MADRID.- La Casa del Rey publica desde 2011 un desglose
parcial de la asignación anual que recibe específicamente de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que en los últimos años se ha
situado en torno a los ochos millones de euros.
Esta partida no incluye los gastos que genera la institución y que
asumen otros Ministerios, como el sueldo base de los policías y
guardias civiles que realizan funciones de seguridad para la Casa Real,
los vehículos oficiales, o los gastos de luz y calefacción de las
residencias de los Reyes y los Príncipes en el complejo de la Zarzuela,
por poner algunos ejemplos.
En algunos ejercicios, la ley de Presupuestos Generales del Estado
ha especificado algunas de estas partidas asumidas por los
departamentos ministeriales, pero no todas. En 2012, por ejemplo, las
cuentas de Presidencia del Gobierno incluían una partida para 'servicios
a la Corona y actos de Estado' que ascendía a 9,58 millones y otra de
6,158 millones de apoyo a la gestión de la Jefatura del Estado.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha
anunciado hoy la disposición del Ejecutivo de someter al control de la
futura Ley de Transparencia esos gastos que genera la institución pero
que asumen diferentes departamentos ministeriales.
Sin embargo, también ha precisado que la inclusión de la Casa del
Rey en la Ley de Transparencia deberá ajustarse a lo que establece la
propia Constitución, cuyo artículo 65 señala que el Rey "recibe de los
Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su
Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
De esa cantidad, que este año se situó en los 7,9 millones de
euros, salen los sueldos del Rey y el Príncipe que el Palacio de la
Zarzuela sí ha hecho públicos. En 2013, el monarca ganará lo mismo que
en 2011, 292.752 euros brutos al año y el Príncipe, exactamente la mitad
(146.375,50 euros), cantidades a las que Hacienda aplica una retención
mínima del 40 y del 37 por ciento, respectivamente.
Zarzuela no detalla en cambio cuánto dinero reciben la Reina, la
Princesa de Asturias o la Infanta Elena, sino que ofrece la cantidad
global que el Rey reparte entre las tres en función del número de actos
oficiales en los que participan. Este año esa cantidad a repartir
ascenderá a un máximo de 260.000 euros.
Las retribuciones directas de los miembros de la Familia Real
apenas suponen el nueve por ciento del total de la asignación que Don
Juan Carlos recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado.
El grueso de esta partida, casi la mitad, se destina a sufragar los
gastos de personal que trabaja para la institución.
Esto es, las nóminas de altos cargos, funcionarios, personal
laboral y de confianza que cobran exclusivamente de la Casa --unas 20
personas-- como los incentivos que perciben estos y otros 353 empleados
cuyo sueldo base pagan otros Ministerios pero que realizan labores para
la Casa (personal de seguridad, chóferes, jardineros...).
La partida destinada al pago de estos incentivos asciende en 2013 a
2,65 millones de euros, si bien Zarzuela no ha entrado en más detalles
sobre qué complementos salariales percibe cada empleado.
Según la Casa del Rey, estos incentivos están destinados a
retribuir el "excepcional rendimiento, la actividad y dedicación
extraordinaria, el interés o iniciativa con que desempeñen sus
funciones, o bien servicios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo" del personal que trabaja para la institución.
Otro 40 por ciento de la asignación que el Rey percibe anualmente
de los Presupuestos del Estado se destina, según el desglose de
Zarzuela, a gastos corrientes en bienes y servicios, lo que incluye
contratos con empresas, mantenimiento de oficinas, y gastos del personal
en comisión de servicio. En 2013, para este capítulo hay presupuestados
3,2 millones de euros.
También entra dentro de este montante el coste de almuerzos,
recepciones y regalos ofrecidos por la Familia Real que no cubren otros
Ministerios, para lo que se han previsto este 2013 un total de 1,032
millones de euros.
Dentro del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios,
este año existe una partida de 1,78 millones de euros destinado, según
el desglose que ofreció la Casa del Rey en enero pasado, a cubrir gastos
de material de oficina (incluido prensa, revistas, material informático
no inventariable), comunicaciones, seguros, y contratos con empresas de
servicios (asesorías técnicas, fotografía, de noticias, asistencia
técnica...).
El desglose de sus cuentas que ofrece Zarzuela incluye otros dos
capítulos de gasto, el Fondo de Contingencia, dotado en 2013 de 96.582
euros, que se destina a atender a necesidades extraordinarias no
previstas, y el de Inversiones reales, que asciende este año a 50.000
euros y que comprende la adquisición de equipos de oficina y licencias
plurianuales de desarrollos de software, entre otros.
Se someterán a la Ley de Transparencia los gastos de la
Casa del Rey que asumen otros Ministerios
El Gobierno someterá al control de la futura Ley de Transparencia
los gastos de la Casa del Rey que asumen otros Ministerios, según ha
avanzado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha
explicado que en aquellas actuaciones de la Casa en las que participe
una administración pública el régimen de transparencia que se aplicará
será el propio que rija para esa administración.
Y ha puesto como ejemplo aquellas "partidas o servicios de la Casa que se prestan por la propia Administración". Desde 2011, la Casa del Rey hace público un desglose de una parte de la partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado (en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años), pero no informa sobre los gastos que asumen otros Ministerios, a los que hoy se ha referido la portavoz del Gobierno.
