PALMA DE MALLORCA.- La Audiencia Provincial de Baleares, en el
auto que ha dictado para dejar sin efecto la imputación de la Infanta
Cristina en el caso Nóos pero dejando las puertas abiertas a su posible
encausamiento por presunto fraude fiscal, apunta a que tanto Iñaki
Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por
ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto
Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través
de la empresa de la que ambos eran copropietarios.
De este modo, el tribunal de la Sección Segunda deja en suspenso la
imputación de la Infanta en relación a posibles delitos fiscales, por
cuanto, según recalca, el dinero que de forma presuntamente irregular
percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera
entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como
la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del
origen ilícito y delictivo" de estos fondos.
La Sala incide asimismo en que, si bien la hija del Rey Don Juan
Carlos podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a
que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta
"más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que la
Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra
la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no
pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin
ánimo de lucro.
El tribunal, que basa sus argumentaciones en un informe aportado al
caso por la Agencia Tributaria (AEAT), asevera que éste suscita "zonas
oscuras" que en estos momentos hacen "inviable emitir una opinión
fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito contra la
Hacienda Pública", de modo que insta al juez instructor José Castro a
decidir de nuevo sobre la imputación de la Duquesa de Palma respecto a
un posible fraude fiscal, no sin antes solicitar a Hacienda a que
complemente su informe.
Todo ello con el objetivo de "dar respuesta a las cuestiones
tributarias que se suscitan y también referidas a un posible blanqueo de
capitales", incide la Audiencia, precisando que el propio informe de la
AEAT reconoce que es provisional e incompleto, toda vez que "no sólo
contiene dudas en cuanto a quién ha de ser el responsable de las
irregularidades tributarias, sino que reconoce que la entidad Aizoon es
una sociedad pantalla que ha sido constituida con finalidad
defraudatoria".
Así las cosas, el tribunal asevera que si Aizoon estaba participada
al 50 por ciento por la Infanta, "no era más que una pantalla" y se
constituyó "con una finalidad defraudatoria", no se entiende que sólo
atribuya la defraudación a uno de los socios (a Urdangarin).
"No se comprende que la AEAT haya prescindido de considerar la
actuación cooperadora del socio no administrador [la Infanta] respecto
del delito contra la Hacienda Pública", añaden los magistrados,
señalando que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una
sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a
Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como
respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y
dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".
Es más, recalcan que aunque Urdangarin era el administrador de
Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser
titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que "podría
estar en condiciones de impedir la defraudación" a la hora de presentar
las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y
2008.
De acuerdo con este planteamiento, el tribunal recalca que a partir
de marzo de 2006 -cuando la Infanta dejó la junta directiva de Nóos, de
la que era vocal- o meses antes "ya debería saber que Aizoon no era una
sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para
defraudar". Así, sostiene que, como socia de la mercantil y "teniendo
posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la
sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la
situación tributaria".
"Pero no lo hizo y Aizoon recibió dinero público y privado defraudado
sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e
impuesto sobre la renta", señala.
En el marco de esta causa, los investigadores apuntan a que el Duque
"interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter
personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con
la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su
propia tributación en la declaración del IRPF.
Y es que en un extenso informe la
Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los
que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros,
utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su
propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el
objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a
las sociedades).
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