MADRID.- La Casa del Rey trasladó al Gobierno su
"deseo" de ser incluida en la futura Ley de Transparencia por lo que
desde hace "más de dos meses" existen conversaciones entre el personal
de Zarzuela y representantes del Gobierno sobre el alcance de este
control, ha informado hoy un portavoz de la Casa.
Es
decir, la iniciativa de que la Casa del Rey se someta a la futura ley
de Transparencia partió del propio Palacio de la Zarzuela, según la
misma fuente.
La Casa del Rey nunca se ha manifestado en contra
de someterse a este control si bien públicamente, cuando se le
preguntaba acerca de este tema, se limitaba a señalar que se trataba de
una decisión que estaba en manos del Parlamento.
Hasta dónde
llegará el control de la norma futura es algo que tendrán que acordar
las fuerzas políticas, ha añadido el portavoz, que no ha especificado si
la Casa ha hecho propuestas en este sentido sobre qué asuntos deberían
quedar regulados por la ley y cuáles no.
El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio el
proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y
buen Gobierno, una norma con la que el Ejecutivo pretende que los
ciudadanos tengan un mayor control sobre cómo se manejan los fondos
públicos. También reforzará la responsabilidad de los gestores públicos
en el uso de los recursos.
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado públicamente que esta ley
"contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las
instituciones" y a "mejorar" la calidad de la democracia.
La
Ley de Transparencia se encuentra en este momento en trámite
parlamentario en el Congreso de los Diputados. Desde hace un par de
meses, varios expertos han desfilado por la Comisión Constitucional del
Congreso para realizar sus aportaciones sobre cómo mejorar esta norma.
De hecho, el próximo 10 de abril habrá más comparecencias de expertos,
en mayo se abrirá el plazo de enmiendas y se prevé que antes del verano
la norma sea aprobada en el Congreso de los Diputados y remitida al
Senado.
Algunas formaciones como Izquierda Unida, ERC o UPyD
han exigido con más ahínco, al hilo de las últimas noticias sobre la
princesa Corinna o la herencia del Rey, que la Casa Real se someta a la
Ley de Transparencia.
El secretario general del
Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, garantizó
que las partidas administrativas de la Casa del Rey estarán sometidas a
la Ley de Transparencia, es decir, que se podrán conocer, por ejemplo,
los contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que
dependen de distintos departamentos ministeriales.
También
adelantó que lo que sí quedará fuera de la futura norma será el reparto
que hace el monarca de la asignación presupuestaria que recibe
anualmente para el mantenimiento de su familia y de la institución, que
está blindada en la Constitución.
No obstante desde 2011, la
Casa del Rey, de manera voluntaria, hace público un desglose de la
partida que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado
(en torno a unos ochos millones de euros en los últimos años) detallando
el montante de los sueldos del Rey y del Príncipe, entre otros
elementos.
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