En otras cuestiones, ha añadido, se buscará un "tratamiento específico similar" al de otros órganos constitucionales del Estado, que, como la Casa del Rey, al no ser administraciones públicas no están sujetas al derecho administrativo en todas sus actuaciones.
Sin concretar qué tipo de gastos o de información relativa a la institución quedarán fuera del alcance de la ley, la vicepresidenta ha señalado que el sometimiento de la Casa del Rey a la futura norma tendrá que ajustarse a lo que señala el Título II de la Constitución, cuyo artículo 65 estipula que el Rey "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
El Palacio de La Zarzuela ha revelado hoy que desde hace más de dos meses mantiene conversaciones con el Gobierno para incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, una iniciativa que partió de la propia institución.
Sáenz de Santamaría ha explicado sin embargo que la inclusión de la Casa del Rey en la futura norma surge tras el acuerdo que alcanzaron a finales de febrero los grupos parlamentarios en el Congreso para incluir en la ley a aquellas "entidades e instituciones que se financien esencialmente a través de dinero público".
Aunque el texto no mencionaba expresamente a la Jefatura del Estado, se interpretó como que abría la puerta a la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia. Desde el PP se recordaba entonces que la parte de la asignación presupuestaria que recibe el Rey de cuerdo con la Constitución está blindada y su administración corresponde al Monarca y no al Ejecutivo.
Según la vicepresidenta, ese acuerdo al que llegaron los grupos tras el Debate sobre el Estado de la Nación fue visto con "muy buenos ojos" por parte de Zarzuela.
Fue a raíz de ese acuerdo, ha insistido, cuando desde Vicepresidencia del Gobierno se iniciaron unos contactos con la Casa, "que manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a esa Ley de Transparencia".
Ambas partes llevan "aproximadamente dos meses trabajando muy activamente" para llevar a cabo esa inclusión y sometimiento de la Casa del Rey a la Ley de Transparencia, "con particularidades por cuanto no es una administración pública, sino una institución del Estado", ha añadido.
La vicepresidenta ha avanzado que su inclusión en la ley se hará "con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, órganos constitucionales, que tampoco son administraciones públicas y por tanto no están sujetas al derecho administrativo.
Esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, encargado de las negociaciones, va a ponerse en contacto con las distintas fuerzas parlamentarias, empezando por el principal partido de la oposición, "para dar cuenta de cómo puede abordarse el asunto", ha agregado.
Y ha puesto como ejemplo aquellas "partidas o servicios de la Casa que se prestan por la propia Administración". Desde 2011, la Casa del Rey hace público un desglose de una parte de la partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado (en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años), pero no informa sobre los gastos que asumen otros Ministerios, a los que hoy se ha referido la portavoz del Gobierno.
En otras cuestiones, ha añadido, se buscará un "tratamiento específico similar" al de otros órganos constitucionales del Estado, que, como la Casa del Rey, al no ser administraciones públicas no están sujetas al derecho administrativo en todas sus actuaciones.
Sin concretar qué tipo de gastos o de información relativa a la institución quedarán fuera del alcance de la ley, la vicepresidenta ha señalado que el sometimiento de la Casa del Rey a la futura norma tendrá que ajustarse a lo que señala el Título II de la Constitución, cuyo artículo 65 estipula que el Rey "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
El Palacio de La Zarzuela ha revelado hoy que desde hace más de dos meses mantiene conversaciones con el Gobierno para incluir a la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, una iniciativa que partió de la propia institución.
Sáenz de Santamaría ha explicado sin embargo que la inclusión de la Casa del Rey en la futura norma surge tras el acuerdo que alcanzaron a finales de febrero los grupos parlamentarios en el Congreso para incluir en la ley a aquellas "entidades e instituciones que se financien esencialmente a través de dinero público".
Aunque el texto no mencionaba expresamente a la Jefatura del Estado, se interpretó como que abría la puerta a la inclusión de la Corona en la Ley de Transparencia. Desde el PP se recordaba entonces que la parte de la asignación presupuestaria que recibe el Rey de cuerdo con la Constitución está blindada y su administración corresponde al Monarca y no al Ejecutivo.
Según la vicepresidenta, ese acuerdo al que llegaron los grupos tras el Debate sobre el Estado de la Nación fue visto con "muy buenos ojos" por parte de Zarzuela.
Fue a raíz de ese acuerdo, ha insistido, cuando desde Vicepresidencia del Gobierno se iniciaron unos contactos con la Casa, "que manifestó desde el primer momento su voluntad de encontrar la fórmula de someterse a esa Ley de Transparencia".
Ambas partes llevan "aproximadamente dos meses trabajando muy activamente" para llevar a cabo esa inclusión y sometimiento de la Casa del Rey a la Ley de Transparencia, "con particularidades por cuanto no es una administración pública, sino una institución del Estado", ha añadido.
La vicepresidenta ha avanzado que su inclusión en la ley se hará "con un tratamiento equivalente" al que tendrán otras instituciones del Estado, órganos constitucionales, que tampoco son administraciones públicas y por tanto no están sujetas al derecho administrativo.
Esta semana el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, encargado de las negociaciones, va a ponerse en contacto con las distintas fuerzas parlamentarias, empezando por el principal partido de la oposición, "para dar cuenta de cómo puede abordarse el asunto", ha agregado.
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