesor.
El ministerio público tampoco ve indicios en el caso contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de Valencia Francisco Camps por
los pagos que se hicieron al instituto de Urdangarin y Torres por la
celebración de la Valencia Summit, que tuvo lugar en esta ciudad en los
años 2004, 2005 y 2006.
Lo que no ven claro en la Fiscalía es la necesidad de que el caso se
desgaje en dos procedimientos que lleven a dos juicios distintos, uno de ellos en Palma sobre el grueso del caso y el otro en Valencia sobre
la parte que afecta al convenio firmado por las tres cumbres de la
Valencia Summit. La Fiscalía considera más conveniente que finalmente
acabe en juicio solo en la capital balear.
En este sentido, fuentes de la Fiscalía han valorado la labor llevada
a cabo por los tribunales baleares en los casos de corrupción en los
que se ha pronunciado y que refuerzan la imagen de la independencia judicial.
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