MADRID.- La Casa del Rey ha expresado su "pleno respeto a la independencia del
poder judicial" tras conocer el auto por el que el juez José Castro
mantiene la imputación contra la Infanta Cristina por presunto blanqueo
de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales
presuntamente cometidos por su marido.
Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha indicado esta misma mañana que la institución no tenía nada más que decir en relación con el auto más allá de manifestar su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
Se trata de la primera vez que la Casa del Rey se refiere a la "independencia" del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.
Hasta en tres ocasiones la Casa del Rey ha hecho un comunicado en reacción a un auto del juez que investiga el caso 'Nóos' sobre la presunta malversación de fondos públicos por parte del duque de Palma y su exsocio Diego Torres, desde que el magistrado amplió su radio de acción hasta alcanzar a la Infanta.
En abril de 2013, cuando Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión. Eso sí, no olvidó manifestar su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces.
Meses después, en enero de este año, la Casa del Rey tuvo una reacción más comedida y se limitó a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
Y eso que la imputación de la Infanta suponía prolongar la instrucción del sumario, que es justo lo que no quería la institución, consciente del daño que suponía que este tema estuviera repicando "día tras día", como reconoció el entonces jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.
Aunque la Infanta Cristina sigue siendo hermana del Rey Felipe VI, ya no forma parte de la Familia Real, que ha quedado limitada a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.
De hecho, la hermana menor de Felipe VI no estuvo presente ni en la firma solemne de la ley de abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I, ni en los actos de proclamación de su hermano.
La Infanta Cristina, que ayer estaba en Ginebra, recibió el lunes una visita relámpago, de apenas 24 horas, de su madre, la Reina Sofía, quien ayer martes regresó a Madrid.
Con la decisión de este miércoles, el juez Castro abre la vía para que la duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados. Contra esta resolución cabe interponer tanto recurso de reforma --ante el propio Juzgado-- como de apelación, directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares.
Castro considera a la Infanta Cristina cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma --como rendimientos de actividades económicas-- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.
Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.
Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo. En su auto, el juez también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado.
Un portavoz del Palacio de la Zarzuela ha indicado esta misma mañana que la institución no tenía nada más que decir en relación con el auto más allá de manifestar su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".
Se trata de la primera vez que la Casa del Rey se refiere a la "independencia" del poder judicial en una reacción oficial a la actuación del magistrado José Castro.
Hasta en tres ocasiones la Casa del Rey ha hecho un comunicado en reacción a un auto del juez que investiga el caso 'Nóos' sobre la presunta malversación de fondos públicos por parte del duque de Palma y su exsocio Diego Torres, desde que el magistrado amplió su radio de acción hasta alcanzar a la Infanta.
En abril de 2013, cuando Castro decidió llamar a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada por presunta complicidad con su esposo, Zarzuela expresó su "sorpresa" y se quejó de haberse enterado por los medios de comunicación de la decisión. Eso sí, no olvidó manifestar su "máximo respeto" por las decisiones de los jueces.
Meses después, en enero de este año, la Casa del Rey tuvo una reacción más comedida y se limitó a expresar su "respeto a las decisiones judiciales" cuando el juez Castro imputó a la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales.
Y eso que la imputación de la Infanta suponía prolongar la instrucción del sumario, que es justo lo que no quería la institución, consciente del daño que suponía que este tema estuviera repicando "día tras día", como reconoció el entonces jefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno.
Aunque la Infanta Cristina sigue siendo hermana del Rey Felipe VI, ya no forma parte de la Familia Real, que ha quedado limitada a los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía.
De hecho, la hermana menor de Felipe VI no estuvo presente ni en la firma solemne de la ley de abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I, ni en los actos de proclamación de su hermano.
La Infanta Cristina, que ayer estaba en Ginebra, recibió el lunes una visita relámpago, de apenas 24 horas, de su madre, la Reina Sofía, quien ayer martes regresó a Madrid.
Con la decisión de este miércoles, el juez Castro abre la vía para que la duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados. Contra esta resolución cabe interponer tanto recurso de reforma --ante el propio Juzgado-- como de apelación, directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares.
Castro considera a la Infanta Cristina cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma --como rendimientos de actividades económicas-- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.
Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.
Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.
En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo. En su auto, el juez también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado.
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