MADRID.- José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor jurídico del
Rey, recibió en julio de 2005 el encargo de La Zarzuela de revisar la
fórmula jurídica del Instituto Nóos y las actividades empresariales de
Iñaki Urdangarin, según develó el propio Romero en un comunicado
difundido por la Casa Real.
El abogado negó además que asesorara al
duque de Palma para crear la Fundación Cultura, Deporte e Integración
Social, la entidad que, según las investigaciones judiciales, utilizó el
yerno del Rey para vaciar Nóos y evadir centenares de miles de euros a
paraísos fiscales. Según el consejero, él se limitó a informar al duque
de la marcha de los trámites para inscribir la entidad en el registro
del Ministerio de Cultura.
El conde de Fontao ha querido salir así al paso de las
interpretaciones sobre su papel en el 'caso Nóos' surgidas de la
publicación por parte de la defensa de Diego Torres, socio de
Urdangarin, del intercambio de correos electrónicos entre el duque y el
asesor del Rey, que revelan la sintonía entre ambos. Romero explica en
el comunicado que, tras «revisar» la situación jurídica de Nóos,
concluyó que su fórmula de asociación «no era correcta» porque
desempeñaba actividades mercantiles.
Aconsejó, por tanto, al duque de
Palma que si la fundación quería persistir en la actividad mercantil,
debía canalizarla a través de una sociedad 'ad hoc' «sin participación
del señor Urdangarin». Con respecto a las actividades de fomento del
deporte que tenía entre sus fines Nóos, deberían llevarse a cabo
mediante «la constitución de una fundación privada».
Areté, como Nóos
Urdangarin y Torres, según el conde de Fontao, crearon en
mayo de 2006, y «sin contar» con él, la fundación Areté, que no era
«sino una reproducción del esquema existente en el Instituto Nóos». En
consecuencia, Romero informó al yerno del Rey que esa fórmula «no era
aceptable» para La Zarzuela y aconsejó su disolución. «Con tal fin
Romero asumió su Presidencia durante un mes hasta su extinción», precisa
el conde de Fontao hablando de sí mismo en tercera persona.
Fundación Cultura, Deporte e Integración Social se
constituyó en diciembre de 2006, y Urdangarin siguió sus consejos y no
formó parte del órgano de gobierno, según el abogado, que insiste en que
él no desempeñó en ningún caso una función de «asesoramiento jurídico»
de las tres entidades bajo sospecha. De ser así, los delitos que pudiera
determinar el juez no serían en principio imputables al conde de
Fontao, sino a Urdangarin y Torres por utilizar una organización sin
fines de lucro y con encomiables objetivos sociales para sus negocios
particulares.
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