PALMA DE MALLORCA.- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha
solicitado este jueves ante el juez instructor del caso Nóos, José
Castro, la citación como testigos del asesor externo de la Casa Real y
Conde de Fontao, José Manuel Romero, así como del vicesecretario general
de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, según han
informado fuentes de la investigación.
El
representante del Ministerio Público ha presentado un escrito ante el
Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma en el que, además de la
declaración de González Pons y Romero, pide la comparecencia de una
treintena de personas más, con el objetivo de encauzar la recta final de
la instrucción de la causa. Entre ellas no se encuentran ni el
expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ni la
alcaldesa de la capital levantina, Rita Barberá, tal y como han indicado
las mismas fuentes.
En concreto, la solicitud relativa a
Romero proviene de las afirmaciones arrojadas ante el juez, el pasado 16
de febrero, por Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin, así como de la numerosa documentación aportada por el
imputado, de las que se deriva que Romero habría recomendado al marido
de la Infanta Cristina guardar las apariencias si seguía con los
negocios tras abandonar el Instituto Nóos por orden del Rey Don Juan
Carlos.
De hecho, en uno de los emails entregados por Torres
al juez, el Duque solicitaba la
colaboración de Romero a la hora de dar impulso a la Fundación Deporte,
Cultura e Integración Social (FDCIS), considerada sucesora de Nóos y
constituida en diciembre de 2006, cuando habían pasado ocho meses de la
teórica desvinculación del Duque de sus negocios después de que así se
lo ordenase el Rey.
Es más, en otro correo Urdangarin
transmitía a Torres haber informado a Romero del arranque de la
Fundación y haberle solicitado su colaboración "para hacer crecer este
proyecto a nivel de mecenazgo como de asesor".
No obstante, el
abogado negó, en un comunicado haber prestado "asesoramiento jurídico"
en los trámites de constitución de la FDCIS más allá de haber aconsejado
a Urdangarin que si quería estar vinculado a ella se limitara a ser
miembro de su consejo asesor, nunca de su órgano de gobierno.
Romero sostenía así que su intervención en relación a los negocios del
Duque se limitó básicamente a aconsejarle que hiciera una separación
"entre las actividades mercantiles y las relativas al fomento social del
deporte", disolviera la Fundación Areté que creó con Torres en 2006 al
ser una "reproducción" del esquema de Nóos y se limitara a figurar como
miembro del consejo asesor en la FDCIS.
En el caso de González
Pons, el dirigente 'popular' ya fue citado a declarar por el juez en
mayo del pasado año, si bien finalmente su comparecencia fue suspendida y
quedó pendiente de nueva fecha. En concreto, los investigadores quieren
interrogarle en torno al convenio de 23 de diciembre de 2005 con el
Instituto Nóos, en virtud del cual esta entidad se comprometía a
colaborar en la preparación de la candidatura de la Comunidad Autónoma
como sede de la I edición de unos Juegos Europeos que nunca llegaron a
celebrarse.
En concreto, en el convenio aparecen
plasmadas las firmas de González Pons en calidad de consejero delegado
de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la
Comunidad Valenciana, del exvicepresidente de la Generalitat Víctor
Campos y de Torres. El acuerdo contemplaba el pago de seis millones de
euros en favor de la entidad presidida entonces por Urdangarin, si bien
finalmente acabó percibiendo, a través de la Presidencia de la
Generalitat, 382.203 euros por un evento inexistente.
Y es que,
tal y como rezaba el convenio suscrito con Nóos por la Generalitat, los
objetivos del mismo pasaban por el diseño de "un gran evento
polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya
primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y
proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como
referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado
genéricamente Juegos Europeos.
Sin embargo, nada de lo que
contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de
asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países,
confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del
proyecto en foros internacionales-.
Recientemente, el juez
instructor del caso Nóos admitió la personación de la Generalitat
Valenciana en calidad de actora civil, de forma que, si bien no ejercerá
acciones penales contra los imputados de la causa, sí podrá reclamar
las cantidades que supuestamente fueron malversadas por el Instituto
Nóos en virtud del convenio rubricado.
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