MADRID.- El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pidió
este miércoles al juez que instruye el 'caso Nóos', José Castro, una
fianza de casi 8,2 millones de euros para el Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, y para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, con el
fin de cubrir las presuntas responsabilidades civiles de las que sean
condenados, según han confirmado fuentes fiscales.
Concretamente, han detallado que sería la cantidad que la Fiscalía
considera que podrían haber obtenido ilícitamente, tanto de Baleares,
como de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, han indicado
que, en caso de que el juez no acepta esta cantidad, la Fiscalía
propondrá a Castro que la fianza se fije en seis millones de euros de
forma solidaria, que la deberían abonar entre los dos y que es la
cantidad que está sin justificar.
Además, las citadas fuentes
han revelado que dependiendo del contenido de un informe de la Agencia
Tributaria que tiene que llegar de Barcelona, la Fiscalía Anticorrupción
no se descarta volver a pedir al juez Castro que vuelva a llamar a
declarar a Urdangarin y a su socio para aclarar elementos nuevos que
puedan ser hallados en el citado informe.
Cabe recordar que los
investigadores apuntan que Urdangarin y Torres encabezaron una trama a
través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos
públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental,
prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales
públicos son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma
Arena.
Las acusaciones consideran a ambos encausados
responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al
frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados
que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente
desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y
posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado
societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos
de empresas controladas por los dos imputados.
Todo ello a
través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores:
Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es
copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu,
Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management,
empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al
propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y
la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de
entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Cabe
destacar que la acusación popular representada por el Colectivo de
Funcionarios Públicos Manos Limpias solicitó en su día al juez Castro
que fijara una fianza de cuatro millones de euros en concepto de
responsabilidad civil para Iñaki Urdangarin, imputado en el presunto
fraude del Insituto Nóos.
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