MADRID.- El anuncio de abdicación del Rey se produce solo días –o semanas
antes- de que el juez del caso Nóos, José Castro anuncie en breve que va
a sentar en el banquillo de los acusados a su hija Cristina por mucho
que la Fiscalía y Hacienda se nieguen a acusarla.
Todas las fuentes
consultadas apuntan a que el titular del Juzgado nº3 de Palma de Mallorca
está a punto de poner punto y final la instrucción que comenzó en
noviembre de 2011 y ya trabaja en la redacción de un auto de
transformación en procedimiento abreviado en el que seguirá figurando el
nombre de Cristina Federica de Borbón y Grecia.
El caso Noos, sin duda, se había convertido en la mayor pesadilla de la Casa Real desde que estallara en noviembre de 2011.
La declaración de la duquesa de Palma el pasado 8 de febrero, en la
que se parapetó en decenas de evasivas para no responder a las preguntas
más espinosas del magistrado, no ha hecho más que reafirmar la
intención de Castro de mantenerla como imputada. La mujer de Iñaki
Urdangarin aparentemente fue una roca en la mayoría de sus
contestaciones. Pero no en todas.
Cristina de Borbón, y ahí va a ser estar la clave para mantener su
imputación, admitió, al menos en dos ocasiones, saber que Aizoon, la
inmobiliaria fantasma del matrimonio que no tenía actividad alguna y
sirvió para desviar a bolsillos privados cerca de un millón de euros de
dinero público, en realidad fue una sociedad que se creó para camuflar y
tributar a un tipo menor el impuesto de sociedades el sueldo que su
esposo recibía por el asesoramiento a firmas multinacionales,
remuneración que tenía que haber declarado en su IRPF.
La hija menor de don Juan Carlos y doña Sofía, a preguntas del juez,
dijo que su marido creó «Aizoon para canalizar sus ingresos
profesionales». O sea, para facturar a la compañía «los trabajos
profesionales que él realizaba en esa época de asesoramiento,
consultoría, eventos deportivos y actos de alto nivel científico
deportivo, siempre de carácter deportivo».
Con estos mimbres, el magistrado está convencido de poder sostener
una acusación contra Cristina de Borbón como cómplice o colaboradora
necesaria en dos de los tres delitos fiscales que Anticorrupción y la
Agencia Tributaria imputan a Urdangarin, los que cometió por su IRPF en
2007 y 2008. O lo que es lo mismo, considerar a la infanta elemento
imprescindible en el engranaje que construyó su marido para defraudar a
través de Aizoon.
Según Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453 euros y en 2008 fueron
494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada
con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos
locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros. El dinero
que entraba en la empresa, siempre de acuerdo a la Agencia Tributaria,
era en realidad el sueldo que Urdangarin recibía como consejero de las
empresas Motorpress Ibérica, Aceros Bergara, Mixta África, Pernod
Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde. Y, sin embargo,
Urdangarin, pero también su socia de Aizoon, según la tesis de Castro,
endosaron esos ingresos a la inmobiliaria para pagar menos impuestos.
Todo ello a sabiendas de que en realidad eran «servicios» que prestaba
Urdangarin a empresa con «carácter personalísimo».
La idea de Castro de acusar a Cristina de Borbón como cómplice de los
dos delitos fiscales de su esposo está «muy reflexionada», explican
fuentes cercanas a la investigación. Imputarle como «cooperación
necesaria» en los otros ilícitos a los que se enfrenta Urdangarin,
malversación, prevaricación o fraude a la Administración, era una
posibilidad que ya descartó la Audiencia Provincial de Palma en la
primavera de 2013, cuando suspendió la primera declaración de Cristina
de Borbón. Entonces, la Audiencia señaló a Castro la posibilidad de
seguir investigando a la hija de los Reyes por delito fiscal o blanqueo.
Sin embargo, el instructor es consciente de que en España es casi
imposible imputar un ilícito fiscal sin que la Agencia Tributaria -en
última instancia, la víctima de ese delito- o la Fiscalía acusen. Castro
está dispuesto a que Anticorrupción o Hacienda le digan, basándose en
sus criterios técnicos, dónde o no hay delito, pero lo que no está por
aceptar es que le digan en su propio sumario quién o quiénes han
coadyuvado en ese ilícito.
Aún así el camino hasta el banquillo es largo. A Castro, una vez
terminados los interrogatorios de los testigos de Valencia y a expensas
del nuevo interrogatorio de Francisco Camps, solo le falta que la
Audiencia Provincial resuelva el recurso sobre la posible imputación por
blanqueo de Urdangarin y Diego Torres. Luego, probablemente después de
Semana Santa, dictará el auto de transformación en procedimiento
abreviado, contra el que cabrá tanto recurso de reforma ante el propio
instructor o de apelación ante la Audiencia. En ese documento, el juez
determinará quiénes de la treintena de imputados de la causa, entre los
que quiere incluir a la infanta, deben sentarse en el banquillo.
El auto de transformación va a ser recurrido, casi sin género de
dudas, por varias partes personadas, empezando por la propia defensa de
la infanta y siguiendo por la Fiscalía Anticorrupción, Así que, con toda
probabilidad, será la Audiencia Provincial de Palma la que decida si
Cristina de Borbón termina convirtiéndose en el primer miembro de la
familia real en el banquillo.
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