Llega el día en el que podríamos
conocer, por fin, una de las decisiones más esperadas. Se trata de saber
si el juez Castro mantiene o no la imputación de la infanta Cristina en
el caso Nóos, lo que sería el primer paso para sentarla en el banquillo
de los acusados una vez que el juez dicte la apertura de juicio oral,
si no prospera el recurso que el fiscal Horrach, contrario a dicha
imputación, ya tiene preparado.
Hace tres semanas que el Rey don Juan
Carlos anunció su decisión de abdicar y en ese tiempo ha culminado un
proceso que se ha llevado a cabo con una celeridad asombrosa y con el
que se pretende dar la vuelta a la baja estimación que los españoles
sienten hacia la Corona desde que estalló el escándalo de corrupción de
Iñaki Urdangarin, entre otras cosas.
La posible confirmación de la
imputación de doña Cristina, el miembro de la Familia Real que más daño
ha causado a la institución, explicaría la rapidez con la que se ha
ejecutado la alternancia en la jefatura del Estado y el viaje de la
reina doña Sofía a Ginebra para convencer a su hija de que renuncie a
los derechos dinásticos que se ha empeñado en conservar y evitar así que
su situación procesal perjudique a su hermano, el nuevo Rey Felipe VI.
Esta tesis es la que adelantaba en republica.com José Oneto en su artículo “Imputación de una Infanta y derechos dinásticos”,
en el que recordaba que “hasta ahora, y a pesar de las presiones de la
Zarzuela, la infanta Cristina se ha negado a renunciar a esos derechos,
que en la actualidad, son puramente simbólicos. Ella ha defendido a su
esposo por encima de todo, y no ha querido hablar de separación
matrimonial, convencida de que se ha cometido una injusticia tanto con
él como contra ella misma, que acusa a su hermano de haber sido uno de
los impulsores del alejamiento familiar que se ha producido desde hace
más de un año”.
Pero, a partir de este miércoles, el ‘caso Nóos’ que instruye José Castro puede imprimir un giro significativo a la relación de la infanta con su familia, de la que ya se encuentra apartada al igual que su hermana, si se confirma la previsión de que el juez la acuse de blanqueo de capitales y de cooperación para dos delitos fiscales. Su marido, desde el epicentro del escándalo, trata de salvarla in extremis
pero sin desistir de la tozudez con la que hasta ahora se ha negado a
aceptar su responsabilidad en los delitos que van a acabar salpicando a
su mujer. Una vez que se ha producido el relevo en la Monarquía, Castro
tiene las manos libres para confirmar su imputación y esto es lo que
habría provocado que doña Sofía tome la iniciativa para aislar al nuevo monarca del escándalo.
El auto que Castro tiene preparado desde hace tiempo y que no ha dado
a conocer a la espera de completar algunas diligencias solicitadas por
las partes y para no interferir en la proclamación de Felipe VI,
imputaría a la infanta Cristina por blanqueo y por cooperación en los
dos delitos fiscales cometidos por Iñaki Urdangarin en 2007 y 2008, según publicaba este lunes el diario El Mundo. Estos delitos podrían suponer hasta once años de cárcel de ser declarada culpable,
al acumular seis años como máximo por blanqueo de capitales y cinco en
el peor de los casos por cooperar en la comisión de un delito contra la
Hacienda Pública.
Del delito fiscal a la ‘cooperación’ en delito fiscal
La
acusación del juez se sustenta en que la infanta era copropietaria al
50% de Aizoon y que, por tanto, ella permitió que se tributara a través
de la empresa pantalla montada por el duque de Palma para desviar los
fondos captados por el Instituto Nóos. Además, habría participado en el
blanqueo de esos fondos al haber cargado gastos particulares a la
empresa. La hermana del actual monarca podría librarse si prospera el
recurso del fiscal, lo que entraña el riesgo de que la misma Audiencia
Provincial de Palma que señaló a Castro el camino de los delitos
fiscales lo tumbe, o si su marido decide autoinculparse y exonerarla. De hecho, el juez ha pasado de atribuirle un delito fiscal a imputarle solo cooperación en esos delitos, en los que se habría defraudado 182.000 euros en 2007 y 155.000 en 2008.
Urdangarin, mientras tanto, se resiste a asumir la responsabilidad de
esos delitos y prefiere ir a juicio para defenderse, pese a que un
pacto con la Fiscalía hubiera propiciado una rebaja de las penas a las
que se enfrenta. La estrategia del duque para ayudar a su mujer es otra:
minimizar el delito tributario, saldando las deudas que le exige
Hacienda. En esa línea, ha planteado directamente al fiscal que le retire o le reduzca al mínimo la posible pena por fraude fiscal si efectúa el depósito de la cantidad que Hacienda le reclama, más de 337.000 euros.
Hacer esto supondría admitir que ha cometido una irregularidad, en
contra de la postura que ha mantenido siempre consistente en proclamar
su absoluta inocencia. Pero, si el fiscal le retira la acusación de
delito fiscal, tampoco se podría acusar de este delito a su mujer, que
evitaría enfrentarse a un juicio. Ahora bien, la fiscalía Anticorrupción
ya le ha comunicado que no se va a aceptar esta propuesta. El fiscal,
con independencia de que pague o no los impuestos que en su momento no
abonó, mantendrá su acusación, lo que no supone que cuando llegue el día
del juicio, pueda valorar alguna atenuante, como podría ser la de reparación del daño.
La argumentación exculpatoria del duque
Es decir, el fiscal no da por buena la argumentación que el propio
Urdangarin le ha facilitado en dos escritos exculpatorios para
justificar la salida que propone. El duque facturó sus trabajos
profesionales para una serie de empresas privadas a través de Aizoon y
la Agencia Tributaria sostiene que ese dinero se debió tributar como sueldo personal y no como ingreso empresarial. En sus escritos, el imputado admite que eso es cierto pero alega que las empresas que le contrataban estaban obligadas a retener unas determinadas cantidades y no lo hicieron.
Es más, aporta un cálculo según el cual, restando estas retenciones, la
cuota defraudada no alcanzaría la categoría de delito y sólo se podría
hablar de irregularidad tributaria.
En cualquier caso, el juez Castro parece decidido a juzgar no solo a
Iñaki Urdangarin sino también a la infanta Cristina. La hija del rey
Juan Carlos, y hermana menor de Felipe VI ya fue interrogada el pasado mes de febrero en Palma por
los gastos realizados con dinero proveniente de la sociedad patrimonial
Aizoon que justificarían, a criterio del juez y de la acusación popular
ejercida por Manos Limpias, la comisión de los dos delitos que pesan
sobre ella. Los abogados de la Infanta no recurrieron la imputación de su clienta y, por lo tanto, mantiene la condición de imputada en la causa.
Lo más probable es que de la lista de más de treinta personas que han
desfilado por el juzgado de José Castro se caiga finalmente la mitad,
aunque no parece que la criba vaya a afectar a los otros principales
querellados, el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y la mujer de este último, Ana María Tejeiro.
El auto que seguramente dictará el juez este miércoles
-“previsiblemente” dijo el propio Castro el pasado lunes- es recurrible
en reforma y/o subsidiario de apelación, es decir, la decisión final
sobre todos los imputados, incluida la Infanta, la tendrá la Audiencia
de Palma. Se espera que tanto la Fiscalía Anticorrupción (Pedro Horrach) como la Abogacía del Estado (Dolores Ripoll) y la propia defensa de la infanta Cristina, recurran la resolución del juez.
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